Mamografías a 20 euros: Madrid paga 80 millones por derivar pacientes de la sanidad pública a la privada pura

Un gasto liliputiense para una administración con un presupuesto de 22.000 millones de euros llega en junio al Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: 2.660 euros para el Hospital Beata María Ana por realizar “sin concierto” mamografías y pruebas complementarias. Ese pago minúsculo por haber atendido a pacientes de la sanidad pública en la privada es la punta del iceberg de un gasto mayor: desde 2016, la Administración regional ha pagado casi 80 millones de euros (77,6) para que seis centros asistenciales que forman parte de la asociación Hospitales Católicos de Madrid y otras empresas hagan mamografías, atiendan a pacientes con daños cerebrales irreversibles o asuman ingresos psiquiátricos, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Justo cuando el Gobierno de la nación impulsa la ley de equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud, que busca limitar al mínimo imprescindible las derivaciones a la sanidad privada, la pirueta es doble: Madrid no solo cuenta para estas coberturas con la sanidad pública, o con la privada concertada. También envía a los pacientes a centros privados puros firmando contratos específicos.

“En este nuevo escándalo de la gestión sanitaria de la Comunidad hay tres componentes que se refuerzan entre sí”, denuncia José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad del País Vasco, exdiputado del PSOE y profesor emérito del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad. “El primero, un grave abandono de inversiones muy necesarias en radiología y otros equipamientos, pero también, y especialmente, en camas de media y larga estancia”, plantea. “En segundo lugar, un uso ineficiente de los recursos públicos disponibles, clarísimo en el caso de las mamografías”, continúa. “Y en tercer lugar, una mala gestión que incumple sus propias normas y compra servicios discrecionalmente sin la cobertura contractual de un concierto”, añade. “Este incumplimiento, en parte, se debe a haber jibarizado y descapitalizado la administración sanitaria; y otra parte deriva de un estilo de gestión tipo cortijo. A ello se añade la querencia del PP por el sector privado…”

Ingresos de pacientes

Estas afirmaciones causan sorpresa en el Gobierno regional, donde se destaca que el sistema público se ha apoyado en el privado desde hace años. “Estos contratos se hacen para agilizar la atención a los pacientes, por necesidades asistenciales que exceden la capacidad actual del sistema, y no es necesario realizarlos mediante concierto”, detalla un portavoz gubernamental.

La parte del león de esta partida de gasto son los ingresos de pacientes (76,7 millones de euros) y no las pruebas diagnósticas (960.000 euros).

Entre los receptores de las derivaciones desde la sanidad pública están la mayoría de los centros integrados en la red Hospitales Católicos de Madrid, que ha declinado hacer declaraciones y que está formada por centros privados, muchos de ellos sin ánimo de lucro, según su página web: el complejo asistencial Benito Menni; el Sanatorio San Francisco de Asís; el Hospital Beata María Ana; el Hospital de la Venerable Orden Terciaria San Francisco de Asís; la Clínica San Miguel de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, o el Hospital San Rafael. Además, en el listado de receptores de pacientes de la pública también se incluyen la Clínica de Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, sin ánimo de lucro, o la Clínica Santa Elena; uniones temporales de empresas como Analiza Sociedad Diagnóstico, o empresas como el Centro Médico Maestranza, o la Clínica Sear.

Para Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, los 77,6 millones derivados al sector privado son una manera “de jibarizar los servicios públicos” que se hace de una manera “invisible” para que la población no se dé cuenta. Por ejemplo, argumenta, desde el mismo momento en que a una ciudadana la llaman por teléfono y le ofrecen una cita en 15 días para realizarle una mamografía en un centro privado. “Y si responde que es que a ella la están llevando en La Paz, por ejemplo, le dicen que si la quiere ahí tendrá que esperar cuatro meses. Claro, la gente quiere que se lo hagan cuanto antes, y acepta. Pero hemos comprobado con gente que trabaja en los propios hospitales que muchas veces mienten en esas listas de espera”, explica. “Hay una política clarísima de deterioro de la sanidad pública para fomentar el uso del sector privado”.

Esa denuncia sobre el funcionamiento del sistema contrasta con la firme defensa de la colaboración entre la sanidad pública y la privada que hizo el martes el consejero Enrique Ruiz-Escudero, a raíz de la nueva ley estatal, que busca priorizar la gestión pública directa, limitando al mínimo imprescindible las derivaciones a la privada y minimizando la diferencia de prestaciones en función de la comunidad autónoma.

“La voz de las comunidades debe ser escuchada y tenerse en cuenta”, dijo el asesor de Ayuso. “Algo que no ha ocurrido en el caso de la ley de equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud”. Y remató: “[Es] un error mayúsculo que supone un retroceso evidente. Es una norma de marcado sesgo ideológico que va a empobrecer la calidad asistencial y que ataca de forma injusta e intencionada a la sanidad privada”.

Investigación parlamentaria

Basta examinar el expediente que derivó en el gasto de 2.660 euros aprobado en junio por realizar mamografías en el Beata María para entender cómo funciona el sistema. En 2019, las mamografías se pagaban a 20 euros. Ese era también el coste de las pruebas complementarias a las que pudieran obligar los resultados, según consta en las facturas emitidas por el centro.

“Esto es una manera de sacar el dinero del circuito público, lo que está nutriendo a la sanidad privada con el objetivo, supuestamente, de sacar adelante la listas de espera”, denuncia Julián Ordóñez, portavoz de Sanidad de UGT en la Comunidad de Madrid. “Hay que tener claro que es un desvío de dinero público para algo que se podría hacer mucho más barato en la pública si estuviera bien dotada”, reclama.

“Ese dinero significa una renuncia a la gestión directa a través del Servicio Madrileño de Salud cuando se necesita financiación, más personal y más medios”, coincide Ángela Hernández, portavoz del sindicato médico Amyts.

En la misma línea se expresa Mariano Martín-Maestro, portavoz de CC OO: “En lugar de dinero para personal, se prefiere financiar la privada”, lamenta.

Los casi 80 millones gastados desde 2016 son una cifra lo suficientemente importante como para haber provocado un pequeño terremoto político. Eso asegura Javier Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea, el partido con más diputados de la oposición al Gobierno de Ayuso.

“Las listas de espera de pruebas diagnósticas en nuestra comunidad no paran de crecer, y eso sirve para alimentar sin freno a múltiples centros privados que viven en parte de lo que les contrata lo público”, dice sobre las mamografías. “Hacerlo a base de partidas menores sin concierto es algo que tendremos que investigar parlamentariamente, pero que a primera vista parece claramente irregular”, advierte. Y protesta: “El sistema sanitario público no puede ser una fuente que riegue de dinero a las empresas privadas, mientras no se dimensiona para afrontar las pruebas y consultas que su población necesita”.

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