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El fiscal acusa al juez del ‘caso Tsunami’ de “dilaciones” al tramitar su recurso contra la imputación de Puigdemont

La acusación pública advierte al juzgado de García-Castellón de que acudirá a la Sala de lo Penal si la situación persiste

Puigdemont Tsunami Democratic
Protestas en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), en octubre de 2019, impulsadas por Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés'.Albert Garcia

La batalla entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el magistrado del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, se encona. El ministerio público ha presentado este jueves un escrito donde insinúa que el Juzgado Central de Instrucción 6 está dilatando el procedimiento y reclama que se tramite “sin más dilaciones” el recurso que presentó el 10 de noviembre contra la decisión del juez de citar como imputados, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

“Entiende este ministerio [público] que el Juzgado ya debería haber elevado a la Sala [de lo Penal de la Audiencia Nacional] el recurso interpuesto, lo que se insta expresamente sin que se establezcan más dilaciones”, subraya el escrito, firmado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que remacha: “De persistir [estas dilaciones], serían puestas en conocimiento de la Sala, único cauce que restaría a este ministerio para obtener respuesta a su tutela judicial efectiva en vía de recurso”.

La pelea entre la Fiscalía y el juez instructor se intensificó a principios de noviembre, después de que García-Castellón decidiese acelerar el caso tras cuatro años de pesquisas. En plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, citó como imputadas a una docena de personas: entre ellas, a Puigdemont y Rovira, ambos prófugos. Tras un extenso informe aportado por la Guardia Civil, el magistrado consideró que contaba con indicios suficientes para investigar por terrorismo a los sospechosos, a los que atribuyó su participación en el movimiento Tsunami Democràtic, que instigó los disturbios que tuvieron lugar en Cataluña contra la sentencia del procés en octubre de 2019. Entre otras acciones, ese colectivo impulsó el corte de carreteras y el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), donde falleció un turista francés tras sufrir un infarto, un suceso cuya vinculación con los disturbios analiza el juez.

Después de esa resolución del juez, dictada el 6 de noviembre, el ministerio público presentó el día 10 un recurso dirigido directamente a la Sala de lo Penal. En su escrito, el fiscal insistía en que no existen suficientes indicios para imputar a los dirigentes independentistas y descartaba, además, el delito de terrorismo (al apreciar únicamente posibles desórdenes públicos agravados). De triunfar esta tesis de Miguel Ángel Carballo (respaldada por la Fiscalía General del Estado), García-Castellón y la Audiencia Nacional perderían la competencia de la causa, que debería ser enviada a los juzgados de Cataluña. Sin embargo, antes de que la Sala de lo Penal se pronunciase, el magistrado ordenó remitir la investigación al Tribunal Supremo, ya que dos de los señalados se encuentran aforados: Carles Puigdemont, por ser eurodiputado; y Rubén Wagensberg (ERC), miembro de la Mesa del Parlament.

Con toda esta maraña procedimental como telón de fondo, el alto tribunal aún no se ha pronunciado. Y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tampoco. Según denuncia este jueves la Fiscalía, se están produciendo “dilaciones” a la hora de elevar a la Sala su recurso del 10 de noviembre. “El juzgado, el propio día 10, dio traslado por cinco días a las partes, habiendo transcurrido sobradamente dicho plazo y habiendo informado las partes personadas en ese momento”, afirma el escrito rubricado por Carballo, que es el mismo fiscal que, en otra causa paralela, pide hasta 27 años de cárcel para los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por delitos de terrorismo (a ocho de los cuales atribuye la fabricación, depósito y tenencia de explosivos).

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La Fiscalía expone en su escrito uno de los elementos que, en su opinión, está provocando esas “dilaciones”: la personación en el caso de nuevas acusaciones particulares en los últimos días, acusaciones a las que el juez da traslado del recurso de la Fiscalía, lo cual supone más trámites. Cuatro días después de que el ministerio público presentase sus alegaciones, se personaron como acusación particular dos policías que resultaron heridos graves durante la huelga convocada en Cataluña en octubre de 2019. El juez aceptó esa personación, pero hasta el día 28 no envió a las defensas de los policías el recurso de la Fiscalía. Un tercer policía se personó el día 17, “cabiendo esperar [que se le dé] un nuevo traslado del recurso referido”, trámite que aún no se habría producido, subraya el escrito. Además, según remacha el ministerio público, el magistrado ofreció el 24 de noviembre que se personase la Abogacía del Estado. Todo ello hace que se pueda “prolongar sin fin el trámite del” recurso, critica la acusación pública.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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