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Aumenta la brecha de la riqueza que parte a España en dos mitades

La grieta entre el sur pobre y el norte más rico se agranda, denuncia la red que lucha contra la exclusión social

Pobreza
Varios usuarios del comedor social benéfico San Vicente de Paul-Hijas de la Caridad, en Sevilla, este lunes.PACO PUENTES
Javier Martín-Arroyo

La pandemia y su grave crisis económica han ensanchado la brecha que separa el norte y el sur de España, con niveles de riqueza cada vez más dispares. Mientras las regiones al sur de Madrid han acentuado sus niveles de pobreza, las situadas al norte han mantenido el tipo. Cada vez la diferencia de renta de las familias para salir adelante depende más del territorio en el que se viva, aclara el informe presentado la semana pasada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN), que aglutina a 8.000 entidades sociales.

“La brecha norte-sur se ha agrandado porque el punto de partida no era bueno. La distancia entre regiones ya se había acrecentado en la crisis anterior, la recuperación iniciada en 2015 no alcanzó a los pobres y la pandemia agudiza lo que ya había”, critica Aitana Alguacil, investigadora del informe, que se basa en la tasa Arope (del inglés At Risk Of Poverty or Social Exclusion), que aúna la pobreza, la privación material severa y la baja intensidad en el empleo (trabajar menos del 20% de horas de las que se puede) en los hogares.

Andalucía y Extremadura lideran esta triste clasificación con el 38,7% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social tras Ceuta (43%), y que cierran Navarra y País Vasco, con el 14,7% y el 16% respectivamente. Estas cifras frías suponen que Andalucía, por ejemplo, soporte la friolera de 3,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, más de uno de cada tres andaluces (8,4 millones), una estadística que solo esconde dolor, angustia y penuria, que a menudo pagan los niños y que rara vez copa los titulares.

Tras la recuperación de la Gran Recesión, estos datos de la pobreza son los primeros que analizan el impacto de la emergencia sanitaria en la base de la pirámide, que ya suman 13 millones de personas en situación vulnerable. A pesar de que la desigualdad norte-sur es estructural, se agudizó con el coronavirus porque el porcentaje de población en el alambre aumentó levemente en el norte (cinco décimas respecto a 2019) y con mayor intensidad en el sur (1,3 puntos porcentuales). “Esto refleja las diferentes consecuencias de las crisis económicas según la situación previa de las personas (…) La covid-19 no produjo una nueva crisis económica y social, sino una continuación de la anterior que aún no se había resuelto”, resume el análisis, que refleja cómo el norte (11 regiones con 27 millones de habitantes) tiene una tasa media de pobreza del 21,8% y el sur (seis autonomías con 20 millones de habitantes) del 35,6%.

Pilar López vive con sus tres hijos y su pareja en la barriada de Carlinda de Málaga. Él trabaja, pero los 1.200 euros de su sueldo como pintor de brocha gorda no alcanzan. “Solo de alquiler pago 650 euros, es imposible llegar así a fin de mes, con la comida y la ropa de los niños, la luz, el agua, internet y un préstamo del coche. Yo ahora no trabajo, aunque alguna vez voy a limpiar a algunas casas por horas”, cuenta ella.

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Con tres hijos de dos, 10 y 12 años, la única solución a corto plazo que ve López para salir del atolladero económico es encontrar un piso con un alquiler más barato, “que no existe”, o que le toque una vivienda de protección oficial en algún sorteo del Ministerio de Vivienda o del Ayuntamiento. “Para el tema del alquiler todos los primeros de mes me las veo y me las deseo. No sé lo que voy a hacer porque cada vez se me hace más difícil pagarlo”, relata. La familia cubre a duras penas los pagos gracias a las ayudas de entidades sociales y administraciones. Hace años que tener un empleo dejó de ser garantía para evitar la exclusión, pero ahora la inflación galopante provoca que ajustar las cuentas de la economía doméstica parezca en muchos hogares un círculo cuadrado.

Andalucía tiene uno de cada cuatro pobres

Andalucía tiene el triste récord de acaparar uno de cada cuatro españoles pobres y/o con exclusión, y 24 de los 30 pueblos de más de 2.000 habitantes más pobres de España, según el atlas de distribución de renta de los hogares publicado hace 10 días por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Junta alega que ha gastado este año 309 millones de euros en medidas como la renta mínima de familias desfavorecidas y proyectos de inclusión social, el 0,7% de los 43.816 millones de su presupuesto global.

Susana García, vicepresidenta de la red andaluza contra la pobreza, resume con pesimismo esta grieta que el coronavirus ha ensanchado: “La diferencia de riqueza entre el norte y el sur se agranda. Y el problema es que no hay visos de que esto se revierta”. Esta ONG censura que no haya una estrategia común del Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos contra la pobreza, a pesar de su gravedad y extensión en la región. Además, la penuria se cronifica y se hereda de abuelos a padres y de padres a hijos.

Una mujer busca en un contenedor el pasado lunes en Sevilla.
Una mujer busca en un contenedor el pasado lunes en Sevilla. PACO PUENTES

La raya de riqueza que divide el país en dos mitades también tiene cierta gradación creciente en sentido este-oeste, con las comunidades del Mediterráneo con tasas más bajas de pobreza que el Oeste. El estudio, que se nutre de la reciente encuesta de condiciones de vida del INE con 52.325 entrevistados, abunda: “Es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza y/o exclusión social (…) y las situadas al sur mantienen tasas extraordinariamente elevadas”.

Clara Martínez-Toledano, coautora de un reciente informe sobre desigualdad de renta en España del think tank EsadeEcPol, explica por qué el sur ha sufrido más con la emergencia sanitaria: “En cualquier tipo de crisis hay más volatilidad del empleo menos cualificado y los trabajadores de las regiones del sur tienen peores resultados en la educación y cualificación de sus empleos. El sector turismo tiene mayor peso en el sur y por eso sufrió más en pandemia, mientras que el norte tiene más industria y maneras de generar más valor añadido”. La grieta que rompe la Península en dos coincide con el mapa de la renta media por habitante, con el rojo que copa la mitad sur y el verde la norte, y el PIB por habitante, que oscila entre los 17.747 euros de Andalucía y los 32.048 euros de la Comunidad de Madrid.

Escudo social

Las ONG resaltan cómo el escudo social del Gobierno ha paliado el deterioro de las economías domésticas más frágiles y analiza las causas que provocan la desigualdad territorial: el PIB, la estructura productiva y la diferente capacidad de gasto de las autonomías. Sobre este último factor, inciden en la reforma de la financiación autonómica, retrasada por el Gobierno: “La pobreza y la exclusión social también dependen de la gestión política, la inversión pública del Estado, la inversión de fondos europeos y las políticas comunes (…) especialmente porque parece reactivarse el interés por enfrentarse de una vez al problema de la financiación territorial”.

Las autonomías peor financiadas son Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Todas ellas están en el ramillete de regiones del sur, aunque Extremadura (38,7% de tasa Arope) y Canarias (37,8%) rompen la equivalencia y están entre las mejor financiadas con el reparto autonómico actual, que caducó en 2014.

Hace un año la EAEP dedicó un análisis a una de las políticas fundamentales para ayudar a los más vulnerables, la promoción de la vivienda protegida, que corresponde ejecutar a las autonomías. Andalucía por ejemplo destinó 28 millones a construir nueva vivienda protegida en 2021, aunque el suspenso es generalizado: “Constatamos que, tanto a escala estatal, como en la mayoría de las comunidades autónomas, hay una clara falta de ambición presupuestaria y políticas y sistemas fuertes y cohesionados que apuntalen este derecho [a la vivienda]. En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años”. Si la vivienda social supone el 9,3% del total del parque, en España es solo del 0,96%.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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