Leyes antisistema

La reforma de la malversación rebaja las penas cuando el dinero se desvía para impulsar un proyecto político, pero el principal proyecto político es la malversación. Hay dudas sobre la causalidad: ¿se violan los derechos de los ciudadanos y se captura el espacio público para malversar o se malversa para seguir violando los derechos de los ciudadanos? A encontrar la fórmula para que la dinámica continúe lo llaman encaje, por cursilería o sicalipsis. La circularidad de proyecto político y malversación genera un problema lógico, que el juez Llarena traducía jurídicamente en su auto. Es posible que la reforma del Código Penal rebaje las penas de delincuentes a quienes no se quería beneficiar, como la ley del solo sí es sí, y no reduzca las de los delincuentes a los que se pretendía favorecer. Es un riesgo de la legislación chapucera, y recuerda la pendiente resbaladiza de Thomas de Quincey, que señalaba que uno empieza asesinando y acaba cometiendo imperdonables faltas de educación. Las reformas de los delitos de sedición y malversación son nefastas porque son leyes hechas ad personam, y la legislación debe ser impersonal y abstracta. También porque la derogación de la sedición deja desprotegido al Estado: en vez de actualizar la tipificación para hacer frente a pronunciamientos como el de 2017, se priva a la democracia de instrumentos para defender los derechos de los ciudadanos. En vez de adaptar la protección a la amenaza, se retira la protección. El objetivo es contentar a insatisfechos profesionales que repiten que volverán a hacer lo mismo. Atenuar las penas por distraer dinero público para favorecer a tus socios es todavía menos defendible: la chatarra argumental de la homologación europea que se emplea para justificar la derogación de la sedición no cuela con la malversación ni entre los más fieles, y en cambio la sospecha de que el discurso contra la corrupción —argumento de la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno— era meramente instrumental se vuelve cada vez más poderosa. Pero el daño más profundo de esta reforma obscena, que va acompañada de regulaciones dadaístas como la de las mascarillas, de la baja calidad legislativa y del descuido de los procedimientos y funciones parlamentarias, es la sensación de arbitrariedad: las normas abusivas desacreditan el sistema y erosionan el sentido de legalidad de los ciudadanos. La muerte de las democracias resulta un diagnóstico exagerado, pero el entumecimiento es un peligro real.