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El juez del ‘caso Tsunami’ acelera la investigación sobre el bloqueo de El Prat

El magistrado García-Castellón ofrece a la familia del turista francés muerto en 2019 que se persone en la causa, sin esperar a que el Supremo se pronuncie

‘Caso Tsunami Democràtic’
Centenares de personas llegan caminando a las inmediaciones del Aeropuerto de El Prat, durante la protesta convocada por Tsunami en 2019.Toni Albir

Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tsunami Democràtic, ha dado un nuevo impulso a las pesquisas sobre la plataforma que instigó las protestas y altercados contra la sentencia del procés en octubre de 2019. El magistrado ha ordenado este lunes recabar más información sobre el bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), una acción perpetrada el 14 de octubre de aquel año, el mismo día en que se notificó el dictamen del Tribunal Supremo que condenó por sedición y malversación a Oriol Junqueras y a otros líderes independentistas. En la resolución, el magistrado plantea que se ofrezca la posibilidad de ejercer “acciones” legales a la familia del turista francés Jean-Claude Scherzinger, que murió tras sufrir un infarto en el aeropuerto durante las protestas. En contra del criterio de la Fiscalía, el instructor trata de averiguar si existe una “vinculación” entre dicho fallecimiento y las movilizaciones de Tsunami, movimiento al que califica como “grupo terrorista”.

García-Castellón actúa después de que el juzgado de L’Hospitalet que investigó la muerte del ciudadano francés le comunicase que esa causa se archivó en 2019 tras no apreciar indicios de delito, y después de que los informes forenses apuntasen que la víctima sufría una “cardiopatía crónica”. Los Mossos d’Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) nunca vincularon la muerte con los disturbios en el aeropuerto. Pero el juez de la Audiencia Nacional se aferra a una frase del diagnóstico médico que, junto a la constatación de esa “enfermedad potencialmente letal y avanzada” del fallecido, alude a “las circunstancias de la muerte” como factor a tener en cuenta. Según García-Castellón, esas “circunstancias” fueron precisamente “el bloqueo del aeropuerto”, que “pudieron influir en el resultado del fallecimiento”. La víctima recorrió un largo tramo a pie para llegar a la terminal. Tras sufrir el ataque al corazón, Scherzinger fue evacuado en helicóptero al hospital de Bellvitge, en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat.

El juez envió la pasada semana la causa al Supremo para que la asumiera, debido a que entre los imputados se encuentra el expresident Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica desde octubre de 2017 y que está aforado al ser eurodiputado. Sin embargo, el magistrado no ha querido esperar a que el alto tribunal se pronuncie y, este lunes, ha continuado con sus averiguaciones para ahondar en las acciones impulsadas por Tsunami: especialmente, en el bloqueo del aeropuerto.

El magistrado ha ordenado a la Guardia Civil que se dirija a Enaire, gestor de navegación aérea de España, para obtener todas las “incidencias relacionadas con el tráfico aéreo” registradas el 14 de octubre de 2019 y vinculadas con el bloqueo de El Prat, así como todos los datos sobre cómo afectó a la instalación —“si se tuvo que desviar algún vuelo”— y a otros aeropuertos españoles y extranjeros. El juez también solicita a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y al Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, en Torrejón de Ardoz (Madrid), “todas las incidencias registradas” a raíz de la acción de Tsunami.

El reimpulso a la causa no queda ahí. García-Castellón ordena al instituto armado que recabe del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) “todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto de El Prat” ese día; y todos los “registros” que contengan “las circunstancias relativas al fallecimiento” del turista francés Jean-Claude Scherzinger: “El historial médico completo [...], las horas en las que se produjo la asistencia, quién acordó el traslado en helicóptero al hospital de Bellvitge, por qué activó este traslado y si era posible el traslado por carretera en ese momento”. Además, insta a la Guardia Civil a hacer una “comprobación pericial para identificar la distancia entre las terminales T1 y T2 del aeropuerto de Barcelona y el hospital de Bellvitge y el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado desde el hospital al aeropuerto, y si resulta justificado el uso de un helicóptero”. Toda la información que se obtenga se remitirá al Supremo, según remacha el juez.

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El magistrado de la Audiencia Nacional, que abrió estas pesquisas hace cuatro años por presuntos delitos de terrorismo, incide en que el bloqueo “puso en peligro la seguridad del aeropuerto” y la “integridad física de las personas que en ese momento” se encontraban en las instalaciones. “Este peligro pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa Jean-Claude Scherzinger, nacido en 1955 en Mulhouse (Francia)”, remarca en su resolución de este lunes, donde pide que se contacte con la familia de la víctima para ofrecerle ser “parte de esta investigación”.

García-Castellón plantea igualmente que se recabe el testimonio de la hija del ciudadano galo: “Para conocer de primera mano qué sucedió y recabar declaración sobre las circunstancias del fallecimiento, con todos los datos que puedan servir a esclarecer en qué medida los acontecimientos del 14 de octubre pudieron afectar al fatal desenlace”. El diario El Mundo publicó este sábado una declaraciones de la hija de Scherzinger en las que esta afirmaba que, según el relato que le hizo su madre y esposa del fallecido el día de la muerte, ambos tuvieron que caminar “más de un kilómetro, con las maletas” para alcanzar el aeropuerto, debido a que los accesos estaban bloqueados, y que al alcanzar las instalaciones el hombre empezó a sentirse mal.

En su recurso contra el auto de imputación de una docena de investigados, la Fiscalía ya se mostró en contra de vincular las acciones de Tsunami Democràtic y la muerte del ciudadano francés: “Es cierto que algún acto del que se hizo eco esta plataforma terminó en disturbios y altercados graves, pero no consta en el procedimiento ni un solo dato que permita imputar a los investigados su criterio favorable a los mismos; a la ejecución de actos violentos contra cuerpos policiales o demás actuaciones, como destrozo de mobiliario urbano, y menos aún su inducción, cooperación o participación. […] No es posible atribuir a ninguno de los investigados fallecimientos, lesiones o daños”, señaló el ministerio público, que calificó de “inverosímil” atribuir a los imputados el fallecimiento por infarto.

Podemos se querella contra García-Castellón

El juez Manuel García-Castellón, instructor de muchas investigaciones judiciales de relevancia, está acostumbrado a vivir en el ojo del huracán, pero las arremetidas contra él se han incrementado desde principios de noviembre, cuando decidió citar como imputados en el caso Tsunami al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El magistrado pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y  la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, lo acusasen de querer “influir” en la negociación entre el PSOE y Junts. Un ataque que García-Castellón trasladó a la Fiscalía General del Estado, aunque el ministerio público ha descartado investigarlo por la vía penal al considerar que esas críticas se encuentran amparadas por la libertad de expresión, según confirman fuentes jurídicas.

A su vez, Podemos se ha querellado contra el juez por haber reabierto en 2021 una investigación sobre la financiación del partido político, que se había archivado en 2016, y que se retomó cinco años después a raíz de unas declaraciones de Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014. La fuerza política de izquierdas ha anunciado este lunes la denuncia presentada contra el magistrado ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. La formación describe una "animadversión" hacia Podemos de García-Castellón, quien ya intentó investigar a Pablo Iglesias en el caso Dina, una derivada del caso Villarejo.

Según la querella, que se dirige también contra Joaquín Gadea (destinado como magistrado de refuerzo en el juzgado de García-Castellón), las palabras y documentos aportados por El Pollo Carvajal no contenían suficientes indicios para reabrir la causa contra Podemos. Además, apostilla el escrito, este juzgado asumió las pesquisas "con la única finalidad de causar un perjuicio al partido político", que "ni siquiera existía" como partido en el periodo de tiempo al que se referían alguno de los papeles bajo sospecha. La Sala de lo Penal ordenó en 2022 volver a cerrar la investigación sobre la supuesta financiación irregular de la formación.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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