Contra los chamanes fiscales

“Los impuestos son el precio de la civilización”, dicen los clásicos. Y la civilización española, en términos estrictamente de impuestos, deja mucho que desear: la presión fiscal española está seis puntos por debajo de la media europea, el sistema es ineficiente, poco progresivo (el 20% más pobre recibe solo el 12% de las transferencias del sector público) y, en fin, redistribuye mal. Pero lo peor no es eso: lo peor es que el debate fiscal español es una calamidad. El PSOE ha contribuido a la pobreza de ese debate (“bajar los impuestos es de izquierdas”, dijo en su día Zapatero), pero el PP se ha esforzado en reclamar bajadas generalizadas de impuestos cuando la economía crecía al 3%, cuando estaba estancada y cuando está en caída libre; paradójicamente, fue Mariano Rajoy quien aprobó la mayor subida fiscal de la democracia en 2012, después de ganar las elecciones con un programa en el que cascabeleaba ese sintagma de las “bajadas generalizadas de impuestos” en medio de una crisis oceánica.

Hace unos días, el supuestamente moderado Juan Manuel Moreno Bonilla dio el pistoletazo de salida de la penúltima carrera fiscal a la baja en las comunidades autónomas. Los barones socialistas no tardaron en entrar al trapo, dinamitando así el relato del Gobierno, que lleva meses tras una reforma fiscal en la que nadie había sido capaz de ponerle el cascabel al gato. Tras el acuerdo con Unidas Podemos, la ministra María Jesús Montero ha intentado este jueves recuperar la iniciativa y rearmar la narrativa del Ejecutivo, muy maltratada tras los anuncios en las autonomías, incluidas las socialistas, de rebajas fiscales.

El Gobierno intenta cuadrar el círculo y aplica bajadas selectivas a las rentas medias y bajas (básicamente en el IRPF) y a las pequeñas empresas y los autónomos; pero el paquete en su conjunto supone una subida de impuestos de algo más de 3.000 millones. ¿A quién? A los grandes patrimonios de más de tres millones de euros, con una tasa temporal de solidaridad; y a las grandes empresas, eliminando la mitad de los agujeros de ese queso gruyère que es la tributación de Sociedades. Junto con las nuevas figuras impositivas a la banca y las eléctricas, Montero, en fin, trata de recuperar la iniciativa y de acabar con el guirigay que han provocado las bajadas fiscales en cascada anunciadas por las comunidades que, alehop, no suponen en ningún caso menos servicios públicos.

Montero —flanqueada por Nacho Álvarez, de Unidas Podemos, una de las mejores cabezas económicas del Ejecutivo— ha dejado un rejón final en su intervención para los “chamanes fiscales”, que siguen sacando a pasear la servilleta de Laffer para tratar de hacer creer a los despistados que bajar los impuestos provoca un incremento de recaudación y, por tanto, no hay que recortar ningún servicio público. No hay comidas gratis, dice un viejo adagio de los economistas, pero eso no cuenta en un debate tan empachado de ideología como este. “Se puede bajar impuestos y aumentar la recaudación porque si hay crecimiento económico y generación de empleo, se pagan los impuestos y desaparece una parte importante de la economía sumergida; la actividad económica crece”, dijo José María Aznar, chamán de todos los chamanes citados por Montero, hace solo una semana en FAES. El FMI, la OCDE, las instituciones económicas internacionales y la profesión económica en su conjunto han desacreditado con una miríada de trabajos académicos esa aproximación aznarista, que aun así aparece una y otra vez en el ideario económico —y en los programas electorales— del Partido Popular. Más curioso es que encuentre cabida también en algún que otro barón socialista. A unos meses del inicio del ciclo electoral, más que una curiosidad, esa postura parece por lo menos sospechosa.

Frente a los vendedores de ungüentos de serpiente y de crecepelo del Lejano Oeste impositivo, tres datos. Uno: la deuda pública española está en torno al 120% del PIB. Dos: el déficit estructural (el agujero fiscal que se produce año tras año independientemente de que la economía crezca o se contraiga) se sitúa en el 4% del PIB. Y tres: España no es un infierno fiscal; está muy por debajo de la media europea en presión fiscal. Con esos números, más propios de un país del Este recién incorporado a la UE que de la cuarta economía del euro, España no puede permitirse bajar impuestos, y tampoco puede permitirse aspirar a un nivel de servicios públicos como el de los países del Norte. En algún momento los partidos centrales del arco político, incluido el principal partido de la oposición, e incluidos los barones del principal partido en el Gobierno, deberían admitir que el emperador está desnudo; por alguna razón ese momento aún no ha llegado. En política, los resultados de cualquier debate dependen de cómo se discute. Y en cuestión de impuestos, y de aquello del precio de la civilización, los españoles discutimos mal. Pero que muy mal.