Memoria y democracia

El 21 de octubre entraba en vigor la Ley de Memoria Democrática y 10 días después, el 31, se celebraba por primera vez un acto de Estado en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista a lo largo de más de 40 años. Ocurrió 47 años después de la muerte de Franco y 44, de la aprobación de la Constitución. Precisamente, la rotundidad simbólica del momento estuvo expresada por la amplísima presencia del Gobierno con el presidente Pedro Sánchez al frente y también por la fecha escogida para conmemorar el día de las víctimas: es la misma de la aprobación de la Ley Fundamental en el Congreso de los Diputados en 1978.

La ley conduce a España a los estándares democráticos que otros países con pasados traumáticos como el español pudieron alcanzar varias décadas antes tras la II Guerra Mundial. Pero España lleva ya más tiempo de democracia que de dictadura. Las depuraciones, encarcelamientos, asesinatos y vejaciones sin fin fueron el pan de cada día durante cuatro décadas. Hoy, aquellas víctimas tienen edades muy avanzadas, como Nicolás Sánchez-Albornoz, o ya no están, pero sí sus herederos, que son quienes recibieron el documento de reconocimiento de la activista Juana Doña (14 años de cárcel), el militante comunista Luis Lucio Lobato (26 años), Julián Grimau, ejecutado por el régimen en 1963, la escritora y exiliada Luisa Carnés, los sacerdotes José Ariztimuño Olaso y Adrián de Luz o el democristiano Fernando Álvarez de Miranda.

La nostalgia del franquismo es exigua hoy en la sociedad española, aunque haya rebrotado un neonacionalismo ferviente afiliado casi siempre a Vox. Por eso, es doblemente inexplicable la ausencia del PP en el acto: no acudieron ni Alberto Núñez Feijóo ni Isabel Díaz Ayuso ni José Luis Martínez-Almeida. Es un grave error civil, pero también político y contraviene las palabras del comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff: las políticas de memoria “no son un invento de España o de un partido político, son asuntos de Estado y responden a obligaciones internacionales”. Ese acto no excluía a nadie. No hay discrepancia política que exima de la responsabilidad de reconocer a las víctimas de este pasado atroz. El desaire de la inasistencia no es al Gobierno, es a ellas y a la memoria democrática compartida.

Aunque la conciencia democrática no se fabrica a golpe de leyes sino de cultura y conocimiento, es buena noticia que el Estado haya impulsado decididamente las facilidades para la investigación, un inventario de lugares de la memoria liberal, desde las Cortes de Cádiz hasta la misma resignificación de Cuelgamuros, pendiente de un concurso de ideas, el repudio de la exaltación del fascismo y el compromiso de la Administración General del Estado de asumir el proceso de búsqueda e identificación de los desaparecidos, que fue vieja aspiración de represaliados del terror falangista y franquista. Cualquiera de las medidas de esta nueva ley, tardía pero necesaria, elude el revanchismo o la venganza porque, más de 40 años después del fin de la dictadura, fundamentalmente, el Estado resarce a quienes fueron víctimas de una guerra y una dictadura organizada desde abril de 1939 como auténtico Estado de terror. Desde entonces ningún vencido pudo recordar a sus muertos ni reclamar nada a nadie: los derrotados fueron excluidos de las leyes de memoria del franquismo. Cada 31 de octubre podrá la sociedad española recordar con honores de Estado a las víctimas de un tiempo de guerra, silencio y destrucción, abolido hace ya más de cuatro décadas.