¿Está cambiando el viento? El Gobierno y la nueva frontera

En el debate del estado de la nación de junio de este año, el Gobierno protagonizó un importante giro en su rumbo político. Ese día, Sánchez anunció un impuesto extraordinario a los bancos y las eléctricas, se consolidaba la intervención de mercado para topar los precios del gas y se anunciaban más medidas sociales para la mayoría trabajadora. Sin embargo, esto no era necesariamente una novedad. Aunque habían sido insuficientes para contener el empobrecimiento y el crecimiento de la desigualdad, hasta entonces el Gobierno había llevado a cabo importantes políticas sociales para proteger a los sectores más golpeados por la crisis derivada de la covid primero y por el impacto de la crisis energética después. ¿Cuál es entonces la diferencia que permite hablar de un giro en la orientación estratégica del Gobierno?

En una primera etapa, las políticas sociales eran presentadas como políticas temporales y convenientes y buenas para todos, con especial énfasis en los más humildes pero básicamente respuestas compartidas a problemas ajenos a la comunidad política (la pandemia, la guerra). El giro estratégico del Gobierno a partir de junio, sin embargo, señalaba y por tanto politizaba una diferencia interna a la comunidad política que antes no había nombrado: España vive una pugna por la distribución de las cargas de la crisis, en la que una minoría privilegiada se está beneficiando de una crisis cuyos costes está pagando la amplia mayoría ya trabajadora. Sobre las calamidades que nos azotan desde el exterior se superpone ahora una problemática política: la de la disputa por quién paga esta crisis. Al hacer esto, el Gobierno problematizaba la desigualdad y además reaccionaba a una inercia típica de los momentos de crisis en los que , sin responsables alternativos, esta se le achaca siempre por defecto al Ejecutivo.

Ya en su investidura le señalamos al presidente que el problema no eran tanto los síntomas del auge reaccionario como la causa del desgarro social producido por el aumento de la desigualdad. Después, durante la legislatura hemos insistido en que se fijase como prioridad las dificultades de la vida cotidiana de la España trabajadora. Por último, en la primavera de 2021 le habíamos advertido de que la legislatura había entrado en un momento de bifurcación y que, en adelante, lo que restaba sólo dependería enteramente de cómo respondiese el Gobierno a la pregunta de quién iba a pagar los costes de la crisis. No se trataba sólo de advertencias morales, sino directamente políticas: llevamos dos años emplazando al Gobierno a elegir otro terreno de juego y otros términos de la contienda para no sucumbir ante la ola reaccionaria que marca el clima de la época.

El nuevo rumbo elegido, aunque aún insuficiente, marca una senda económica y políticamente correcta. En términos económicos, las subidas del salario mínimo no han traído la catástrofe para el empleo que preveían los conservadores, sino que, protegiendo la capacidad de compra de los sectores populares, han sostenido el consumo y así la actividad económica. La reforma laboral no ha destruido empleo, sino que ha recuperado derechos para los trabajadores. La intervención del mercado eléctrico, de nuevo a pesar de los agoreros, ha controlado sensiblemente los precios aliviando las facturas que pagan los hogares. Los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas se han demostrado perfectamente asumibles por sectores que están registrando beneficios récord y caídos del cielo. Y queda mucho margen para seguir avanzando en esta dirección.

En términos políticos, esta orientación no es diferente de la que las instituciones europeas están recomendando y la mayoría de los países de nuestro entorno están aplicando: pedir más esfuerzo a quien más puede, brindar más protección a quien lo necesita y extender la capacidad de intervención de Estados preocupados por el desarrollo y que puedan mirar al medio y largo plazo. Mientras el experimento neothatcheriano en el Reino Unido ha fracasado estrepitosamente, buena parte del establishment europeo adopta políticas contracíclicas y keynesianas que en la anterior crisis del año 2008 estaban proscritas. El recetario neoliberal parece hoy arcaico y desprestigiado y eso, sean cuales sean las motivaciones de los diferentes actores, sólo puede ser una buena noticia para las fuerzas democráticas: hoy hay mejores condiciones en Europa para avances en un sentido igualitarista.

Por último, en el plano doméstico, los españoles entienden y valoran positivamente las medidas de redistribución de las cargas emprendidas por el Gobierno. En España hay una comprensión muy extendida de que la desigualdad en nuestro país es mucho mayor que en nuestro entorno, y que además es socialmente injusta, económicamente ineficiente y democráticamente muy peligrosa. Pese a que la agresividad de los reaccionarios lleve a pensar otra cosa, en España hay mimbres culturales para una política centrada en el combate a la desigualdad.

La valoración positiva de las políticas públicas del nuevo rumbo gubernamental reúne a una amplia mayoría de ciudadanos que incluye a importantes contingentes de quienes hoy declaran preferir votar a las formaciones de las derechas. Esto no se traslada directamente al sentido del voto, porque este siempre está mediado cultural e ideológicamente, pero explica algo de lo incómodas que están las formaciones conservadoras en la discusión en este campo, que sienten como no propicio para ellas. Señala también una vía para recuperar la iniciativa política.

En política, las identificaciones y las posiciones no están dadas, ni por la historia ni por intereses económicos objetivos. Se construyen por el sentido que le damos a lo que vivimos, y este sentido siempre es el resultado de la contienda entre diferentes interpretaciones o discursos que siembre dibujan una frontera primordial en torno a la cual se establecen las divisiones nosotros/ellos.

El giro estratégico del Gobierno es así en primer lugar un giro discursivo: ofrece otra interpretación de la realidad. Comenzó la legislatura pidiendo apoyo para frenar a la ultraderecha, y se perdieron meses preciosos en una política “defensivista”, fuese en las vertientes retóricas moderada o “frentepopulista”. Se trataba de un discurso paralizante, que no daba argumentos para la defensa del Gobierno más allá de lo malos que fuesen los otros, que desarmaba a los sectores subalternos y que caía resbalando sin permear la vida cotidiana y sus problemáticas. Esa orientación estratégica obtuvo sonadas derrotas entre quienes las propugnaban en Madrid y Andalucía, y llevó al Gobierno a una dinámica muy marcada de pérdida de la iniciativa política y de declive electoral, mientras la base social progresista se amilanaba.

El Gobierno parece ahora haber entendido por fin la necesidad de un cambio drástico de estrategia. Hoy no declara como su objetivo la contienda contra la derecha, sino contra el injusto reparto de las cargas de la crisis. No pide ya el apoyo para frenar a “la ultraderecha”, sino para frenar el crecimiento de la desigualdad y el empobrecimiento, equilibrar la balanza y hacer la vida de la mayoría más fácil, exigiéndole por ello una mayor contribución a la minoría más enriquecida. Estamos, por tanto, ante una nueva frontera política: la frontera abajo/arriba ha desplazado parcialmente a aquella izquierda/derecha y se ha probado más favorable porque, especialmente en tiempos de crisis, amplía el campo propio pues se dirige a más ciudadanos, entronca más con la experiencia cotidiana y la explica mejor, a la vez que pone en dificultades a los adversarios políticos, buena parte de cuyos seguidores se sienten también interpelados.

No se trata, nunca se ha tratado, de gobernar más “para la izquierda”, o para contentar a la izquierda. En esos términos es en los que el adversario, satisfecho, espera librar la batalla, con un clima propicio a sus intereses. Se trata de que el Gobierno oriente su acción a la amplia mayoría social que sufre de la angustia y la incertidumbre de una vida que se ha hecho cada vez más difícil. Y que la interpele en esos términos, problematizando más la divisoria de la desigualdad que la de la geografía parlamentaria izquierda-derecha. Desde que el Gobierno lo ha hecho, ha recuperado la iniciativa política.

Las derechas aún encabezan todas las encuestas y libran aún las batallas con el descaro de quien lleva varios años a la ofensiva. Y siguen teniendo el clima ideológico a favor por la resaca del ciclo político anterior. No obstante, este giro puede suponer un punto de inflexión, otra ordenación de la contienda, y queda un año de legislatura que se les puede hacer largo.

El camino por fin emprendido por el Gobierno es correcto y tiene condiciones históricas para poder recorrerse con éxito. La caída del Gobierno de Liz Truss en Inglaterra es algo más que la crisis de un Gobierno: es la crisis del modelo neoliberal, intelectualmente muerto pero al que aún hay que enterrar políticamente. Hoy, Sánchez se encuentra en Europa con condiciones que el primer Gobierno de Mitterrand en Francia o el Gobierno de Tsipras en Grecia no pudieron ni soñar. En España, este giro le ha permitido al Gobierno recuperar la iniciativa, ampliar su espacio y estrechar el del contrario, así como proveer elementos para un rearme moral del pueblo progresista.

Aun si tímido e incipiente, aun en medio de titubeos e inexplicables renuncias, este es un camino posible. El único camino posible, a decir verdad. Poco importa si el Gobierno lo ha emprendido por olfato, por escuchar otras voces, por convencimiento o, como suele pasar en política, por una mezcla de todo. La tarea de los que militamos por la democracia y la justicia social es explicar, acompañar, proponer y profundizar en este giro. Con la misma convicción con la que hemos criticado los titubeos y los pasos atrás, tenemos hoy que empujar para llevar esta política hasta sus últimas consecuencias. Más allá incluso de los planes iniciales del Gobierno. Para que abra un ciclo virtuoso de transformaciones que, al tiempo que mejoran la vida de quienes más lo necesitan, eduquen a los que más inyección moral precisan en la posibilidad de librar batallas y ganarlas. Para una ofensiva por la redistribución de la riqueza que frene la pulverización de nuestra comunidad y democratice la estructura social. Para fortalecer un Estado emprendedor y planificador capaz de conducir una transición ecológica que sea palanca de prosperidad y justicia social. Este camino, el de una larga guerra de posiciones en el Estado y la sociedad por la democratización de las relaciones sociales, seguramente no es el que el Gobierno de Sánchez habría elegido como objetivo para esta legislatura. Pero hoy es el único que puede llevar a una salida justa de la crisis, a expandir el horizonte de las transformaciones y, de paso, a que repita el actual Gobierno.