Aragonès aprovecha el pacto sobre el Código Penal para enarbolar su apuesta por el diálogo

La mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, acordada por los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès, no cuenta con muchos adeptos más allá de sus propias parroquias. De hecho, ese foro está en la mira constante tanto del independentismo defensor de la vía unilateral como de la derecha en el Congreso: ambas partes comparten diagnóstico: se trata de un artefacto estéril, cuyo único objetivo es que ERC mantenga al PSOE en el poder. De ahí que el líder catalán se haya empleado a fondo este viernes en defender el pacto sobre la derogación del delito de sedición y la modificación del de desórdenes públicos (en el que supuestamente quedarían englobados los hechos del procés). El republicano ha puesto su empeño no solo en considerar que el cierre de la reforma es un paso importante para “acabar con la represión”, sino también en que este ha sido posible gracias a la vía del diálogo y su empeño en mantenerla.

“Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos políticos por convocar el referéndum del 1-O. Este acuerdo es una clara muestra de que perseverar en tus objetivos da frutos. Perseverar en tus ideas permite llegar a pactos”, ha defendido el president en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. El anuncio lo ha hecho justo antes de que los dos partidos que dan apoyo al Ejecutivo de Sánchez registraran el proyecto de ley en el Congreso, dando así a entender que el nivel de confianza con el Ejecutivo central pasa por un buen momento. “Con la derogación de la sedición será más difícil perseguir arbitrariamente al independentismo”, ha remachado el republicano.

El jefe del Govern ha dejado claro que, tras cosechar el fruto de lo plantado en la última mesa de diálogo, en julio, hay que seguir por ese camino. Y ha asegurado que, una vez lograda la meta volante de la sedición, seguirá “trabajando para construir nuevos acuerdos” que permitan lograr “los efectos de la amnistía”. ERC espera que en el proceso de tramitación también se pueda tocar algún aspecto del delito de malversación y así evitar que muchos ex altos cargos independentistas acaben en prisión. Y quiere más. “Pese a las dificultades, seguiremos utilizando toda la fuerza democrática para lograr el fin de la represión y para que los catalanes vuelvan a votar sobre el futuro político del país”, ha insistido Aragonès.

Efectivamente, los ataques del independentismo y de la derecha no se han hecho esperar. Ya con la literalidad en la mano, el expresident Carles Puigdemont, posible beneficiario de la extinción de la sedición, ha insistido en que se trata de un simple camuflaje para seguir criminalizando el referéndum del 1-O. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo concluye que el independentismo “nunca se conforma” y que los cambios en el Código Penal solo responden al interés personal de Sánchez en mantenerse en el poder con la ayuda de ERC. También han llegado críticas desde entidades sociales como Ómnium o la Alianza contra la Pobreza Energética, que opinan que los actos de protesta están ahora más amenazados.

Que Aragonès haga una distinción entre una amnistía y los “efectos de una amnistía” no es gratuito. Es la manera en la que los republicanos se enfrentan al no rotundo de La Moncloa a aceptar ese perdón generalizado a los implicados en causas judiciales. “Ahora hay un acuerdo sobre eliminar el delito de la sedición. Otras cosas que queden abiertas durante el trámite parlamentario se pueden terminar de acabar”, ha dicho.

El president ha dejado claro que no se trata de un “acuerdo entre partidos” sino entre Gobiernos, y por eso ha eludido puntualizar si el cambio legal lo acerca al PSC, por ejemplo, en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat. Tras la salida de Junts, los republicanos gobiernan en minoría y necesitan el apoyo de los socialistas o sus exsocios para que las cuentas salgan adelante. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, descartó inicialmente a los socialistas catalanes como socios, al considerar que no era suficiente su compromiso contra “la represión”.

Puigdemont, huido en Bélgica, ha dejado claro su rechazo a la reforma y está por ver si su defensa intenta sacar algún rédito del panorama que plantea el Código Penal. Otra posible beneficiaria y huida en Suiza, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que si bien aplaudía el cambio legal, no tiene “garantías” para regresar a España. Aragonès no ha querido comentar los casos particulares, pero ha insistido en que se ha de ir “paso a paso” en la “desjudicialización”. “Conocemos cómo es la cúpula judicial española, donde la aplicación de las leyes no es una lectura neutral y objetiva”, se ha quejado.

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