El Consejo de Estado considera excesivas las veces que el Gobierno le exige dictámenes urgentes

El Consejo de Estado considera que el Gobierno recurre con exceso a la petición de dictámenes con carácter de urgencia y advierte de que no hay que abusar de esta vía de tramitación. La Memoria del Consejo relativa al año 2022, presentada este martes, explica que tales urgencias no reducen la calidad de los informes, pero sí llevan a una menor deliberación interna, porque se llevan solo a la comisión permanente y no al pleno. La presidenta del Consejo, Magdalena Valerio, explicó que el año pasado 122 dictámenes se tramitaron con urgencia por expresa petición del Gobierno, y subrayó que habría que reservar este tratamiento a los informes que realmente requieran especial rapidez.

La memoria presentada este martes recoge que en 2022 se recurrió a la urgencia ”sin responder en muchas ocasiones a una suficiente y razonada motivación de la urgencia”. Y añade que “en último extremo, es el pleno del Consejo de Estado el órgano que termina sufriendo esta dinámica, al eludirse su pronunciamiento en determinados supuestos de plazos de urgencia especial”. En general, cuando se pide un dictamen por esta vía se suelen dar 15 días, pero cabe también la extrema urgencia, lo que supone que el informe haya de entregarse en un máximo de 10 días, o incluso menos. Todo ello dificulta, cuando no impide, que la institución pueda cultivar uno de sus lemas internos, en el sentido de respetar el método de la “deliberación reflexiva”.

Durante la presentación de la memoria Valerio rehusó pronunciarse sobre la fórmula de elaboración de la ley de amnistía y su presentación al Congreso como proposición de ley, lo que evita que tenga que someterse a diversos informes previos. “El Consejo de Estado solo habla por sus dictámenes”, dijo, en alusión al carácter consultivo y no vinculante de los informes de la institución, que en este caso no han sido solicitados, al no requerirlo el trámite parlamentario elegido (una proposición de ley del PSOE y no un proyecto de ley del Gobierno). Valerio dijo desconocer si en algún momento de su historia el Consejo ha tratado en un informe el concepto mismo de amnistía y su aplicación concreta. La presidenta del Consejo no se pronunció, en suma, sobre la constitucionalidad de la proposición de ley que ha iniciado su tramitación en el Congreso.

La presidenta del Consejo de Estado y la consejera encargada de la elaboración de la memoria, Paz Andrés, insistieron en que la tarea esencial de la institución es la elaboración de dictámenes a petición del Gobierno, remitiéndose a la memoria de 2022, que se refiere a tales informes como “instrumento central de la función consultiva en cuanto expresa el parecer motivado sobre un determinado asunto”. Y un parecer motivado —subraya el texto— “requiere indudablemente un proceso previo de estudio, reflexión, debate y aprobación”. Los encargos por urgencia, en suma, impiden que el Consejo tramite sus dictámenes con los filtros habituales de un primer informe interno del letrado ponente del caso, que pasa luego por el cedazo de la sección correspondiente, más tarde por la permanente y finalmente por el pleno. Todo este sistema de filtros sucesivos permite, cuando no se invoca la urgencia, “una revisión del documento inicial del letrado por un mínimo de 10 y un máximo de hasta 30 personas”. En vista de todas estas circunstancias, Valerio quiso subrayar que el Consejo de Estado “a diferencia de otras instituciones” cumple muy estrictamente los plazos legalmente previstos, incluso cuando son cortos.

Valerio y la consejera Paz Andrés destacaron asimismo el aumento de la actividad de la institución en los últimos años, que en 2022 se tradujo en la recepción de 2.118 consultas —122 de ellas con el aludido carácter de urgencia—, frente a las 1.303 de 2021. La memoria indica que el 98,12% de los dictámenes fueron secundados al menos en sus consideraciones iniciales, una ligera subida, de 0,85 puntos con respecto al año anterior, algo que “da una idea de la incidencia que los dictámenes” en “la actividad ejecutiva y legislativa a pesar de no ser vinculantes”.