REFORMA FISCAL

La Generalitat Valenciana rebaja el IRPF para las rentas inferiores a los 60.000 euros y aumenta un 10% todas las deducciones autonómicas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anuncia “una reforma fiscal progresista” para combatir la inflación que beneficiará “a los trabajadores y clases medias, un 1,3 millones de valencianos

Ximo Puig, a su llegada a las Cortes Valencianas, entre el consejero de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta Aitana Mas.
Ximo Puig, a su llegada a las Cortes Valencianas, entre el consejero de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta Aitana Mas.Mònica Torres

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado este martes una reducción del tramo autonómico del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para el próximo año, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2022, que beneficiará las rentas medias y trabajadoras que ganan hasta 60.000 euros al año. En su plan de reforma fiscal para paliar los efectos de una inflación, el líder del PSPV-PSOE, que gobierna la Generalitat con Compromís y Unides Podem, ha ampliado además el límite de todas las deducciones autonómicas un 10%. En este apartado se incluyen alquileres, reformas del hogar, nacimientos y adopciones, y familias monoparentales, entre otros. El tercer eje de la reforma consiste en un aumento del 10% del mínimo personal y familiar del IRPF (las cantidades deducibles en el impuesto como cuantía mínima de supervivencia) hasta los 6.105 euros con carácter general. Esta última medida permitirá que 33.000 nuevos contribuyentes, con rentas más bajas, no tengan que pagar en su declaración. El coste total de la reforma para las arcas públicas asciende a unos 150 millones de euros, lo que supone un 3,6% de la recaudación y un ahorro de 111 euros de media por contribuyente y difiere del espíritu de las iniciativas planteadas por los presidentes autonómicos del PP. “Esa es la diferencia, señorías, aquí mantenemos el Impuesto del Patrimonio, un impuesto por el que solo tributa el 0,5% de valencianos, los que tienen un patrimonio superior al medio millón de euros”, ha señalado el president.

Puig ha expuesto además otras medidas que beneficiarán a familias con hipoteca, con una deducción fiscal de 100 euros para estos créditos y también para las rentas individuales de hasta 30.000 euros y para la tributación conjunta de hasta 47.000, o transporte gratuito para todos los menores de 30 años. En global, la reforma afectará a 1,3 millones de los 2,4 millones de contribuyentes, entre los que 923.000 ya pagaban cuota 0.

El anuncio de las medidas ha provocado cierto malestar en el Gobierno que preside Pedro Sánchez. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha eludido responder expresamente si el Gobierno está de acuerdo o no a la decisión del líder valenciano. únicamente, y de manera genérica, sí ha pedido un “discurso responsable” a todas las comunidades autónomas porque cada vez que se reducen ingresos “está el debate de qué recortar”. Sin embargo, Puig ha hablado, durante toda su intervención, de escudo social y fuentes de la Generalitat han indicado que su discurso no difiere del de Sánchez, que es garantizar y ayudar a las familias de rentas medias y trabajadoras a hacer frente al impacto de la inflación manteniendo el esfuerzo de las clases altas, “porque al hacer una nueva tarifa que mejora la progresividad se ayuda a que el dinero de las rentas altas se distribuya mejor en los recursos y los medios para las rentas medias”, según fuentes de la consejería de Hacienda..

En el debate de política general, Ximo Puig ha subrayado, ante el pleno de las Cortes valencianas, que esta reforma fiscal beneficia a los trabajadores y a las clases medias y, por tanto, es muy diferente a las propuestas por Andalucía, la Comunidad de Madrid y Galicia, gobernadas por el PP, porque estas favorecen los intereses de los más ricos, con la supresión del Impuesto de Patrimonio, entre otras medidas. “Beneficia a todos los que cobran menos de 60.000 euros, que son la mayoría de la sociedad valenciana”, ha dicho. Las rentas más altas pagarán igual que hasta ahora.

Ximo Puig ha asegurado que el Consell aprobará medidas también para las empresas. “Ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas”, ha dicho el presidente valenciano, que fijó el IRPF más alto en España para las rentas más elevadas tras la llegada al poder del Gobierno de izquierdas en 2015. “No se trata de mercadear. La fiscalidad es democracia, por mucho que digan los populismos viejos y nuevos”, ha indicado Puig, quien ha situado el “debate real” en el destino de los presupuestos “y cómo se reparte la carga”.

Además del IRPF y las deducciones autonómicas, la reforma incluye una nueva tarifa del IRPF “aplicable a la Base Liquidable General que reduzca “la cuota líquida de las rentas de hasta 60.000 euros de forma que aumente la progresividad y la redistribución del IRPF”.

Según los cálculos de la reforma diseñada por la consejería de Hacienda, que dirige el socialista Arcadi España, una pareja que tiene a cargo un familiar de 80 años, que gana 30.000 euros y hace la declaración conjunta, se reduciría en la cuota líquida autonómica 162 euros; en otro supuesto, la rebaja para una pareja que invierte 6.000 euros en reformar su vivienda para hacerla más sostenible, gana 48.000 euros y hace la declaración conjunta, sería de 1.115 euros.

Puig ha lanzado además dos peticiones al Gobierno para que, de los 7.700 millones adicionales que ha recibido España, potencie los ingresos empresariales estratégicos para los valencianos. Así, reclamará un nuevo PERTE para la descarbonización del sector azulejero y la aceleración de la transición energética, con la declaración de “interés público superior” los proyectos de renovables, su conexión a la red, la propia red y sus activos, con lo que los grandes proyectos de energías renovables podrían ser autorizados en un año.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, durante el debate de política general, este martes.
El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, durante el debate de política general, este martes.Mònica Torres

La nueva propuesta fiscal de la Generalitat valenciana, realizada en el debate de política general de las Cortes a ocho meses de las elecciones autonómicas, se suma a los anuncios de supresión y rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid, Andalucía (que elimina el Impuesto de Patrimonio) o Galicia (rebaja del 50% del Impuesto de Patrimonio), que ha desatado un enfrentamiento entre autonomías y el Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez. Puig ha pedido a la oposición “unidad”. “Trasladar la discrepancia política al terreno de la economía es, en este momento, un lujo difícil de mantener”, ha señalado.

Rebaja del IRPF en Galicia

En Galicia, tras el anuncio de bonificación del 50% del Impuesto de Patrimonio realizado la semana pasada, la Xunta ha informado este martes de que los presupuestos autonómicos de 2023 incluirán una nueva rebaja del IRPF en los tres primeros tramos, es decir, en las rentas de hasta 35.000 euros anuales. La bajada pretende compensar así la subida de la inflación, con efectos retroactivos, desde el pasado 1 de enero. Según los cálculos de la Xunta, cada gallego afectado por la medida dejará de pagar una media de 450 euros, lo que tendrá un impacto en las arcas autonómicas de 46 millones de euros.

El mecanismo impulsado por el Gobierno gallego consiste en elevar un 4,1% los límites que marcan el salto de un tramo a otro del IRPF hasta los 35.000 euros, incluyendo a quienes están exentos de abonar este impuesto. Este porcentaje, ha explicado este martes el presidente Alfonso Rueda, es “la subida media de los salarios a nivel nacional”. “La inflación no puede suponer para los gallegos pagar más por el IRPF”, ha esgrimido durante una comparecencia en el Parlamento gallego en la que ha avanzado las principales líneas del presupuesto autonómico del año que viene. La nueva bajada fiscal anunciada en Galicia se une a la del Impuesto de Patrimonio y a la rebaja del 9,4% al 9% en el primer tramo autonómico del IRPF, que comunicó Rueda hace unos meses, cuando fue investido presidente en sustitución de Alberto Núñez Feijóo.

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