Una ley para la casta

Gastar dinero público para realizar actos contra el Estado o para perpetuarse en el poder es corrupción. Se trata de una corrupción más lesiva que la que busca el lucro personal, porque pervierte las reglas democráticas. El golpe posmoderno de 2017 fue ante todo un ataque a la democracia, revestido coquetamente del léxico y el imaginario de la reivindicación democrática. Las tramas clientelares y la financiación ilegal de los partidos políticos contaminan la libertad de elección y degradan todo el proceso. Fingir que esas formas de juego sucio no son corrupción es una forma de corrupción moral e intelectual. Es probable que la corriente justificativa de la modificación del delito de malversación circule por los albañales acostumbrados: primero se afirma que la reforma es impensable, luego se abre la puerta a la posibilidad de hacerla, después se dice que la regulación actual es anacrónica, excesiva o injusta, que el cambio es necesario —es más: ¡urgente!— para homologarnos con Europa, que si molesta a la derecha algo bueno tendrá y que además así hay paz social en Cataluña, donde al parecer esta se consigue contentando siempre a los secesionistas, que encuentran nuevos motivos para sentirse agraviados porque esa es su forma de vida, e ignorando a todos los demás.

En el simulacro del debate público español todas las motivaciones son espurias: grupos parlamentarios jalearon que se lanzasen objetos a diputados y ahora nos preocupamos por el mal ambiente del Congreso, el PP se escandaliza por un control político de la justicia al que ha contribuido con empeño, los impuestos a las eléctricas son imprescindibles hasta que se bajan para contentar al nacionalismo. Lo mejor que podemos hacer es contemplar el fascinante espectáculo con espíritu de zoólogo. La forma de la modificación de la malversación es tan discutible como el fondo. La ley debe ser impersonal y aquí pretende favorecer a unas personas concretas: ese derecho penal de autor es otra forma de corrupción. Si se produce la modificación y hay consecuencias no deseadas, la culpa será de otros. Pero las consecuencias deseadas también son difíciles de aceptar. La rebaja protegería a un grupo privilegiado, que constituyen los únicos que pueden malversar: es, por decirlo con palabras de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, una ley para la casta, y lo que entretiene a sus impulsores es cómo evitar que beneficie a la variante equivocada de la casta. @gascondaniel