Las imputaciones por el ‘caso Tsunami Democràtic’ aceleran los movimientos para descartar el terrorismo

La última resolución del juez Manuel García-Castellón sobre el caso Tsunami Democràtic, que ha supuesto la citación como imputado del expresident Carles Puigdemont, ha acelerado los tempos de una investigación que se abrió hace cuatro años. La Fiscalía ya trabaja en el recurso que prevé presentar contra la decisión del magistrado de mantener la causa en la Audiencia Nacional por terrorismo (un delito que el ministerio público no ve); mientras, las defensas se mueven para intentar echar abajo unas acusaciones que irrumpen en plenas negociaciones de la ley de amnistía. “Resulta inimaginable pensar que se hayan estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan sido”, critica Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident en Waterloo (Bélgica), en un escrito enviado este martes al juzgado.

El distanciamiento entre el magistrado y la Fiscalía resulta muy evidente. Fuentes del ministerio público insisten en que “nunca” han visto terrorismo en estas pesquisas, un aspecto sobre el que ahondarán en su recurso. Estas mismas fuentes, que recalcan que su informe sobre Tsunami no está acabado todavía, explican que la tesis que pondrán sobre la mesa de la Sala de lo Penal incidirá en que, una vez que se eliminó el delito de sedición del Código Penal, entienden que el sumario solo puede prosperar por delitos de desórdenes públicos agravados. Y, por tanto, la Audiencia Nacional debe perder la competencia de la causa y remitirse a los juzgados de Cataluña. Entre otros aspectos, recuerdan, el amplio informe final de la Guardia Civil sobre la plataforma no califica los hechos en ningún momento como terrorismo.

Varias fuentes de la cúpula fiscal restan, además, cualquier tipo de valor a un escrito de un fiscal de guardia de la Audiencia Nacional, que dicen que aterrizó de pasada en la causa (cuando el titular del caso Tsunami se encontraba de vacaciones) y que se refirió el 19 de julio a los hechos bajo sospecha como susceptibles de terrorismo. Estas fuentes insisten en que aquel pronunciamiento debía ser de mero trámite —alegan que el fiscal no se debía pronunciar más allá de la prórroga de las pesquisas, pese a que se le dio trasladó para informar sobre un escrito de un investigado que insistía en remitir la causa a Barcelona (un aspecto sobre el que se pronunció el sustituto en un escrito de cinco páginas, donde argumenta que la causa debe quedarse en la Audiencia al apreciar la existencia de “indicios de solidez incuestionable” sobre la comisión de un delito de terrorismo)—. Estas fuentes del ministerio público dicen que el fiscal de guardia se guio “por error” por el delito genérico que le aparecía en el sistema, sin entrar a estudiar a fondo el asunto.

Apenas unos días después (el 26 de julio), el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien fuera en el pasado portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, envió otro escrito al juzgado para advertir de que aquella calificación había sido “errónea” y que, para pronunciarse sobre si el sumario debía enviarse a los juzgados de Barcelona, tenían que esperar a que se incorporara el informe final de la Guardia Civil. Además, más allá de esa postura oficial, más de un mes antes, ya se había publicado —en medios como La Razón— que el ministerio público apostaba por remitir el procedimiento a Cataluña al no ver terrorismo; y fuentes fiscales apuntan que así se lo habían transmitido de forma informal al instituto armado.

“Banalización del terrorismo”

Por su parte, las defensas comienzan a moverse. El abogado del empresario Oriol Soler, uno de los investigados en la causa sobre Tsunami Democràtic, ha pedido la recusación del juez instructor Manuel García-Castellón por falta de “imparcialidad”. Y Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont y de Alay, ha arremetido contra la investigación abierta sobre Tsunami, tras la imputación dictada el lunes de sus dos clientes. Este último letrado ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional a nombre de Alay, donde desliza toda una batería de presuntas irregularidades que, en su opinión, estarían marcando la instrucción. Entre otras críticas, Boye enmarca este procedimiento dentro de la tesis del lawfare (guerra jurídica) contra el independentismo, que los partidos secesionistas han esgrimido para tratar de desacreditar las investigaciones judiciales en su contra.

“A lo largo de los últimos años hemos visto cómo han proliferado procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable cuya única razón de ser es contra quién o quienes se dirigen. Todos esos afectados tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados”, apunta Boye en su escrito, donde denuncia que la instrucción “banaliza” el concepto de terrorismo.

“Resulta inimaginable pensar que este juzgado haya estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan sido”, afirma irónico el letrado de Puigdemont, que remacha: “Resulta inimaginable pensar que este juzgado pretenda realizar planteamientos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a unas conductas (manifestaciones), que no constituyen delito alguno. Resulta más inimaginable pensar que este juzgado haya estado investigando durante años a un miembro del Parlamento Europeo [en referencia a Puigdemont] sin haber procedido a la solicitud del preceptivo suplicatorio”.