Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo y tres años para dos periodistas por el ‘caso Dina’

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cinco años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y tres años de prisión para los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles por su presunta implicación en el caso Dina. El ministerio público, que les atribuye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, materializa así la acusación contra los tres procesados por esta derivada del caso Villarejo, en la que se ha investigado cómo el contenido del teléfono móvil de Dina Bousselham, una antigua asesora de Pablo Iglesias (ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno), acabó en poder de Villarejo después de que ella denunciara el robo a finales de 2015. Una parte de los archivos del dispositivo, además, se publicó en varios medios de comunicación.

El movimiento de las acusaciones se produce después de que, a principios de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmase la propuesta del juez instructor Manuel García-Castellón de sentar a los tres en el banquillo. Como ha avanzado EL PAÍS este viernes, Pablo Iglesias y Dina Bousselham, personados como víctimas en la causa, han solicitado hasta cuatro años de cárcel para Villarejo, Pozas y Rendueles, a los que exigen también una indemnización por los “daños morales, perjuicios, molestias y sufrimientos causados”.

El inicio de la trama del caso Dina se remonta a noviembre de 2015, cuando Bousselham y su novio, Ricardo de Sa Ferreira, se encontraban en un centro comercial de Alcorcón (Madrid). En aquel momento, Iglesias acababa de dejar su cargo de eurodiputado, donde Bousselham trabajaba como su asesora. Según el relato de la pareja, mientras estaban de compras, alguien les robó un abrigo en el que, entre otros objetos, guardaban el móvil de ella. Posteriormente, a partir de mediados de 2016, varios medios de comunicación comenzaron a publicar parte del material que almacenaba en el teléfono. Y, tras el arresto de Villarejo a finales de 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontró en poder del agente corrupto un disco duro y dos pendrives con copias del contenido del móvil.

“Uno o varios individuos se apoderaron subrepticiamente de los efectos personales de Bousselham y de su entonces pareja”, inciden los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público destaca cómo, apenas dos meses después, una “persona no identificada” entregó una tarjeta de almacenamiento —que contenía los archivos del móvil de la asesora— en la sede del grupo Zeta, editor de la extinta revista Interviú. Dos de sus periodistas (Pozas, director de la publicación, y Rendueles) examinaron el contenido, que comunicaron al presidente del grupo, Antonio Asensio, que decidió que no se publicaría nada.

Sin embargo, Alberto Pozas y Luis Rendueles “habían hecho una copia íntegra” del material, apostilla la acusación. Y, “en fechas posteriores no concretadas”, entregaron una copia a Villarejo, “al que habitualmente trataban como una de sus fuentes de información”. Durante la fase de instrucción judicial, los reporteros aseguraron que el comisario contactó con ellos y les “requirió” una copia, que ellos le dieron al entender que la petición “procedía de un alto cargo policial” y suponían que “el uso que se le daría sería un uso policial legítimo”.

“Pozas y Rendueles conocían que la tarjeta de almacenamiento que entregaron a Villarejo contenía archivos con documentos internos de Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con archivos de carácter íntimo y personal. Entre ellos, fotografías de Bousselham semidesnuda, y diversos grupos de chats de Telegram en el que estaban dados de alta otros miembros de la cúpula del citado partido político”, matiza Anticorrupción. Los fiscales añaden que, de seguido, Villarejo entregó todo ese material “a periodistas de su círculo de confianza para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y del entonces secretario general, Pablo Iglesias”.

En el listado de noticias bajo sospecha, elaboradas presuntamente con información procedente de ese teléfono sustraído, el ministerio público enumera informaciones publicadas por la web Okdiario y por el periódico El Confidencial.

En sus escritos de acusación, Iglesias y Bousselham ya apuntaron que existen indicios de que Villarejo dirigía una “organización criminal”, que recibía encargos de diferentes “personas”, “entidades” y “partidos políticos” para realizar “actos de espionaje y campañas de desprestigio de tipo partidista”. “En este caso, la sustracción del terminal móvil y la circulación del contenido del mismo tuvo el claro objetivo de perjudicar a Iglesias y a Podemos, publicando el contenido de conversaciones personales del mismo, así como documentación relativa al partido del que era secretario general, sirviéndose para ello de los medios de comunicación y contando con una nutrida red de profesionales con los que se reunía de manera asidua”, continúa el escrito de acusación del exvicepresidente del Gobierno, que considera clave la participación de la “pata mediática” en la trama: “Necesaria para realizar, indiciariamente, campañas de intoxicación informativa”.

Anticorrupción pide igualmente que los tres acusados indemnicen a Bousselham con 5.000 euros; y a Pablo Iglesias con 1.000 euros. El ministerio público añade que, del pago de dichas cantidades, deberá “responderá subsidiariamente la Administración General del Estado”.