La coalición choca por los efectos de la enmienda sobre la Ley de Amnistía

El PSOE sostiene que no cambia nada y Unidas Podemos que abre la vía a juzgar crímenes franquistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el diputado de Unidas Podemos y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, en una sesión de Control al Gobierno, el 24 de febrero de 2021.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el diputado de Unidas Podemos y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, en una sesión de Control al Gobierno, el 24 de febrero de 2021.E. Parra. POOL / Europa Press

Choque de interpretaciones dentro del Gobierno sobre la enmienda que han firmado PSOE y Unidas Podemos a la ley de Memoria Democrática para ajustar la repercusión de la Ley de Amnistía de 1977. Mientras Unidas Podemos insiste en que se abre una vía para juzgar los crímenes del franquismo, el sector socialista, a través del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, asegura que no supondrá ningún cambio efectivo.

La Ley de Amnistía de 1977 ha frenado hasta ahora los intentos de juzgar los crímenes del franquismo a través de su artículo 2.f, que amnistiaba “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Bolaños recordó este jueves que va a seguir en vigor, y que la enmienda no cambiará el régimen penal actual.

La enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos a su propia ley de memoria señala que “todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. El único propósito de este texto, según Bolaños, es reafirmar esa ley adecuándola a los tratados internacionales, pero partiendo del principio básico de que las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva.

Enrique Santiago, secretario general del PCE y negociador de esta enmienda por Unidas Podemos, asegura, sin embargo, que sí tendrá consecuencias jurídicas y podrá orientar una interpretación del Tribunal Constitucional diferente de la que ha habido hasta ahora y acorde con los principios de la legalidad internacional suscritos por España. No obstante, admite que tendrá pocos efectos prácticos porque la mayoría de los criminales franquistas han muerto.

Esta discusión solo se resolverá probablemente cuando el asunto llegue de nuevo al Constitucional, que a partir de junio de 2022 debería pasar a tener una mayoría progresista, y se resuelva la cuestión ya con la nueva Ley de Memoria Democrática en vigor.

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El choque dentro del Gobierno es evidente en una ley muy relevante. La enmienda ha sido pactada, y saldrá adelante, pero cada uno de los socios la interpreta de manera casi opuesta. Mientras Unidas Podemos considera que hay un cambio trascendental, el PSOE la ve casi irrelevante, como una mera concesión “para hacer más confortable” su aprobación con el resto de sus socios parlamentarios en la negociación pero sin efecto alguno. Algunos de esos aliados, como ERC, ya han calificado esas propuestas como “humo” y han avisado de que o se toman en serio sus demandas (declarar ilegal el régimen franquista y arbitrar fórmulas para reparaciones económicas a las víctimas) o no la apoyarán. El Ejecutivo entiende que hay margen para negociar esos aspectos y espera que la norma prospere al final aunque sea solo con más votos afirmativos que negativos, al no ser una ley orgánica.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, este jueves en San Pedro de Majarretes (Cáceres).Foto: EFE | Vídeo: EFE

Las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo se ven claramente en las declaraciones de ambos sectores y en la estrategia de explicación de la enmienda negociada. En el PSOE se quejan de que Enrique Santiago, que es secretario de Estado de la Agenda 2030, secretario general del PCE y diputado de Unida Podemos, presentó el miércoles el acuerdo sobre las 30 enmiendas a la ley de Memoria “por su cuenta, sin advertir ni contar en esa rueda de prensa en el Congreso con ningún interlocutor o negociador socialista y sin consensuar los argumentos”. Y las mismas fuentes socialistas lamentan que no es la primera vez que lo hace. No es una protesta solo por cuestiones formales. En el PSOE constatan que Santiago aparece como un miembro del Gobierno en su conjunto que ofrece exposiciones solo de una parte. Las explicaciones de lo negociado pueden aparecer así hasta contradictorias.

“Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún juez podrá ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad”, dijo la líder de Podemos, Ione Belarra.

“Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002″, señaló en Onda Cero Félix Bolaños. Para el ministro de Presidencia, que es jurista, las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo serán las mismas después de que se apruebe la ley de memoria. Estos escollos tienen que ver con la irretroactividad de la legislación penal (la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma) y con lo marcado en ese sentido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Bolaños indicó que al no tratarse la ley de memoria de una ley orgánica no va a afectar a la legislación penal; e insistió en que esa legislación penal no permite la retroactividad. “No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72″, remató.

Por el contrario, Santiago, experto en justicia internacional, recuerda que este problema que plantean ahora muchos juristas, esto es, la imposibilidad de la irretroactividad, habría impedido todos los juicios por lesa humanidad en todo el planeta, incluidos los de Nuremberg contra la cúpula nazi. Precisamente para evitar esa idea, que está en casi todos los códigos penales occidentales, se han establecido excepciones en la justicia internacional que fuerzan que determinado tipo de crímenes de genocidio o lesa humanidad tengan un tratamiento especial que los hace imprescriptibles e inamnistiables y que permite juzgarlos aunque en el momento en que se cometieron no fueran delito según las leyes vigentes en ese país, como sucedía en casi todas las dictaduras.

España ratificó el 30 de abril de 1977 —está en el BOE— el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, auspiciado por la ONU, que dice en su artículo 15: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”, esto es, lo que señala Bolaños y plantea tanto el Código Penal como la Constitución española.

Pero enseguida el texto añade un punto 2 en ese artículo: “Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Esta es la fórmula para permitir juzgar los delitos de lesa humanidad independientemente de qué leyes hubiera en ese momento en el país en el que se cometieron.

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