Ningún presidente del Consejo de Estado ha visto cuestionado su nombramiento en 40 años de democracia hasta Valerio

La decisión del Tribunal Supremo, este jueves, de anular el nombramiento de un presidente o presidenta del Consejo de Estado no tiene precedentes. Desde 1980 la institución que elabora dictámenes jurídicos no vinculantes a petición del Gobierno ha tenido ocho presidentes, todos ellos nombrados por el Consejo de Ministros. Primero la Unión de Centro Democrático (UCD) y luego el PP y el PSOE se han sucedido en la designación de los juristas más o menos afines en cada caso que han creído idóneos. Lo que no había ocurrido hasta ahora es que alguno de esas designaciones fuera recurrida ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, que, por tanto, no había anulado nunca la elección.

En el caso del nombramiento de Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo de 2018 a 2020, el recurso partió de la fundación Hay Derecho. Al resolverlo ahora, la sentencia del Supremo establece una diferenciación entre idoneidad y prestigio, y entiende que puede concurrir una sin que se dé la otra. De ahí que la Sala de lo Contencioso no discuta que la designación recayera sobre una persona que el Gobierno y luego el Parlamento consideraron que reunía el primero de dichos requisitos. Los jueces se han centrado, en cambio, en la segunda condición, la del prestigio jurídico, para estimar que la designada no lo reunía. Y todo ello tras argumentar que cuando la ley exige ambos requisitos lo hace para que tengan que cumplirse ambos, de modo que la ausencia de uno de ellos es suficiente para cuestionar que se cumplan las exigencias legales para acceder al cargo.

Al establecer este tipo de valoraciones, la sentencia del Supremo ha abierto un amplio debate tanto en el ámbito político como en medios jurídicos. Quienes comparten el criterio de la resolución dictada mencionan precedentes para cuestionar la política de nombramientos para altos cargos seguida en los últimos años, con datos como la presencia de varios exministros entre los elegidos. Pero en los mismos medios no solo se cuestionan las decisiones del Gobierno de la última legislatura, compuesto por la coalición entre el PSOE y Podemos, sino por los que estuvieron en manos del PP, presididos por José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes siempre eligieron a personas de su máxima confianza para determinados altos cargos, como la dirección de la Fiscalía General del Estado. El Consejo de Estado, en cambio, había permanecido hasta ahora apartado de este tipo de polémicas.

Las fuentes consultadas destacaron que sin establecer comparaciones entre expresidentes del Consejo de Estado el común denominador de todos ellos es que en su día fueron elegidos tomando en consideración no solo su trayectoria como juristas, sino su perfil en sentido amplio, también desde el punto de vista ideológico. Presidentes del máximo órgano consultivo del Gobierno fueron Íñigo Cavero —en el cargo desde 1996 hasta 2002—, después de haber sido diputado y ministro de Justicia con UCD—, y José Manuel Romay —entre 2003 y 2004 y luego entre 2012 y 2018—, habiendo sido diputado del PP y ministro de Sanidad con el PP.

En medios del Tribunal Supremo se defiende el prestigio de ambos, como sucede con Fernando Ledesma, que también presidió el Consejo de Estado —entre 1991 y 1996— tras haber sido asimismo ministro de Justicia con el PSOE, Tomás de la Quadra-Salcedo —que presidió el órgano consultivo entre 1991 y 1996—, tras haber sido asimismo ministro de Justicia, o María Teresa Fernández de la Vega —entre 2018 y 2022— tras haber sido vicepresidenta del Gobierno, y que en el ámbito judicial —al que se incorporó como jurista de prestigio, antes de iniciar su carrera política— y como exsecretaria judicial, procedía de lo social o laboral, al igual que Magdalena Valerio, letrada de la Seguridad Social.

Tampoco se discutieron la idoneidad ni el prestigio de los otros dos presidentes que ha tenido el Consejo de Estado en democracia, que fueron Antonio Jiménez Blanco —presidente de esta institución entre 1980 y 1982—, tras haber sido senador de UCD, y Francisco Rubio Llorente —cuyo mandato fue de 2004 a 2011—, tras haber sido vicepresidente del Constitucional, al que accedió a propuesta del PSOE, que luego le nombró para dirigir el órgano consultivo. Menos aún fue discutido el nombramiento de Antonio Hernández-Gil —cuyo mandato fue de 1982 a 1985— tras haber sido presidente de las Cortes constituyentes, nombrado para este cargo —y como senador— por el rey Juan Carlos en 1977. Todos estos nombramientos, en suma, fueron pacíficos y no generaron recursos para anular designaciones. Ello explica que la sentencia del Supremo esté siendo ahora especialmente controvertida, si la consecuencia de esta resolución fuese que el alto tribunal Supremo pueda haberse convertido en un órgano de control del prestigio de altos cargos, limitando las facultades del Gobierno para los nombramientos que le corresponden.