Acelerar la reforma fiscal

Tras unas semanas de anuncios y contradicciones, en una carrera sin límite aparente para ver qué comunidad autónoma promete y realiza más bajadas de impuestos, la ministra de Hacienda avanzó el jueves un paquete fiscal pactado con Unidas Podemos y dirigido a aligerar la carga impositiva de las rentas más bajas y a incrementar la aportación de las grandes fortunas, eliminando de esta manera el efecto de las bonificaciones totales del Impuesto de Patrimonio, que los gobiernos autónomos del Partido Popular habían tomado como bandera en su particular versión de la política fiscal. El paquete recurre a la reducción por rendimientos del trabajo para aliviar a las rentas medias y bajas, elevándola de los 18.000 hasta los 21.000 euros, e incrementa además el límite necesario para hacer la declaración, de los 14.000 a los 15.000 euros.

La razón de usar esos límites viene determinada por su funcionalidad: 21.000 euros es el salario mediano en nuestro país —esto es, la mitad cobra menos, la mitad cobra más—, de manera que la medida concentra sus efectos en el 50% con rentas más bajas, al tiempo que la subida del mínimo exento está destinada a no obligar a los perceptores del salario mínimo interprofesional a hacer la declaración. En contraposición, el Gobierno propone un impuesto temporal dirigido a las grandes fortunas y una subida de la imposición a las rentas del capital y del Impuesto de Sociedades para grandes empresas. El efecto neto estimado total es un ingreso adicional de 3.144 millones de euros para las cuentas públicas, cifra que debería destinarse directamente a aquellos que, dadas sus circunstancias, no se van a ver beneficiados de ningún modo por estas modificaciones tributarias, porque sus rentas son tan bajas que no llegan a pagar IRPF.

Se mejora de esta manera la progresividad, puesta en tela de juicio con algunas de las medidas tomadas por las comunidades autónomas, y se obtiene un resultado neto que permite, al menos temporalmente, seguir manteniendo la senda de consolidación fiscal tras los altos déficits públicos de 2020 y 2021. Debe recordarse que España cuenta con una deuda pública del 117% del PIB y que esa deuda pesará como una losa en las generaciones presentes y futuras, máxime con tipos de interés crecientes.

En un país que mantiene una presión fiscal por debajo de la media europea, la decisión del Gobierno parece razonable y probablemente desactive la carrera hacia el abismo que se estaba produciendo. Sin embargo, este paquete no puede ni debe sustituir la acometida del problema estructural de nuestras cuentas públicas, que no es otro que este sistema impositivo disfuncional e insuficiente, hecho a base de parches electorales y transitorios. Comprometido con Bruselas, el Gobierno tiene el deber ineludible de acelerar una reforma fiscal en profundidad que otorgue estabilidad y suficiencia al sistema, desterrando las subastas electoralistas de los últimos días. El informe de los expertos para la reforma tributaria, presentado en marzo de este año, duerme el sueño de los justos. Quizá ha llegado el momento de sacarlo de su letargo y construir, de una vez por todas, el sistema fiscal que España merece y necesita.