La ‘traición’ de indultar a Puigdemont

Circula la opinión de que indultar a Carles Puigdemont sería el precio a pagar por la investidura de Pedro Sánchez. Y la verdad es que Junts, el partido del expresident, afrontaría un peliagudo dilema dado ese hipotético escenario. ERC se hundió en las elecciones municipales y en las generales por haber logrado solo los indultos a los líderes del procés, pero no el ansiado referéndum. El votante independentista espera algo más que otro trueque donde Sánchez salve únicamente a su clase política.

Todo ello sería el coste de indultar eventualmente a Puigdemont: la base social del independentismo podría vivirlo como una traición —la misma que algunos reprochan a Oriol Junqueras al grito de botifler, de traidor—. No es solo que Junts se arriesgue a perder su principal bandera política, la retórica anclada al 1 de octubre. Su problema es el agravio comparativo que alegarían algunos votantes y cuadros —activistas, alcaldes…—, quienes siguen afrontando juicios, frente a un dirigente que lograra el perdón por unos votos de investidura. De ahí que Junts haya puesto como condición la “amnistía” de todos los “represaliados”, además del referéndum —su compromiso electoral—, no un indulto.

Así que Puigdemont tendría —quizás— a mano su propia salvación, pero no es tan cierto que ello le convenga de entrada. En la nueva pantalla posprocés, Junts aspira a ser el refugio del votante desencantado de ERC, aprovechando que el independentismo atraviesa sus horas más bajas. La elevada abstención del 28-M y el 23-J lanzó una advertencia: hay desafección por el fracaso de 2017, y muchos ciudadanos no piensan salir a votar ya sólo porque el constitucionalismo les parezca “peor”. Su mayor anhelo sigue siendo un referéndum.

Aunque, puestos a imaginar, la situación procesal del líder de Junts no es de fácil resolución sin pasar por la cárcel en algún momento. Para ser indultado, tendría antes que ser condenado: regresar a España y enfrentar un probable ingreso en prisión, a la espera de juicio; luego la sentencia, sumada a lo que tardara el procedimiento para el indulto, el informe del tribunal sentenciador y la aprobación por el Consejo de Ministros. Sería raro pensar que el político de Waterloo vaya a aceptar ese camino.

Hay otras posibilidades de que no ingrese en la cárcel, igual de dudosas. Los independentistas piden una ley de amnistía, pero la Mesa del Congreso ya rechazó en 2021 su simple admisión a trámite al considerarla inconstitucional. Cualquier otra vía, por imaginativa que fuese, pasaría por más reformas legales con el enorme revuelo que causaron otras tomadas la pasada legislatura.

El caso es que ninguna legislatura como esta resulta más propicia para que Sánchez intente darle alguna pista de aterrizaje a Junts. Los socios del eventual Gobierno (Bildu, PNV, ERC) no tendrían demasiados inconvenientes en pergeñar fórmulas para atraer el voto de los de Puigdemont. En términos de imagen pública, incluso el coste para Sánchez parecería amortizado, pese a la condición de prófugo del expresident. ¿Con qué motivo podría la derecha reeditar una nueva manifestación de Colón? En defensa de la unidad de España, y con perspectiva, el Partido Popular y Vox debieron apoyar el indulto a los líderes del procés: el constitucionalismo se ha impuesto en Cataluña el 23-J por el éxito de la política apaciguamiento.

Con todo, España asistirá a un primer test sobre la predisposición a negociar del independentismo el 17 de agosto, cuando se constituyan las Cortes y se forme la Mesa de la Cámara, cuya presidencia quiere mantener el PSOE y asegurarse en ella una mayoría progresista. Los independentistas tendrán que hacer malabares para, si eso ocurre, explicarlo a sus bases.

Y es que eso de las traiciones siempre es relativo: la que la derecha atribuye a Sánchez, pese a haber noqueado electoralmente a las fuerzas del procés, y la que Junts teme frente a sus bases, por si se le acaba el relato del 1-O. La hora de la verdad se acerca.