La marcha en apoyo de la huelga del metal en Cádiz acaba en batalla campal entre policías y manifestantes

Más de 4.000 personas participan en la movilización, que se produce tras un nuevo fracaso en las negociaciones entre la patronal y los sindicatos

Carga policial durante las protestas en Cádiz, este martes.FOTO: MARCOS MORENO | VÍDEO: EP / EFE

Una pancarta ajada se arremolina en el asfalto entre trozos de cristales, pelotas de goma y restos de botes de humo. Poco antes rezaba ‘La juventud con la lucha del metal’, aunque ahora es un guiñapo pisoteado en medio de una batalla campal de objetos que sobrevuelan las cabezas con violencia. La manifestación, de 4.000 personas para los convocantes y de 1.300 según la policía, en apoyo al sector del metal de Cádiz acaba opacada entre gas lacrimógeno y cargas policiales a una parte de los huelguistas, dispersos a modo de guerrillas por diversos barrios de la capital. Justo lo contrario a lo que los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) aspiraban en el octavo día de la huelga indefinida, que ha acabado convertido en la jornada de disturbios más graves desde que comenzaron las protestas a cuenta de la renovación de un convenio colectivo.

La madrugada del pasado jueves, representantes de los trabajadores y patronal se levantaban de la mesa de negociaciones por tercera vez, sin visos de solución a corto plazo, pero con un aparente acercamiento de posturas. Para los primeros, la inclusión del IPC real en un convenio de no más de un año es una demanda irrenunciable. Para los segundos, lo era no fijar esa actualización a las tablas salariales. Aunque este martes José Muñoz, secretario de la Federación de Empresas del Metal, ha parecido ceder al asegurar que ambas partes ya tienen “cuatro o cinco temas económicos” a trabajar por separado. Y ya solo hablan de una aparente línea roja, que el convenio esté vigente en 2023, ya que “es imprescindible para sobrevivir según los acuerdos que se están perfilando”. Este miércoles está previsto que retomen las negociaciones.

Trabajadores lanzan botellas a la policía, este martes en Cádiz.
Trabajadores lanzan botellas a la policía, este martes en Cádiz. Marcos Moreno

El problema radica en que la negociación del convenio del metal hace días que, de facto, ya es una amalgama de descontento socioeconómico, tanto dentro del propio sector como fuera de él, en una provincia con tasas de paro superiores al 23%. Antonio Muñoz, secretario permanente del Naval del sindicato CGT, asegura que la clave está también en recuperar parte de los derechos perdidos en anteriores negociaciones: “Los dos convenios anteriores tuvieron retrocesos”. A pie de calle, los manifestantes congregados se quejan de salarios bajos —de 1.000 a 1.500 euros de media— y de unos recortes implementados a partir de la crisis de 2008. “El detonante es la negociación, pero aquí hay mucho más, como la eventualidad”, denuncia Jesús Galván, de la Coordinadora de los Trabajadores del Metal, un sindicato minoritario, pero de los que más están agitando las calles en esta huelga. “Llevo 25 años de soldador y tengo 50 empresas en mi currículum. Llevamos décadas sufriendo para llegar a final de mes o tener que coger las maletas”, añade.

A Galván y los suyos se han sumado este martes los sindicatos de estudiantes, que han convocado un paro en apoyo a los trabajadores del metal. Buena parte de los integrantes de estos colectivos fueron los que decidieron desgajarse del itinerario marcado hasta la sede de la Femca para poner rumbo al puente Carranza con la intención de cortarlo “de forma pacífica”, como aseguraba Galván, megáfono en mano. Antes de esa arenga, la marcha ya había dejado momentos emocionantes al paso del hospital Puerta del Mar. Allí, una decena de sanitarios y pacientes y acompañantes corearon los gritos del celador Julián —”con el nombre está bien”, dice—: “¡No queremos que la Bahía sea otra Benidorm!”.

La policía intentando frenar a los trabajadores que intentaban cruzar el cordón policial en la avenida principal de Cádiz.
La policía intentando frenar a los trabajadores que intentaban cruzar el cordón policial en la avenida principal de Cádiz.Marcos Moreno

El tramo oficial de la manifestación integrado por UGT y Comisiones Obreras llegó a la sede de Femca sin complicaciones. No pudieron decir lo mismo los integrantes —algunos menores— del que puso rumbo al Carranza, un puente histórico para la lucha del metal, pero blindado en estas movilizaciones por la policía por su carácter de infraestructura crítica. Pasadas las 12.30, el encuentro entre estos manifestantes y los antidisturbios desembocó en la batalla más cruenta de estos días de huelga indefinida. Varios agentes venidos de otros puntos de España “impidieron con medios antidisturbios” —según ha aseverado posteriormente la Subdelegación del Gobierno— el avance de los huelguistas.

A pie de calle, eso se ha traducido en lanzamiento de salvas de pelotas de goma, cargas contra manifestantes y uso de botes lacrimógenos. Al otro lado, los huelguistas han tirado piedras, botellas de cristal o latas, en medio de unos vecinos que han asistido a la batalla entre arengas de cacerolas desde los balcones y persianas echadas de los comercios cercanos. El enfrentamiento pronto se ha convertido en una desbandada de grupos de manifestantes a la carrera y policías de la UPR, dispersos entre las barriadas populares de Loreto o el Cerro del Moro. En la refriega, que se ha alargado hasta las 13.30, ha acabado una persona detenida, seis agentes heridos y un cámara de un medio de comunicación también ha sido agredido, según ha denunciado TVE.

La jornada ha sido la más violenta de estos ocho días de paro indefinido. El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha solicitado esta misma tarde la dimisión de José Pacheco, subdelegado del Gobierno en la provincia, por las “inaceptables” y “desproporcionadas” cargas. “Lo hago absolutamente responsable de lo que ha pasado, por lo que pedimos su dimisión”, ha asegurado el regidor, vía comunicado. “Estamos escandalizados por la brutalidad utilizada para reprimir una huelga pacífica. No necesitamos tanquetas ni necesitamos antidisturbios, sino planes de reindustrialización e inspectores de trabajo que hagan cumplir el convenio”, ha zanjado González.

Sobre la firma

Jesús A. Cañas

Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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