El Parlament acabará la legislatura pidiendo una ley de amnistía para todos los independentistas condenados desde 2013

El Parlament de Cataluña celebrará el próximo día 16 el último pleno de la legislatura con la aprobación de una propuesta de resolución que reclama de las Cortes españolas la aprobación de una ley de amnistía para todos los independentistas que hayan sido condenados en un juicio o por la vía administrativa “por todos aquellos actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña, cualquiera que fuera el resultado” realizados desde el 1 de enero de 2013. El independentismo ha cuantificado en 2.300 personas el número de “represaliados” por defender la secesión, pero no todos ellos han sido juzgados, sino que una parte está inmerso aún en el proceso de investigación judicial.

Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP han registrado este miércoles la propuesta de resolución en la que piden que se tramite por el trámite de urgencia. La Mesa de la Cámara está reunida desde las 10,30 horas, posteriormente lo hará la junta de portavoces y después de nuevo la Mesa, por lo que el texto se incluirá en el orden del día del pleno de la próxima semana. El Parlament quedará disuelto el 21 de diciembre y ese día se convocarán las elecciones para el 14 de febrero.

La petición de ley de amnistía que reclaman los tres partidos independentistas tiene asegurada su aprobación al contar con la mayoría absoluta en la Cámara, siempre que la apoyen los cuatro diputados del PDeCAT. La petición de amnistía afectaría a centenares de personas condenadas, desde el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta del 9 de noviembre, a Quim Torra, los presos de procés y los manifestantes secesionistas que se enfrentaron a la policía en las numerosas protestas ocurridas en Cataluña durante los últimos ocho años.

La resolución detalla que la medida de gracia también abarcaría a las personas sancionadas por el Tribunal de Cuentas y detalla los delitos que debería comprender la ley de amnistía: rebelión y sedición; malversación de caudales públicos si se ha cometido en concurso con el delito de sedición, así como prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos si están relacionados con la preparación, organización o ejecución de la consulta del 9 de noviembre de 2014 o el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El independentismo también pide la amnistía para los “actos de expresión y de opinión realizados a través de la prensa, imprenta, redes sociales o cualquier otro medio” que se hayan considerado delitos de incitación al odio “vinculados con el conflicto político con Cataluña”. Igualmente se reclama aplicar la medida de gracia a los condenados por delitos contra el orden público “cometidos en el marco de la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña”, que incluirían las protestas, los incidentes callejeros ocurridos en Cataluña desde la celebración del referéndum del 1 de octubre o los enfrentamientos con la policía del año pasado tras conocerse la sentencia del procés que dictó el Tribunal Supremo.

La resolución de los tres grupos independentistas asegura que la ley de amnistía ha de ir acompañada de “una solución efectiva al conflicto político con el Estado español que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña” y advierte que también se deberían prever medidas contra “todos los responsables de la represión de derechos fundamentales”.