Las comunidades del PP acentúan la competencia fiscal a la baja a un año de las elecciones

La política tiene sus calendarios. Cuando se aproximan los ciclos electorales se multiplican los anuncios de bajadas de impuestos en los territorios gobernados por el Partido Popular bajo el argumento de que así se espolea la economía y se crea empleo. Los dirigentes de izquierdas, por contra, apuestan por elevar el gasto social y las inversiones con la tesis de que así reducen la desigualdad. En las últimas semanas, este catecismo fiscal se está cumpliendo a rajatabla. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció este lunes que suprimirá el impuesto de patrimonio. Una medida que solo beneficia al 0,2% de los contribuyentes andaluces, unos 20.000 ciudadanos. Las familias más pudientes, con un patrimonio superior a 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, dejarán de pagar de media 5.800 euros al año. La madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado rebajas fiscales, rebajará el IRPF de acuerdo con la inflación y ha prometido deducciones fiscales para vivienda, educación y otros guiños tributarios a los hogares y autónomos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, también ha comprometido una “rebaja fiscal histórica”. Y así todos los presidentes autonómicos del PP están anunciando rebajas tributarias en la fase final de la legislatura.

Esta movilización tributaria del PP contribuye a agravar la competencia fiscal entre las autonomías a nueve meses de las elecciones autonómicas en un país con una de las tasas de presión fiscal más bajas de la Unión Europea. La recaudación tributaria en España respecto a su riqueza ascendió al 39,1% del PIB al cierre del año pasado, siete puntos menos que la media de la UE. Lo que evidencia que España cosecha menos ingresos tributarios que el resto de países de su entorno, a pesar de ser uno de los más desiguales.

En los últimos años, sobre todo tras superar el síncope de la pasada crisis financiera, las comunidades autónomas gobernadas por los populares iniciaron una carrera fiscal a la baja en sus impuestos cedidos. Aunque apenas aplicaban rebajas cosméticas, casi limitados al impuesto de sucesiones, porque no tenían mucha capacidad para ahondar en los regalos fiscales. Rubén Gimeno, experto del Consejo General de Economistas, recuerda que a diferencia del impuesto sobre el patrimonio que ha estado años sin tocarse, la carrera a la baja en el impuesto sobre sucesiones y donaciones empezó hace años.

Madrid siempre ha ido más lejos. Lleva años enarbolando esta política liberal como laboratorio ideológico del PP. Antes con Esperanza Aguirre y ahora con Ayuso. Hace unas semanas fue la primera en anunciar que deflactará la tarifa del IRPF, una medida que beneficiará tanto a las rentas bajas como a los que más ganan. Las sucesivas rebajas de Madrid en su escala del impuesto sobre la renta, en patrimonio, sucesiones y donaciones y otras figuras tributarias han generado recelos en el resto de autonomías, que la acusan de competencia fiscal desleal. Aducen que Madrid se puede permitir bajar los impuestos más que el resto porque es la sede de las grandes compañías y de las grandes instituciones del Estado, con trabajadores con salarios más elevados. Y critican que la capital explote esta política para atraer grandes patrimonios que cambian su domicilio fiscal para beneficiarse de las ayudas tributarias.

“El modelo fiscal de Madrid está siendo copiado por el resto de comunidades del PP”, explica Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas. Madrid ya no es la única autonomía que rebaja impuestos. La abundancia de recursos que ofrece el sistema de financiación y las medidas aprobadas por el Gobierno central para que las comunidades puedan garantizar los servicios públicos esenciales durante la pandemia y la crisis energética ha llenado las arcas públicas regionales a niveles nunca vistos. Y eso permite a otras autonomías populares seguir esta política de guiños fiscales. “El Gobierno central ha sido tan protector con la autonomía financiera de las comunidades autónomas que sin querer ha dado margen para que puedan hacer eso”, explica Santiago Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo.

Lago explica que aunque los anuncios de rebajas en patrimonio o sucesiones y donaciones en realidad representan poco en la recaudación fiscal, pero sí terminan provocando un movimiento más perverso. “El desplazamiento de rentas supone que un individuo termina tributando por IRPF, cuyo impacto es más significativo, en otro territorio”, precisa. En realidad, reconoce Lago, la Comunidad de Madrid es un sitio atractivo más allá de los impuestos, más que otras capitales de provincia. Además, añade, Cataluña ha dejado de serlo tras los años del procés. Cuando los ciudadanos, sobre todo los que tienen un gran patrimonio, empiezan a experimentar que además pagan menos impuestos se termina produciendo un desplazamiento de domicilios fiscales. “Y, ¿hasta cuándo aguantan las comunidades que han perdido contribuyentes? Cada vez más el resto de autonomías van a jugar a no perder y terminará produciéndose más bajadas”, razona. Y eso es lo que está pasando ya en Andalucía, que anuncia rebajas para evitar la fuga de patrimonios.

Lago reconoce que también hay una parte ideológica en el tratamiento fiscal de las comunidades del PP. “La visión fiscal de la izquierda y la derecha no es la misma”, dice. Para los partidos de derecha los tributos terminan siendo un obstáculo para la actividad económica. Por eso, se afanan en reducirlos. Para la izquierda es un instrumento para reforzar el Estado social.

Medida “efectista”

Por todo eso, el PP andaluz no es una excepción, ha hecho de la bajada de impuestos una de sus consignas básicas. Moreno llevaba la supresión progresiva del impuesto de patrimonio en su programa electoral para el 19-J, pero la supresión absoluta anunciada este lunes se ha convertido en una de las medidas estrella en la vuelta del verano. El presidente de la Junta la ha justificado con que favorecerá la atracción de ciudadanos para que establezcan su domicilio fiscal en Andalucía, tener más ingresos y generar más inversión. Los expertos consultados por este diario coinciden en que se trata de una medida claramente política y “más efectista que eficaz”.

“Aquí no se discute el sentido del efecto de la medida, sino de la cuantía; y no parece que vaya a ser tan relevante como se está queriendo decir”, señala Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), y que fue secretario de Economía al comienzo de la anterior legislatura de Moreno. “Es dudoso que quien cambie su domicilio fiscal a Andalucía lo haga por la supresión de este impuesto”, abunda Hidalgo, que también cuestiona que quienes tienen mayor patrimonio generen mayor riqueza. “Los que tienen más patrimonio son quienes concentran el ahorro y son tenedores que difícilmente movilizan el capital”.

Una impresión que comparte Diego Martínez, profesor de Economía Aplicada de la UPO. “La inversión ligada al impuesto de patrimonio es improductiva, son las empresas las que generan la inversión y ellas tributan por sociedades”, subraya. Ambos profesores coinciden en el dudoso silogismo que aplica Moreno al asegurar que una bajada de impuestos se traduce en mayor actividad recaudatoria. “Andalucía está por debajo de la media nacional en la recaudación de los tributos cedidos”, advierte Martínez. “Las bajadas de impuestos no se están autofinanciando con la generación de actividad”, apostilla Hidalgo.

El presidente del Colegio de Economistas de Andalucía, Francisco Tato, también hace alusión al “menor efecto” en el sistema recaudatorio que puede suponer la supresión de este impuesto, pero desde una óptica positiva. “Si no es del menor recaudación, será el de los menores. Y todo lo que sea bajar impuestos sin afectar a los servicios sociales es bueno”, indica. “El efecto será muy pequeño”, apostilla, en consonancia con sus colegas, si bien difiere en cuanto a las consecuencias. “Puede animar a la gente a que recupere su residencia fiscal en Andalucía y aliviar con ello la fuga de patrimonio de los últimos años”, agrega.

La dirección nacional del PP respalda y defiende la rebaja fiscal de Andalucía, informa Elsa García de Blas. Los populares discrepan de que se trate de una medida en favor de los ricos, a pesar de que grava a los patrimonios de más de 700.000 euros. “No puedo aceptar la afirmación de que sea para los ricos porque Zapatero fue el primero en eliminarlo”, defendió este lunes el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, en rueda de prensa en la sede del PP en la calle Génova. El expresidente del Gobierno socialista suprimió este tributo con una exención al 100% en 2008, con el argumento de que incidía “desigualmente en el tratamiento fiscal de los españoles” porque recaía, dijo, sobre todo en las clases medias, pero no en las altas, que tienen “diversos instrumentos y fáciles mecanismos de elusión”. En 2011, sin embargo, Zapatero recuperó el impuesto a petición de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se presentaba como candidato socialista a las elecciones generales de ese año.

El PP de Alberto Núñez Feijóo es firme partidario de suprimir el impuesto de Patrimonio, como parte de una política económica que tiene como punto central las rebajas fiscales generalizadas. “A nadie le debe sorprender el anuncio de Juanma Moreno. El PP lleva en el ADN la bajada de impuestos”, sostuvo este lunes el coordinador general. El líder popular promueve desde hace semanas, además, la “deflactación” de varios tramos del IRPF por la elevada inflación.