Iglesias y Bousselham piden hasta cuatro años de cárcel para Villarejo y los periodistas procesados por el ‘caso Dina’

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos, y su antigua asesora Dina Bousselham han solicitado hasta cuatro años de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles por su presunta implicación en el bautizado como caso Dina. Iglesias y Bousselham, personados como víctimas en esta derivada del caso Villarejo, presentaron este jueves sus escritos de acusación contra los tres procesados por esta parte de las pesquisas, abiertas para averiguar cómo el contenido del teléfono móvil de la asesora (cuyo robo denunció a finales de 2015) acabó en manos del agente de la Policía Nacional y posteriormente publicado en varios medios de comunicación.

Este movimiento se produce después de que, a principios de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmase que Villarejo, Pozas y Rendueles debían sentarse en el banquillo, acusados de descubrimiento y revelación de secretos —al comisario jubilado también se le atribuye un delito de omisión de perseguir delitos—. Aún están pendientes de conocerse las penas que pide la Fiscalía Anticorrupción.

En sus escritos de acusación, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Iglesias y Bousselham ponen sobre la mesa un relato similar. En noviembre de 2015, a los pocos días de que él renunciara a su acta de eurodiputado, su asesora se encontraba en un centro comercial con su pareja, Ricardo de Sa Ferreira. Según cuentan, alguien les robó un abrigo en el que, entre otro objetos, guardaban el móvil de ella. Posteriormente, a partir de mediados de 2016, varios medios de comunicación comenzaron a publicar parte del material que almacenaba en el teléfono. Y, tras el arresto de Villarejo a finales de 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontró en poder del agente corrupto un disco duro y dos pendrives con copias del contenido del móvil.

“La referida información privada, personal e íntima de Dina procedía claramente de un ilícito: el robo de su terminal móvil. Y no consistía en unos pocos pantallazos, sino en todo el contenido completo del teléfono, con archivos y fotografías (más de 3.000) de más de cinco años atrás”, detalla el documento firmado por el abogado de Iglesias, Raúl Maíllo. Según afirmó Villarejo, ese material se lo dio Pozas y Rendueles, entonces periodistas de la extinta revista Interviú, que relataron al juez que les llegó de forma anónima a la redacción. Durante la instrucción, los reporteros aseguraron que el comisario contactó con ellos y les “requirió” una copia, que ellos entregaron al entender que la petición “procedía de un alto cargo policial” y suponían que “el uso que se le daría sería un uso policial legítimo”. Interviú no publicó nada del contenido del móvil, pero sí otros medios, como la web Okdiario.

Las víctimas señalan que, sin embargo, “no se ha acreditado la existencia de una investigación policial, al amparo de la cual se requiriese dicha información”: “No existe requerimiento oficial alguno a Alberto Pozas y Luis Rendueles. Ni policial, ni judicial, ni consta entrega alguna con diligencia de constancia”. Además, la defensa de Iglesias señala que las pesquisas han demostrado que existen indicios de que Villarejo dirigía una “organización criminal”, que recibía encargos de diferentes “personas”, “entidades” y “partidos políticos” para realizar “actos de espionaje y campañas de desprestigio de tipo partidista”.

“En este caso, la sustracción del terminal móvil y la circulación del contenido del mismo tuvo el claro objetivo de perjudicar a Iglesias y a Podemos, publicando el contenido de conversaciones personales del mismo, así como documentación relativa al partido del que era secretario general, sirviéndose para ello de los medios de comunicación y contando con una nutrida red de profesionales con los que se reunía de manera asidua”, continúa el escrito de acusación del exvicepresidente del Gobierno, que considera clave la participación de la “pata mediática” en la trama: “Necesaria para realizar, indiciariamente, campañas de intoxicación informativa”.

Según consta en su escrito de acusación, la defensa de Iglesias pide cuatro años de cárcel para Villarejo por descubrimiento y revelación de secretos, y un año de inhabilitación especial para el comisario por omisión del deber de perseguir delitos. A su vez, exige tres años de cárcel para Pozas y Rendueles por descubrimiento y revelación de secretos. Y, finalmente, plantea que se le indemnice con 1.000 euros por “daños morales por los perjuicios, molestias y sufrimientos causados”.

Por su parte, los abogados de Bousselham (Gorka Vellé y Marta Flor Núñez) piden cuatro años de cárcel para Villarejo por descubrimiento y revelación de secretos, y dos años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos. La defensa de la antigua asesora solicita igualmente cuatro años de prisión para Pozas y Rendueles por descubrimiento y revelación de secretos. Además, exige que se le indemnice con 6.000 euros “por daños morales por los perjuicios, molestias y sufrimientos causados en su condición de perjudicada”.