Un estudio pide limitar la “competencia fiscal” de Madrid contra el resto de España

Madrid se escapa. La Comunidad madrileña ha alcanzado en la última década un peso en la economía y la población española mayor que en cualquier otro momento del pasado. Representa solo el 1,6% del territorio español pero concentra ya el 19,2% de su PIB. La actividad privada ha funcionado como motor y el sector público como palanca de ese cambio. Pero ese formidable impulso tiene efectos secundarios negativos en otras comunidades porque para su despegue Madrid se ha beneficiado del efecto de la capitalidad y de la competencia fiscal. Las políticas de rebajas fiscales de los Gobiernos del PP —incluso ahora, en medio de la pandemia y con el sistema sanitario bajo un enorme estrés— han aumentado las distancias en los ricos y pobres de su población, como se está comprobando con la afectación desigual de la crisis sanitaria, y la divergencia de rentas con respecto a otras autonomías españolas, al ejercer de imán del capital humano más joven, preparado y con más recursos. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, elaborado por IvieLAB, un laboratorio de análisis de políticas públicas creado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Generalitat valenciana.

Los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 7% del total pero “se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF”, señala el estudio dirigido por los catedráticos de Análisis Económico y Economía Aplicada, Francisco Pérez y Ernest Reig, respectivamente. Si la mayoría de ese grupo se beneficia también de las bonificaciones en el Impuesto del Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones, esos contribuyentes son los más favorecidos por esas rebajas fiscales que rebajan los ingresos impositivos anuales en unos 4.100 millones de euros.

“La consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un nivel de gasto per cápita bajo, un hecho que no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes”, apunta el informe. “Para los ciudadanos de ingresos y patrimonios son altos, las consecuencias del menor gasto son menores porque usan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los usan, los beneficios de las rebajas son menores y sufren más las consecuencias de un gasto más bajo”, afirma el análisis. El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, esgrimió el lunes este estudio para cargar contra la vertebración centralista y radial de España y el efecto capitalidad que funciona como una “gran aspiradora”.

El análisis reconoce el “intenso dinamismo demográfico y económico de Madrid durante el siglo XXI y el claro protagonismo del sector privado como motor del mismo”. Pero también recuerda “el importante acompañamiento que el sector público —central y autonómico— realiza en esa dinámica”. El estudio cuestiona dos aspectos de este apoyo público. El primero, que “refuerza la tendencia a la divergencia entre Madrid y buena parte de las regiones españolas” en lugar de compensar la polarización entre zonas ricas y pobres de las últimas décadas. El segundo aspecto negativo es el presunto sesgo de las Administraciones en favor de las empresas localizadas en Madrid, un territorio que cuenta con un nivel de renta por habitante muy por encima de la media. Según los autores, encabezados por Francisco Pérez, el Gobierno celebra “muchos más contratos públicos” con empresas madrileñas “en lugar de mostrar la neutralidad territorial que sería exigible”.

Los datos refuerzan ese relato: el 60% de las licitaciones del sector público estatal se hacen a empresas con sede social en Madrid; el 29% de los empleados públicos del Estado se localizan en la capital, 150.000 funcionarios que con sus familias suman unas 400.000 personas; Madrid capital concentra el 21% de las ocupaciones cualificadas de España y 45 de cada 100 empleados de la ciudad desempeñan ocupaciones altamente cualificadas; su porcentaje de población con estudios universitarios es del 40,9%, 10 puntos más que la media española; la renta por cápita de la Comunidad se sitúa en 35.000 euros, un 36% por encima del promedio nacional y un 16% del europeo.

En su apartado de conclusiones, el estudio, de 150 páginas, se muestra partidario de “imitar ejemplos de Alemania —con un elevado número de agencias estatales, el banco central alemán, tribunales federales y algunos ministerios ubicados fuera de la capital— y de la UE”, que también reparte instituciones fuera de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

Por último, el análisis del IvieLAB sostiene que “existen razones de fondo para reconsiderar la cesión a las comunidades de impuestos que gravan la riqueza, sin limitar la competencia por dichas bases fiscales”. Los autores abogan por “limitar” la competencia fiscal de Madrid, ya que “refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional” al aprovechar ventajas derivadas “de la capitalidad, que no es territorialmente neutral”. “Dado que Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”. Hacienda lleva meses pensando qué hacer al respecto.