Contra el egoísmo de los más ricos

El Gobierno de coalición acuerda un paquete fiscal que eleva los impuestos a grandes empresas y fortunas y ayuda a autónomos, pymes y rentas bajas. Un paquete ambicioso, que permite avanzar hacia una reforma integral que corrija los dos grandes males del sistema fiscal español: su insuficiencia y su incapacidad de redistribución de la riqueza.

Ambas premisas son una evidencia: España recauda cuatro puntos menos de PIB que la media europea. En la práctica, contamos con 45.000 millones menos al año para sostener el Estado de bienestar, cifra que equivale a la inversión en sanidad que el conjunto de las administraciones públicas realizan durante seis meses o que duplica la inversión anual del Estado en protección contra el desempleo.

Nuestros impuestos fracasan también, como atestiguan numerosos informes, a la hora de lograr una mayor igualdad de condiciones y favorecer la movilidad social: España figura entre los países de la UE donde menos se corrige la desigualdad a través del sistema fiscal. Una tendencia de desigualdad que viene agravándose desde la crisis financiera de 2008 debido, principalmente, a un impuesto de sociedades ineficiente que permite a las grandes empresas aportar cada vez menos.

Dos carencias que implican servicios públicos más débiles y menos instrumentos para ayudar a las familias en situaciones tan graves como la crisis de la covid-19 o las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. No es de recibo que, ante situaciones tan difíciles, haya de ser el Gobierno de coalición, a través de medidas sin precedentes como el escudo social —costeado íntegramente por el Estado, es decir: por el conjunto de los contribuyentes— quien afronte las situación sin que las grandes empresas y fortunas de este país hayan sido capaces de aportar un solo euro más.

La contribución de las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa (que el pasado año obtuvieron los mayores beneficios de su historia), se ha visto reducida a menos de la mitad desde 2007 a través del impuesto de sociedades. Los cien españoles más ricos aumentaron sus fortunas en 20.620 millones (un 17% más) el año pasado. Pero las derechas han decidido, en contra de su propio pueblo, emprender una desatada carrera de regalos fiscales a las grandes fortunas mediante la creación de paraísos fiscales internos que alejan, aún más, a estas corporaciones del bien común.

Este secesionismo económico de las minorías más privilegiadas conduce a una autoproclamada independencia, a una inminente desconexión con el resto de la población. Un egoísmo que aleja a las élites de la responsabilidad debida hacia la sociedad en su conjunto. El marco nacional, pues, queda obsoleto y el vínculo imprescindible con el país… disuelto en favor de unos poderes que solo se entienden entre sí mismos, sin patria y sin más identidad que la del poder económico que comparten.

Es muy sencillo comprender que el peso de una crisis no puede recaer sobre las rentas de los trabajadores, liberando a las grandes empresas y fortunas de las cargas que les corresponden. Revertir esa tendencia ha de ser el único objetivo. Una muy privilegiada minoría no puede desentenderse de una patria que es además la que la sustenta. El devenir de una sociedad nos afecta a todos. Cada uno de sus actores ha de guiarse por el interés general pagando sus impuestos según el principio constitucional de progresividad.

Por ello es más necesario que nunca un debate en profundidad sobre el modelo de sociedad al que aspiramos. Un intenso debate sobre cuál es el sistema fiscal que nuestro país necesita y merece. Mientras las derechas y su secesionismo económico tratan de debilitar los servicios públicos —ya malheridos— supeditándolos a la capacidad de la renta individual nuestra respuesta no puede ser otra que la de fortalecer el Estado con el fin de consolidar avances —dependencia, ingreso mínimo vital— que ayuden a familias, autónomos y pequeñas empresas en el camino hacia un modelo más justo y más eficiente.

Para salir adelante y superar con garantías esta crisis, necesitamos una clase empresarial y emprendedora verdaderamente patriota que realice una aportación decisiva a la construcción de un país más próspero, productivo y que se aleje definitivamente del paradigma de las élites rentistas que únicamente atienden a sus intereses a corto plazo.

A aquellos que aún no lo hayan comprendido, sólo cabe recordarles que una sociedad más justa es también la mejor base para economías más sólidas. Si no aportan más por principios, por ética o por patriotismo, al menos deberían hacerlo por su propio interés: es imposible que un país avance si sus sectores más prósperos no cooperan.

Al Gobierno de coalición, finalmente, le corresponde actuar con la firmeza y decisión que el país exige para implantar medidas que canalicen esa contribución. El nuevo impuesto a las grandes fortunas, la eliminación de privilegios fiscales de las grandes empresas o la supresión de la tasa morada acordados esta semana son pasos adelante, pero es necesario que estas medidas se integren en una reforma fiscal estructural que, con carácter permanente, siente las bases definitivas para construir una sociedad más justa e igualitaria.