El Gobierno intentó hasta el último momento parar el anuncio de bajada de impuestos de Ximo Puig

El Gobierno intentó hasta el último momento frenar la bajada de impuestos del tramo autonómico del IRPF por debajo de 60.000 euros que anunció el martes Ximo Puig, el presidente valenciano. Las presiones llegaron de todos los niveles, según fuentes de ambos Ejecutivos, pero fueron infructuosas. Puig estaba completamente decidido a seguir adelante en un asunto que ya había apuntado desde hace más de un mes, y que consideraba un compromiso político sin marcha atrás posible. En el tramo final de la discusión, al ver que Puig y su equipo seguían adelante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó el lunes al consejero de este ramo, Arcadi España, para pedirle que frenara el anuncio que Puig tenía pensado hacer el martes, en el debate sobre el estado de esta autonomía.

Montero, que ha explicado públicamente que está en contra de una bajada generalizada de impuestos porque da un mensaje muy negativo en un momento en el que se necesitan los ingresos públicos para hacer frente a la crisis y para mantener las políticas redistributivas, insistió ante el consejero España en que esta medida rompía por completo el discurso del Gobierno e iba a ser utilizada por el PP —como finalmente sucedió— para atacar al Ejecutivo y exigirle que haga lo mismo que la Generalitat en toda España, algo inviable según la ministra por la gran caída de recaudación que provocaría. Por debajo de 60.000 euros está el corazón de la recaudación del IRPF, ya que a partir de esa cantidad baja muchísimo el número de contribuyentes. La gran masa está ahí. Montero insistió una y otra vez en la inoportunidad de la medida, y pidió a España que la reconsideraran y más teniendo en cuenta el debate fiscal que se ha generado en los últimos días, en el que el Gobierno quiere colocar al PP como el que baja los impuestos a los ricos mientras el PSOE es quien establece un impuesto sobre las grandes fortunas.

Sin embargo, desde la Generalitat argumentaban que esta no es una decisión de última hora de Puig, sino un compromiso adquirido hace un mes, cuando todavía no había estallado la polémica por el anunció de la Junta de Andalucía, en manos del PP, de la eliminación del impuesto de patrimonio. Puig estaba completamente decidido a seguir adelante porque cree que esta bajada es un mensaje muy positivo para las rentas medias y bajas que son las que más están sufriendo la crisis. Además, justificaba que es algo que no implica una gran caída de recaudación —unos 150 millones de euros de rebaja sobre unos Presupuestos de 28.000 que tiene la Generalitat valenciana— y que se puede compensar con el refuerzo que está haciendo a las rentas altas y también con el impuesto de Patrimonio, que al contrario de lo que hace Andalucía, la Comunidad Valenciana no solo mantiene, sino que está reforzando con inspecciones para lograr una recaudación superior a los 200 millones de euros.

Montero insistió en rechazar la iniciativa por el fondo y por la cuestión político. El fondo, como ha explicado ella públicamente, es que no se puede con una mano pedir mayor financiación, como hacen casi todas las comunidades, en especial la valenciana, y con la otra bajar impuestos. Y además, tampoco es coherente, insiste Montero, pedir, por un lado, a Europa 140.000 millones de euros y, por el otro, que los países que más han contribuido a ese fondo, como Alemania, vean que España está bajando impuestos cuando ya es conocido que tiene una presión fiscal mucho menor que la mayoría de los países de la UE, sobre todo los que más han aportado al fondo. Pero además había una razón política local, y es la posición del PP, que ha hecho de la bajada del IRPF para rentas por debajo de 40.000 euros una bandera y que puede utilizar el movimiento de la Comunidad Valenciana contra el Gobierno. De hecho, así fue, y rápidamente los populares pusieron a Puig como un ejemplo. Desde la Generalitat argumentaban que entonces Alberto Núñez Feijóo también tendría que defender la decisión de Puig de mantener el impuesto de Patrimonio. Montero insistía en que esta decisión de Puig rompía el discurso fiscal del Gobierno justo cuando estaba logrando que el PP perdiera este debate por su polémica decisión de bajar impuestos a los más ricos.

En el trasfondo de todo está el horizonte electoral. La Comunidad Valenciana, perdida Andalucía, es la joya de la corona del PSOE, y tiene elecciones el próximo año como la mayoría de las autonomías. Después de la crisis de Compromís, en la que dimitió la vicepresidenta, Mónica Oltra, y con la debilidad de Podemos, el gobierno está en riesgo. El PP está muy débil en esta comunidad después de años de escándalos de corrupción, pero el hundimiento de Ciudadanos lo ha hecho más competitivo y dará la batalla para intentar recuperar una comunidad que fue del PP durante 20 años, hasta 2015. En este contexto, Puig ha querido hacer un gesto hacia las clases medias trabajadoras que en el Gobierno ha sentado fatal.

En la Generalitat argumentan que esta decisión no va contra el Gobierno central ni mucho menos, y no es una bajada generalizada, que rechaza la UE, sino selectiva, porque solo va a algunas rentas medias y bajas, y no supondrá una merma de ingresos públicos que afecte a los servicios sociales ni obligue a recortes. De hecho, tratan de argumentar que no es muy diferente de otras bajadas selectivas anunciadas por el Gobierno como la del IVA de la luz o del gas. Además, insisten en que el IRPF de esta comunidad está de los más altos porque ellos nunca han entrado en la competencia fiscal a la baja de las comunidades del PP. Sin embargo, todos estos argumentos no convencieron a Montero, que hasta el último minuto intentó pararla, sin éxito. Una vez constatada la enorme diferencia, el Gobierno intentó no entrar al choque directo con Puig en las declaraciones públicas, pero nadie ocultó un malestar que se percibe muy claramente en cualquier conversación con los ministros o los dirigentes del PSOE.