Madrid como síntoma

Un sistema sanitario debe estar bien dotado técnicamente, pero su principal capital, el elemento imprescindible para una buena prestación asistencial, son sus profesionales. Si el personal sanitario flaquea, todo el edificio se viene abajo. Cuando los profesionales sanitarios no pueden ejercer su labor con la atención y el sosiego que requiere su delicado trabajo, lo que se acaba resintiendo es la calidad asistencial. Y quienes lo pagan son, además de los propios profesionales, los enfermos. El deterioro y la conflictividad que vive la sanidad madrileña no es consecuencia de un enfrentamiento o de una carencia puntuales. Aunque la caótica reorganización de las urgencias extrahospitalarias haya sido el desencadenante y haya propiciado una catarata de dimisiones, el cúmulo de malestar, enfado y desconfianza hacia los gestores no se fragua en un día. Es el resultado de políticas de desmantelamiento de la sanidad pública aplicadas desde hace años y cuyo resultado es el debilitamiento de las estructuras del sistema, ya sea mediante la privatización de la gestión o los servicios, ya sea con recortes y carencias organizativas que someten al personal a niveles insoportables de desgaste emocional.

Los datos conocidos estos días son contundentes. No se puede pretender reabrir los 38 servicios de urgencias cerrados por la pandemia, repartiendo los sanitarios que atienden los 40 centros de urgencias rurales, es decir, con la mitad del personal, y comunicando cambios de horario y de lugar de trabajo con apenas unas horas de antelación. Atribuir el malestar que ello provoca, y el elevado porcentaje de bajas y renuncias al puesto de trabajo (40% de todo el personal sanitario, 57% de los facultativos) a un boicot y al “terror sindical y político de la izquierda”, como ha declarado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, solo puede ser interpretado como inconsistencia profesional, falta de respeto y voluntad incomprensible de enconar el conflicto.

Lo que ocurre en la sanidad madrileña es muy grave y no es casual: responde a un modelo de sanidad con rasgos ideológicos de neoliberalismo militante. La manera de proceder de Díaz Ayuso encaja con una estrategia de debilitamiento de la sanidad pública por parte de los poderes públicos que deberían protegerla, y el beneficiario de esa estrategia es la sanidad privada. Hace tiempo que el PP abandonó la idea, acariciada en los años ochenta, de una reforma sanitaria en que el Estado financiaría las prestaciones, pero los usuarios podrían elegir el proveedor. La fórmula que se barajaba era la extensión del sistema Muface de los funcionarios a toda la población. El rechazo que provocó llevó al PP a emprender otra vía: privatizar la gestión de hospitales y servicios, es decir, facilitar que se parasitase de forma progresiva el sistema público por parte del sector privado.

En Madrid se sigue aplicando, combinado con una política de recortes. Hay una relación clara entre el agudo deterioro de la sanidad pública y el aumento de las pólizas de seguro privadas. La generalización de esta política lleva a un sistema dual que rompe el principio de equidad que define al actual sistema nacional de salud. Por un lado, un sistema público infradotado, estresado y con una fuga constante de profesionales, con apenas capacidad para cubrir las necesidades básicas de la población con menos recursos, y un sistema privado de seguros reforzado por la huida masiva de usuarios del sistema público que pueden permitirse pagar las pólizas. Con el tiempo, esa fuga podría utilizarse para justificar alguna forma de financiación pública de las pólizas privadas. Este es el conflicto de fondo. Es evidente que las decisiones adoptadas por el PP en Madrid no mejoran la calidad de la atención de las urgencias extrahospitalarias y cabe sospechar que la conflictividad inducida por las declaraciones incendiarias de la presidenta solo es ruido de traca para desviar la atención.