Cataluña y Andalucía serán las comunidades que recibirán más inversión pública en 2023

Casi todas las comunidades verán crecer la inversión pública estatal en su territorio como consecuencia del récord de gasto en infraestructuras. Cataluña y Andalucía serán, de nuevo, las dos autonomías que recibirán más fondos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha previsto destinar a cada una de ellas el 17,2% del pastel. “Se cumplen todas las disposiciones estatutarias”, ha sostenido este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos. En el caso catalán, ese monto, que aumenta un 3%, se aproxima al peso económico de la comunidad en el conjunto del Estado, como estipulaba el Estatut para sus siete primeros años de vigencia (hasta 2013). El gasto sube con fuerza en Navarra (un 34,8%), Cantabria (23%) y Extremadura (16,8%). También se incrementa en Madrid —un 13,3%— pese a recibir casi la mitad que Andalucía y Cataluña. Solo dos regiones sufren retrocesos: Murcia (-33,5%) y Castilla y León (-4,2%).

El reparto de la inversión pública suele ser uno de los principales motivos de controversia entre el Gobierno central y los autonómicos. No solo por el reparto inicial, sino también por la fotografía final: salvo excepciones, las cuantías finalmente ejecutadas suelen ser inferiores a las presupuestadas. Según el Informe Económico Financiero del proyecto de Presupuestos, las inversiones que pueden ser distribuidas por regiones ascenderán en 2023 a 13.443 millones de euros, lo que supone el 52% del monto destinado a infraestructuras. Tanto en términos absolutos como relativos, Andalucía (2.318 millones) y Cataluña (2.308 millones) son las dos autonomías más beneficiadas. Esta última recibirá, además, 200 millones más a raíz de una deuda de 1.400 millones del ejercicio 2008, reconocida por el Gobierno, vinculada a la disposición adicional tercera del Estatut. Este precepto fijaba que esa cuantía debe ser equivalente al peso económico de Cataluña en el conjunto de España, de cerca del 18,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Cataluña será una de las comunidades clave a la hora de buscar apoyos parlamentarios, en especial en ERC o el PDeCAT. El Gobierno también requerirá del apoyo de los grupos nacionalistas del País Vasco. Y la inversión en esa comunidad también crecerá un 4,2%, situándose en 558,8 millones de euros. Sin embargo, en un año que estará marcado por las elecciones autonómicas y municipales, casi todas las comunidades dispondrán de más dinero para infraestructuras. Solo baja en dos comunidades (Murcia y Castilla y León), que en los Presupuestos de 2022 se vieron especialmente beneficiadas por las cuentas públicas, con incrementos de inversión de más del 15%.

Las disputas que generan estas cifras ha llevado al Gobierno a rehusar comentarlas. En la rueda de prensa, Montero se ha limitado a decir que el Ejecutivo cumplía con lo estipulado en los estatutos autonómicos, en concreto, en los de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Las infraestructuras son, de hecho, el caballo de batalla no solo de ejecutivos, sino también de varias organizaciones empresariales regionales. En la Comunidad Valenciana denuncian el retraso del Corredor Mediterráneo, mientras que en Cataluña o Andalucía lamentan la baja ejecución presupuestaria, de alrededor del 50% entre 2018 y 2021, pese a que sobre el papel son las mayores beneficiadas cada año. En el otro lado de la balanza, en ese periodo el Gobierno de Sánchez ha llevado a cabo toda la inversión comprometida en Madrid, a lo que contribuye el llamado efecto capitalidad.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue considerando que esa cantidad es insuficiente. Y eso llevó al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, a censurar el “castigo” por “tercer año consecutivo” que, a su juicio, sufre la región. “Ya se ha repetido en los tres presupuestos de Sánchez. En este período en Madrid las inversiones han subido un 4,6% frente al 32,7% total”, lamentó.

Si bien algunas comunidades reclaman que las inversiones sean equivalentes a su PIB, otras aluden al criterio de población para obtener recursos, ya sea porque tienen a muchos ciudadanos a los que atender o bien a pocos y dispersos. Atendiendo a ese criterio, las comunidades más beneficiadas serán Cantabria (507 euros por habitante), Extremadura (447) y Asturias (415). En la parte baja están Baleares (158), Navarra (157) y Canarias (180).