El Parlament aprueba la resolución en favor de la amnistía de los presos del ‘procés’
Las tres fuerzas independentistas votan el texto, las constitucionalistas en contra y los comunes se abstienen
El Parlament de Cataluña ha cerrado la legislatura con la aprobación de una resolución en favor de la amnistía de todas las personas encausadas desde 2013 durante el procés, gracias a los votos de las tres fuerzas independentistas. El documento, una antesala de la proposición de ley que presentarán en el Congreso el 15 de marzo, después de las elecciones del 14 de febrero, ha sido aprobado con 70 votos a favor, 57 en contra y la abstención de los ocho diputados de los comunes. Los comunes sí han apoyado el primer artículo de la ley que ha prosperado con 78 votos que alude a que los derechos políticos no pueden tener una respuesta penal.
La petición de amnistía, acompañada de una propuesta en favor de la autodeterminación, no tiene ningún futuro: el Gobierno ha dicho varias veces que está fuera del ordenamiento jurídico constitucional y que una medida excepcional de ese cariz solo puede producirse cuando se produce un cambio de régimen. Sin embargo, los tres partidos independentistas han querido impulsar esta vía al considerar que las vías que estudia el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como los indultos o la reforma de delito de sedición, solo beneficiará a los políticos encarcelados pero no al conjunto de las casi 3.000 personas encausadas desde 2013.
Josep Costa, de Junts, vicepresidente del Parlament, ha admitido que han promovido la amnistía para que nadie “vaya a la cárcel por sus ideas”, aunque saben que no se aprobará. “Sabemos que no se aprobará. El PSOE ha mostrado su rechazo antes de que se apruebe y nosotros queremos ampliar esta grieta de esta confrontación inteligente”, ha dicho llamando a la movilización. Ferran Civit, diputado de ERC, ha afirmado que la reforma del código penal es una vía “estrecha” y que quieren una amnistía amplia. “Queremos empatía, amnistía y política. Algo tan revolucionario como eso. Y ka autodeterminación oara resolver el conflicto político”, ha defendido.
Sabemos que no se aprobará. El PSOE la rechaza. Queremos ampliar la grieta de la confrontación”, dice Josep Costa, de Junts
Natàlia Sànchez, diputada de la CUP, en la línea de Junts, ha alegado que el Parlament ha estado marcado esta legislatura por la represión y que está ahora “intervenido” donde no se puede debatir sobre los Borbones o la autodeterminación. La anticapitalista ha acusado a los dos partidos del Govern de incurrir en una “contradicción” cuando piden la amnistía mientras la Generalitat ejerce la acusación reclamando cárcel para activistas independentistas.
El PSC y los comunes han apreciado un interés electoral en la propuesta al advertir que llega a última hora. De hecho, el lunes la resolución decaerá con el final de la legislatura. Lucas Ferro, diputado de los comunes, ha lamentado que sea una resolución sin “valor jurídico” y ha apostado por la reforma del delito de sedición y seguir construyendo “puentes”. “Compartimos la defensa de la amnistía pero vamos a abstenernos porque no queremos competir con medidas antirrepresivas”, ha zanjado. El socialista Ferran Pedret ha recordado que los hechos de 2017 fueron “graves”, que la amnistía no viene al caso y ha instado a los líderes independentistas a “pedir perdón” a la mitad de los catalanes que vivieron con “temor” o “desasosiego” los hechos. “Pueden perdirles perdón pero no el olvido”, ha dicho. “No comprenden lo de Ho tornarem a fer”.
Toni Roldán, de Ciudadanos, ha recogido el guante de la empatía esgrimida por ERC y ha reclamado que sea recíproca tachando de “aberración” que cualquiera de las dos partes esgrima su superioridad moral. El PP, por boca de Alejandro Fernández, ha sido taxativo: ha recalcado que la amnistía no cabe en el ordenamiento actual y que no existen presos políticos porque de ser así la Unión Europea hubiera expulsado a España de forma fulminante.
Ferran Pedret, del PSC, ha pedido a la bancada independentista que pidan perdón por lo ocurrido en 2017
Sánchez, que se despide del Parlament, ha cerrado el debate rechazando las enmiendas de los comunes que, ha dicho, querían equiparar indultos y amnistía. “La vía de los indultos es pequeña. Hay 3.000 represaliados”, ha subrayado defendiendo que quieren hacer política “en libertad” y que Anna Gabriel pueda hacer activismo en Cataluña o que Oriol Junqueras o Carles Puigdemont vuelvan a sus escaños. Y ha replicado así a Pedret: “Mire el boleto del 1 de octubre. Había un sí y un no. Veámonos en las urnas. Haremos política independentista pese a ustedes”.
La sesión, la última de la legislatura, que concluye este lunes, ha finalizado con una maratoniana votación de proyectos, mociones y resoluciones entre las que destacan dos que censuran la conducta del rey emérito y que ha recibido el apoyo del independentismo y de los comunes. La resolución de los comunes alude a la implicación de Juan Carlos I “en presuntos casos de corrupción omo las comisiones ilegales por la construcción del AVE de la Meca, por disponer de sociedades en paraísos fiscales o por fraude fiscal por el uso de tarjetas black”, así como por “no rendir cuentas” y por su “huida del Estado español”.
"Piden amnistía y a la vez prisión para Marcel"
La CUP acusa a Junts y ERC de actuar de incurrir en contradicciones reflejadas este viernes en pocas horas. "Piden amnistía y a la vez prisión para Marcel Vivet", ha criticado Natàlia Sànchez citando el caso del joven de Badalona acusado de atentado a agente a la autoridad y desórdenes públicos tras participar en una protesta contra el sindicato Jusapol. La Generalitat pide 4 años y seis meses de cárcel y la Fiscalía 5 años y nueve meses. El juicio se tenía que haber celebrado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pero ha quedado aplazado a petición de la Generalitat al 22 de febrero, ocho días después de las elecciones. Vivet rechazaba el aplazamiento y considera que ha sido una maniobra de los abogados de la Generalitat para que casos como el suyo no afecten negativamente a los intereses electorales de Junts y ERC, los partidos del Govern.
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