PSOE, PP y Vox impiden la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley de amnistía para los presos del ‘procés’

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes, con el apoyo de los seis representantes del PSOE, PP y Vox y el voto en contra de los tres miembros de Unidas Podemos, admitir siquiera a trámite y, por tanto, llevar a debate en un pleno la proposición de ley de amnistía que habían registrado varios partidos independentistas catalanes y que podría beneficiar a los políticos condenados por el proceso independentista catalán. Portavoces de ERC, la CUP, Más País, o el PNV, han lamentado ese bloqueo y han abogado por promover y buscar debates y soluciones políticas a la crisis política en Cataluña.

Los partidos que se han opuesto a facilitar ese debate en el pleno se han basado para defender su posición en un informe específico de los letrados del Congreso en el que comunican a los grupos que propusieron la ley de amnistía que, según su criterio, no procede admitir esa iniciativa porque consideran que podría “suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme” y añaden que esa solución “entraría en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución, de acuerdo con el cual no cabe que la ley autorice indultos generales”. El PSOE lleva meses avanzando que es contrario a la ley de amnistía por ese mismo criterio, pero formaciones con las que gobierna, como Unidas Podemos, o con las que llega habitualmente a pactos, como ERC o PNV, le reprochan que al menos no haya consentido el debate en el pleno de la Cámara.

La proposición de ley de amnistía fue registrada la semana pasada por ERC, JuntsxCAT, la CUP y el PDeCAT, que habían prometido presentarla antes de la disolución del Parlament catalán y que contaron con el respaldo de los representantes de los colectivos Amnistía i Llibertat y de Òmnium Cultural. La Asamblea Nacional Catalana no estuvo en la presentación del proyecto en diciembre en la cárcel Modelo de Barcelona porque ya adelantó que no sería viable su aprobación en las Cortes.

En su propuesta, esos partidos nacionalistas e independentistas planteaban la posibilidad de amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013, lo que suponía de hecho liberar de sus condenas tanto a los procesados por el referéndum ilegal del 1-O como a los afectados por la condena de la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

El rechazo al debate en la Mesa y por los letrados ha provocado de forma inmediata una reacción en contra de los partidos nacionalistas, vascos y catalanes, con representación en el Congreso. Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en la Cámara baja, lo ha calificado como una “terrible noticia” y “un precedente peligroso”, que ni siquiera se posibilite un debate político en el pleno del Congreso de lo que considera un problema político para el 80% de la sociedad catalana. Tanto Rufián como, más tarde, Míriam Nogueras, portavoz provisional ahora de Junts en el Congreso, han cuestionado especialmente “la marcha atrás” y el “involucionismo” del PSOE al no aceptar la discusión y alinearse en la votación para impedirlo con PP y Vox. Rufián ha avanzado que, tanto ERC, como Junts, la CUP y el PDeCat recurrirán ahora esa decisión, aunque precisó que no es nada optimista al respecto. Tanto ERC, como la CUP han esgrimido su rechazo a que la Constitución no pueda permitir una ley general de Amnistía. Aitor Esteban, del PNV, ha citado a varios catedráticos y expertos que defienden esa posición.