El Gobierno encarrila la legislatura con sus segundos Presupuestos con ERC y se centra en la reforma laboral para rematar el año

El Gobierno logra encarrilar la legislatura con un pacto de Presupuestos que ha rematado con ERC y que gira alrededor de una mayoría de legislatura cada vez más consolidada. A partir de aquí, y con la reforma de pensiones ya enfilada con respaldo de esa misma mayoría —aunque sin el acuerdo de los empresarios— el Ejecutivo se concentra en las complejas negociaciones de la reforma laboral, que ahora se aceleran, para llegar a final de año con los dos grandes objetivos prometidos a Bruselas aprobados: la subida de cotizaciones de 0,6 puntos que sustituye al derogado factor de sostenibilidad de la última reforma del PP de 2013 y el gran cambio de la regulación del mercado de trabajo para reducir la temporalidad y reequilibrar la negociación entre sindicatos y patronal.

El Ejecutivo tiene aún muchos desafíos por delante, vive discusiones internas por cómo afrontar por ejemplo las protestas sociales en Cádiz o la inminente movilización de la policía contra la ley mordaza, y sigue por detrás en algunas de las encuestas publicadas recientemente, pero al menos en el Parlamento la situación es mucho más cómoda de lo que se podía prever con una mayoría tan heterogénea como la que dio la investidura a Pedro Sánchez. Desde entonces ―el 7 de enero se cumplen dos años― los 167 síes que tuvo el presidente han crecido y estos Presupuestos podrían llegar a 188 votos, porque algunos partidos importantes como ERC (13) y Bildu (5) han pasado de la abstención de entonces al sí de ahora. Y además se ha sumado el PDeCAT, que con sus cuatro escaños vuelve a apoyar los Presupuestos después de una negociación con Hacienda. El acercamiento de ERC a los Comunes, aliados en el Ejecutivo puesto que están dentro de Unidas Podemos, se ve también en La Moncloa como una buena noticia para consolidar la mayoría y evitar la incertidumbre que siempre genera el independentismo. El “espanto” a una posible llegada de PP y Vox a La Moncloa como alternativa a esta mayoría también hace su efecto, según admitió Gabriel Rufían, portavoz de ERC.

La situación política y sobre todo la económica están lejos de ofrecer garantías de una segunda parte de la legislatura plácida, pero el Ejecutivo aspira a celebrar a final de año, si logra pactar la reforma laboral con sindicatos y empresarios, una situación mucho mejor de la que podía imaginarse cuando en plena pandemia sufría para sacar adelante los estados de alarma. Otras reformas polémicas, como la ley de memoria, que ERC se resiste a apoyar si no hay una derogación parcial de la ley de amnistía que el PSOE descarta por completo, pasan a un segundo plano y no parecen absolutamente prioritarias para el Ejecutivo como la reforma laboral.

La satisfacción del Gobierno era muy evidente tras cerrar el agónico acuerdo con ERC, centrado en la ley audiovisual y la cuota obligatoria del 6% de producción en catalán, aunque la inquietud por la deriva de las protestas en Cádiz y la polémica por el uso de una tanqueta policial era evidente, pero la portavoz, Isabel Rodríguez, trató de contentar a las dos partes, manifestantes y policías: “Nuestra sensibilidad está con el sentir de los trabajadores en la bahía de Cádiz. Afrontemos una reindustrialización, que requiere de grandes transformaciones, para dar respuesta a la desazón de estos trabajadores”, dijo por un lado, y por otro: “Respetamos el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sabemos que lo hacen con la ponderación necesaria. Confianza siempre en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

La negociación con ERC se cerró en el último momento antes de la votación, como casi siempre, con un pacto sobre la ley audiovisual que implicaba también un acuerdo en Presupuestos. El Ejecutivo va camino de sumar cerca de 190 votos favorables a los Presupuestos, muy por encima de los que necesitaría para sacarlos adelante, tras mantener intactos los apoyos que ya le habían permitido sacar adelante las cuentas del año pasado.

El acuerdo con ERC contempla la obligatoriedad de incluir una cuota para lenguas oficiales del 6% del contenido ofertado en las plataformas audiovisuales, según fuentes de la formación independentista y del Ejecutivo, algo por debajo del 7% que reclamaban inicialmente los republicanos. Entre las concesiones arrancadas por ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos, está también la paralización de las reformas previstas en la sede de la Jefatura Superior de Policía en Via Laietana, en Barcelona. Esquerra quiere convertir el edificio en un “centro de memoria” porque fue el lugar donde la policía franquista retenía y torturaba a los militantes contra la dictadura.

ERC ha negociado muy fuerte sabiendo que los socialistas necesitaban sus 13 votos para aprobar los Presupuestos. La interpretación que hacen los independentistas de las consecuencias que tendrá el acuerdo para las grandes producciones es muy clara. “De 100 películas de Netflix, 30 tienen que ser producciones europeas; de estas, la mitad en lengua del Estado [castellano]; de estas, el 40% en catalán euskera o gallego. Es decir, el 20% de las películas europeas tienen que ser en catalán, en gallego o en euskera. El 20% del catálogo europeo. Si el contenido que se ofrece está disponible, doblado o subtitulado en un idioma cooficial, deberá incluirse en la oferta”, señalan los republicanos. De nuevo la lengua ha resultado la clave para desbloquear los Presupuestos con ERC. El año pasado fue el tratamiento del catalán como lengua vehicular en la ley de educación, y este año ha sido la ley audiovisual. Además, hay acuerdos en infraestructuras e inversiones habituales en este tipo de pactos presupuestarios, pero la clave está en la ley audiovisual. Además, se ha acordado que RTVE, que tenía ya un 50% de cuota de emisión de obra europea, deberá reservar un mínimo del 15% de su tiempo de emisión anual a obras en alguna de las lenguas cooficiales.

El Gobierno establecerá incentivos fiscales para evitar que la cuota obligatoria para lenguas cooficiales ahuyente a las grandes plataformas, la razón por la que el Ejecutivo se mostraba más reacio a atender las demandas de los independentistas. Además, habrá dinero público para respaldar este acuerdo: el 10% del Fondo de Protección a la Cinematografía del ICAA se dedicará a financiar producciones en lenguas cooficiales. Las autonomías establecerán además líneas de ayuda al doblaje en estas lenguas, y el Estado también las promoverá. El Gabinete de Pedro Sánchez quiere convertir a España en un gran centro de producción cinematográfica europeo y en el Ministerio de Economía, responsable de la ley audiovisual, temían que esta cuota fuera un problema para las grandes multinacionales que ya tienen proyectos importantes en España, como Netflix.

Las negociaciones han sido arduas y prolongadas. “He dormido poco esta noche”, ha dicho Rufián para subrayarlo al comparecer en el Congreso para anunciar el acuerdo. “Ha sido difícil. Al PSOE siempre hay que obligarlo. No lo decimos nosotros, también lo dice Unidas Podemos”. Al margen de la ley audiovisual, el acuerdo para no hacer más reformas en la comisaría de Via Laietana encierra un fuerte simbolismo para los republicanos, que seguirán insistiendo en su conversión en un centro de memoria. Otras concesiones arrancadas por ERC son la realización de una auditoría de la Seguridad Social y distintas inversiones y transferencias a Cataluña por valor de 50 millones de euros. Rufián ha explicado los acuerdos acompañado por representantes de EH Bildu, que la víspera ya había anunciado también su voto favorable a las cuentas.

El Ejecutivo también ha cerrado el apoyo de los cuatro diputados del PDeCAT. “No éramos imprescindibles, pero sí significativos para el Gobierno”, ha explicado su portavoz, Ferran Bel. Las reivindicaciones de este grupo, el más templado del bloque independentista, eran sobre todo inversiones locales y el compromiso de que las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociosanitarios -muy extendidas en Cataluña- podrán acceder a los fondos europeos. Quien todavía no anunciado su acuerdo es el PNV, aunque su respaldo está descontado. Los nacionalistas vascos todavía negociaban este martes con el Gobierno algunas de sus demandas.

De los grupos de la izquierda, además de la CUP, que raramente suele apoyar al Gobierno, solo se ha vuelto a descolgar el BNG. El único diputado de los nacionalistas gallegos, Néstor Rego, que votó en contra de las cuentas del año pasado, se abstendrá esta vez tras no lograr un compromiso para la intervención pública de la factoría en crisis de Alcoa, en A Mariña (Lugo). Más País (dos diputados) y Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, con uno cada uno, completarán los respaldos al Ejecutivo. Las votaciones de las primeras secciones de los Presupuestos comienzan este martes de forma telemática y continuarán hasta el jueves. Ese día el texto quedará listo para su examen posterior en el Senado y su aprobación definitiva en el Congreso antes de fin de año.