Dos presidentes condenados y uno huido en tres años

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó en marzo de 2017 al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público por cometer un delito de desobediencia al organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Mas fue el primero de los tres máximos dirigentes de la Generalitat condenados o perseguidos por la justicia en tres años: a su sentencia le seguiría después la destitución, siete meses después, de Carles Puigdemont en aplicación del artículo 155 y su posterior fuga a Bélgica y la inhabilitación dictada hoy contra Quim Torra por desobedecer y no retirar una pancarta del Palau de la Generalitat.

El independentismo suele acusar al Estado de “ejercer esa represión” encarnada, además, en esos tres presidentes -los tres en la órbita del mismo partido- en poco más de tres años. Mas, eso sí, ya se había apartado de la primera línea política en enero de 2016 al exigir a la CUP su marcha para pactar con Junts pel Sí, la coalición formada entonces por el PDeCAT y ERC. Mas fue condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta en la que participaron dos millones de personas. El Supremo rebajó la condena a un año. Meses después, el Tribunal de Cuentas les condenó a pagar 4,6 millones de euros para sufragar los costes del 9-N.

Siete meses después de la condena a Mas, Puigdemont fue destituido en aplicación del artículo 155 y huyó de España después de que el Parlament proclamara la independencia y la creación de una república fallida. El expresident, ahora eurodiputado, sabe que no puede cruzar la frontera a riesgo de ser detenido. “Una vez más, el Estado español interfiere en nuestras instituciones democráticas. "De destitución en destitución hasta la república final. Junto a ti, president”, ha afirmado Puigdemont en las redes sociales.

Esta Diada, deslucida por la covid-19, Torra hizo un discurso en el que presagió el final de su mandato en vísperas de la vista en la que el Supremo debía revisar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ya le había condenado por desobediencia. En el texto, Torra afirmó que desde el 1-O de 2017 “el Estado ha descargado toda su represión contra demócratas pacíficos que aún hoy sufren una persecución política propia de un Estado autoritario y vengativo”.

Frente a esa lectura, la oposición constitucionalista suele esgrimir que el balance de tres presidentes en tres años es una muestra más de una década perdida, en la que el procés solo ha aportado inestabilidad política en Cataluña además de un daño a la economía. Ciudadanos y el PP ponen el acento también en la ruptura de la convivencia. Las dos formaciones han clamado en contra de la tramitación de los indultos a los presos del procés que, en cambio, ha sido recibido con frialdad por el independentismo.

Los secesionistas reivindican la amnistía y apuntan las decenas de causas aún pendientes en los tribunales como la celebrada este lunes contra la activista Tamara Carrasco y la macrocausa que tramitó el juzgado número 13 de Barcelona en la que una veintena de cargos de la segunda línea del Govern serán juzgados. Además de eso, las familias temen que el Tribunal de Cuentas actúe contra los consellers presos como ya hizo en su día con Mas.