PSOE y Sumar buscan una pista de aterrizaje para Junts

La maniobra no es sencilla pero solo hay una cosa clara: tiene que salir. Los hombres más cercanos al presidente Pedro Sánchez llevan varios días dándole vueltas al plan más complejo al que se ha enfrentado el líder socialista en su larga historia de giros imposibles y resistencias inesperadas: buscar una pista de aterrizaje para que Junts pase del no a casi todo al sí a la investidura. El recuento del voto en el extranjero se saldó con la pérdida de un escaño del PSOE en favor del PP y, por tanto, no vale solo con que los fieles de Carles Puigdemont se abstengan.

Conjuradas para evitar la repetición electoral, las cúpulas de PSOE y Sumar se proponen avanzar en la fórmula que logre el apoyo del bloque independentista, aunque atendiendo al tempo fijado por el presidente en funciones: hay que dejar que todo madure despacio; primero debe intentarlo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que se vea con claridad que no puede lograrlo y que solo el socialista puede articular una mayoría posible. “Sánchez ha decretado descanso”, resumen en su entorno.

Junts ha planteado sin paños calientes sus condiciones de máximos (autodeterminación y amnistía), pero sin recurrir a ultimátums. El propio Puigdemont pidió el sábado en un largo mensaje en Twitter que la negociación no se desvíe a cuestiones “de personas” —en referencia a posibles ofertas que le permitan solucionar su situación judicial— y se acote todo a resolver el conflicto político. El perdón general y el referéndum son líneas rojas para el PSOE, al estar fuera del ordenamiento constitucional, pero probablemente la propuesta del Gobierno tendrá que superar los términos con los que se logró pactar con ERC en 2019: la mesa de diálogo, la derogación de la sedición o los indultos a los líderes del procés condenados por el Supremo.

Más allá del contenido de la oferta, lo importante, según coinciden diversas fuentes del máximo nivel, es la decisión política de Junts: ¿querrá repetir elecciones y seguir fuera de todo o preferirá entrar a hacer política? La caída de su influencia —derivada de su decisión de salir del Govern en octubre o su pérdida de presencia en los ejecutivos de tres de las cuatro provincias catalanas— hace que en La Moncloa, el PSOE y el PSC confíen en que, si en ese partido aún se piensa en clave de poder y quieren volver a ser decisivos, apostarán por entrar a negociar.

Una de las claves para lograr ese giro de Junts a favor de la negociación es, para los socialistas, el inapelable resultado electoral en Cataluña. El PSC ha sacado más escaños que ERC y Junts juntos. La agenda del reencuentro promovida por Sánchez, que incluyó además de inversiones que avanzan lentamente, los indultos a los líderes del procés, cambios en el Código Penal y el reconocimiento de un conflicto político, en vez de romper España como auguraba la derecha, coincide con una caída en el voto a los independentistas. “Los catalanes han votado de forma masiva contra un Gobierno de PP y Vox. El resultado es muy claro. Y el culpable de una posible repetición electoral tendría un castigo aún más fuerte. Eso está en la cabeza de todos los que estamos en esto”, señala una persona de confianza del presidente.

Puigdemont, poco dado a hablar de su familia en público, denunció el sábado que ha sido objeto de diferentes campañas de noticias difamatorias en su contra, se lo ha señalado como enfermo mental y ha recibido amenazas. “Explico todo esto para que alguien se haga una idea del efecto que causa en mí que digan que si Junts no vota a Pedro Sánchez me caerá el mundo encima y vagaré como un alma en pena”, ironizó.

El 23-J implicó, según diversas estimaciones de comportamiento electoral, que unos 40.000 votantes de Junts prefirieran la papeleta socialista. Ese tránsito, estiman en la formación del expresident, permite afirmar que quienes votaron a Junts apoyaron el discurso confrontacional que hicieron en campaña, donde, empezando por la candidata Míriam Nogueras, siempre se igualó a PSOE y PP respecto a su trato a Cataluña y se desentendieron de la gobernabilidad a nivel estatal.

De ahí que cuando, el lunes, el secretario general del partido, Jordi Turull, expresara en RAC-1 una mínima voluntad de negociar, al describir la coyuntura como “oportunidad de oro”, todos se preguntaran en cuál de sus frentes abiertos ubica Junts esa oportunidad. La gran duda en las filas del independentismo es hasta dónde puede llegar Sánchez con su oferta. “Cualquier cuestión que abordemos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional”, defendió el martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intentando espantar cualquier duda.

El margen es estrecho. Las reformas legales “con efectos de una amnistía” que quería ERC están ya aprobadas y el sábado el propio expresident insistió en que el foco esté en resolver “un conflicto político profundo” y que el énfasis no esté “en las personas, sino en el país”. Sin la sedición en el Código Penal, a Puigdemont se lo acusa de malversación agravada y desobediencia. El expresident podría aspirar a un indulto, que es una prerrogativa del Ejecutivo, pero antes tendría que hacer algo que el sábado descartó de nuevo: volver a España, asumir un proceso, tener una condena y empezar a cumplirla. Junqueras tuvo el indulto después de cuatro años en la cárcel.

El tuit del expresident deja clara la estrategia de su partido de que sea él quien acapare los focos. Que el interlocutor sea alguien que incumple la ley, se jacta de ello y escapa al extranjero para evitarla puede ser motivo de crítica para la oposición, pero para el partido es la manera de reivindicar la figura de su líder ante quienes lo han dado por liquidado y de dar oxígeno a la reivindicación exterior del independentismo. Y más con un Sánchez en la presidencia rotatoria de la UE.

Pero una cosa es el mero intento y otra, negociar de verdad. “A veces creo que hay gente que no es que no le guste la vía negociada, sino que le molesta que la lideremos nosotros”, aseguró a este diario el líder republicano Gabriel Rufián durante la campaña. Plantear que la presencia de Puigdemont en la mesa de diálogo da más garantías o más credibilidad al mismo será menos convincente después de los ríos de tinta y ataques por tierra, mar y aire de Junts contra el diálogo.

El riesgo de pugna Junt-ERC

Dentro de Junts, hay quien cree que explicitar la idea de que se negocia sin cesiones y se resiste tiene premio, sobre todo por la activación de una la bolsa de secesionistas abstencionistas (unos 300.000 hace una semana) críticos con la acción de los partidos. Mientras que en el País Vasco el PNV o EH Bildu hicieron un discurso desacomplejadamente antifascista sin que nadie dudase de su independentismo, en Cataluña vincularse de alguna manera con la gobernabilidad estatal termina siendo arma arrojadiza.

Con todo, el campo real de lucha política con ERC es la Generalitat y, aprovechando la desorientación del rival tras los dos últimos fiascos electorales, la tentación por parte de Junts de dar un golpe adicional a los republicanos es tan grande como arriesgada. O directamente tóxica. Fuentes de la cúpula de la formación de Oriol Junqueras creen que en Junts son conscientes de que una eventual subida de Vox tiene como consecuencia darles alas a los partidos independentistas de ultraderecha, como Aliança Catalana, y ahí Junts tiene todas las de perder por cierta frontera más esencialista.

El PSOE de Sánchez, según su entorno, a diferencia del PP, reconoce y respeta a ERC y a Junts incluso aunque en campaña calificara a Puigdemont de “anécdota”. “Sabemos que cualquier avance en la solución de la crisis territorial debe partir del diálogo con ellos. Con los dos. Las respetamos desde la discrepancia, y reconocemos su legitimidad. Para seguir avanzando en la solución a la crisis territorial, la legislatura debe echar a andar”, resumen en La Moncloa.

Hay la convicción de que nadie piensa seriamente ahora en reactivar un procés que no tendría apoyo popular suficiente y creen que el triunfo del PSC certifica ese viraje. Con todo, reconocen, será muy difícil encontrar una propuesta que les valga a los dos. Aunque ahora se habla de una negociación previa del independentismo, en La Moncloa saben que la rivalidad entre ERC y Junts es decisiva y que habrá que cuidarlos mucho a ambos para que no estalle en el peor momento.

El riesgo de fracaso es innegable. La decisión final está en manos de Puigdemont, un dirigente que lleva casi seis años viviendo en Bruselas para escapar de la justicia española y se enfrenta a un panorama judicial muy complicado y que en otras ocasiones ha maniobrado para decantar decisiones, pese a haber dejado la presidencia del partido hace un año. Pero muchos en el PSOE recuerdan ahora que, cuando se inició el diálogo con ERC en 2019 para la investidura de Sánchez, las cosas también eran muy difíciles, y se logró. Entonces Junqueras, el hombre que tomaba esa decisión, no estaba en Bruselas, sino en la cárcel desde 2017. Dos meses antes había sido condenado a 13 años de prisión, y las calles de Barcelona se habían incendiado como reacción. Fue muy difícil, estuvo a punto de no salir, pero los negociadores del PSOE —Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa— lograron firmar con los de ERC —Marta Vilalta, Josep María Jové, procesado por la organización del referéndum del 1-O, y Gabriel Rufián— un documento que abría paso a la mesa de diálogo y permitió la investidura de Sánchez.

El único que seguirá como hombre clave es Salvador Illa, líder del PSC y persona de máxima confianza del presidente. El resto del equipo cambiará. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, estará detrás de los posibles pactos. Siempre discreto, Cerdán está en todas las negociaciones delicadas con EH Bildu, pero también con el PNV o con UPN (fue quien pactó el voto de los navarros a favor de la reforma laboral que luego se frustró con los dos tránsfugas que se han pasado al PP). Félix Bolaños, el gran negociador de Sánchez en estos últimos años, estará detrás moviendo los hilos de cualquier documento delicado con María Jesús Montero, siempre pendiente de un acuerdo no solo político sino también económico, con medidas importantes para Cataluña.

En Sumar también quieren aportar para convencer a Junts —en 2019 Unidas Podemos tuvo menos protagonismo con ERC— y Yolanda Díaz ya se ha implicado para tratar de acercar posiciones con Puigdemont a través de Jaume Asens. Mucha gente se está moviendo con el objetivo de preparar esa pista de aterrizaje para Junts, aunque la negociación se antoja lenta.

De momento, el primer hito es la Mesa del Congreso. Ahí hay un cierto espacio para un acuerdo, porque tanto ERC como Junts tienen un claro incentivo: necesitan apoyo para formar grupo parlamentario porque no han llegado al 15% en todas las provincias en las que se presentaban, como requiere el reglamento. En el pasado se ha autorizado a tener grupo —algo muy importante política y económicamente— sin ese 15%, pero es la Mesa quien decide. Así que tanto ERC como Junts tienen mucho que ganar con este primer acuerdo para votar a un socialista como presidente del Congreso, aunque eso no sea ninguna garantía para la investidura de Sánchez.

Los socialistas también confían en que dentro de Junts haya un debate profundo para no perder esta oportunidad de entrar a jugar políticamente y aprovechar la posición de privilegio que les da el hecho de que sin sus siete votos no hay investidura posible.

En La Moncloa confían en el papel de Turull, con perfil más negociador y que fue precisamente uno de los indultados por el Gobierno. De momento, el número dos de Junts siempre se ha plegado a lo que dice Puigdemont o, al menos, no dice lo que piensa en público para evitar más ruido interno. Pero queda muchísimo para saber qué pasará, insisten en La Moncloa.

Feijóo podría precipitar las cosas si se presenta a la investidura, porque haría correr el reloj —dos meses desde su votación fallida— pero los cálculos que se manejan hablan de una investidura en octubre como pronto y tal vez en noviembre, salvo que todo se despeje muy rápido.

Tanto en el partido que pilota Turull como en Esquerra creen que Sánchez no moverá ficha hasta después de la sesión constitutiva de las Cortes o incluso a principios de septiembre. En Cataluña también se ha decretado el descanso después de enlazar dos convocatorias electorales sucesivas.

El 11 de septiembre, la Diada, el independentismo pasa por su anual termómetro de movilización y el año pasado fue allí donde el divorcio ―no solo entre los exsocios en el Govern, sino con la ciudadanía independentista― se hizo más evidente. De momento, Òmnium Cultural arrima el hombro para intentar trabar el pacto interno y habrá que ver el rol que asuma la Assemblea Nacional Catalana.

También se abrirá una incierta negociación presupuestaria en Cataluña a la que el president Pere Aragonès, de ERC, solo llega con 33 de los 135 apoyos disponibles en el Parlament. La luz verde depende de que Junts o el PSC, más los comunes, lo apoyen.

La pregunta que habrá que responder cuando se vaya agotando el plazo y la negociación llegue a su punto clave es: ¿quiere Puigdemont una repetición electoral que pueda traer un Gobierno de PP-Vox contra el que está la gran mayoría de los catalanes? Y, pese a expresar que el futuro de la legislatura no es su responsabilidad, ¿está dispuesto a asumir el coste de ser el culpable de ese fiasco tras las expectativas generadas por el inesperado freno a la derecha el 23 de julio? Quedan muchas semanas para saberlo. Pero lo que sí se sabe es que la gobernabilidad de España depende de esas respuestas.