La deuda pública bate un récord de 1,47 billones, pero frena su ritmo de crecimiento
El pasivo del conjunto de las administraciones se situó en junio en el 116,8% del PIB

El volumen de deuda pública continúa su escalada y vuelve a batir un récord, aunque modera su ritmo de crecimiento. En junio alcanzó los 1,47 billones de euros, la cota más alta jamás registrada. Pero no son todos datos negativos. La cifra adelantada que publica este miércoles el Banco de España supone una desaceleración en el ritmo de crecimiento interanual: el pasivo de las administraciones creció un 3,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa más baja desde que estalló la pandemia en marzo de 2020. Si se considera la ratio de deuda sobre el PIB, la tendencia también es a la baja: un 116,8% del PIB nominal de los últimos cuatro trimestres (1,26 billones), el porcentaje más bajo desde el tercer trimestre de 2020.
Aunque es cierto que la deuda pública ha experimentado un vertiginoso repunte a causa de la pandemia, ya se situaba en niveles elevados antes de la emergencia sanitaria. Las administraciones habían empezado a engrosar sus números rojos a raíz del crac financiero de 2008, y la sucesiva crisis de la deuda disparó la ratio de pasivo sobre el PIB por encima del 100%. Solo a partir de 2018 la tendencia comenzó a revertirse, pero llegó la covid y la frenó en seco: la caída de la actividad y la explosión del gasto empujaron otra vez al alza la tasa de deuda, que en 2020 creció al ritmo más rápido desde los años cuarenta y alcanzó máximos históricos en cifras absolutas.
Desde julio del año pasado, gracias a la progresiva retirada de las restricciones sanitarias y la consecuente mejora de la economía, la ratio de deuda sobre el PIB ha ido creciendo a una velocidad menor en tasa interanual, aunque siga batiendo récords en cifras absolutas ―el crecimiento fue de 50.667 millones en junio con respecto a mayo―. “La tendencia de los últimos trimestres es compatible con la previsión de una ratio de deuda pública del 115,2% del PIB realizada en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril”, destaca el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado publicado este miércoles.
El departamento dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño señala que el frenazo en el avance de la deuda “ha continuado en el segundo trimestre del año gracias a la aceleración del crecimiento económico, teniendo en cuenta además lo avanzado que está ya el programa de financiación del Tesoro” de 2022: hasta ahora se ha ejecutado el 69,2% del total para este año, y el 71,7% de las emisiones a medio y largo plazo. En la subasta celebrada ayer martes, el Tesoro ha colocado 1.702,88 millones de euros en letras a tres y nueve meses ante una demanda por parte de los inversores de 6.392,89 millones. La estrategia de financiación del Tesoro mantiene en 75.000 millones la previsión de emisión de deuda neta para este año, similar a la cifra de 2021 (75.138 millones) y muy inferior a los 110.000 millones de 2020.
Todas las administraciones experimentaron repuntes en el sexto mes del año. El Estado es el subsector que acumula el volumen de pasivo más abultado, con 1,29 billones de euros. En su caso, el incremento con respecto a junio del año pasado ha sido del 4,8%, superior a la tasa de crecimiento de la deuda total. Aún más elevado ha sido el aumento de los números rojos de la Seguridad Social, de un 8%, hasta los 99.184 millones. Las comunidades autónomas, que han recibido ingentes inyecciones de liquidez por parte del Estado central para hacer frente a la pandemia, elevaron su deuda en junio solo un 1,5% con respecto al año anterior, hasta los 316.646 millones de euros; las corporaciones locales la elevaron en un 0,8% (22.847 millones).
Riesgos
Aunque los riesgos derivados de la pandemia estén más controlados, han surgido nuevas preocupaciones que pueden trastocar los pronósticos. La crisis energética, exacerbada por la guerra en Ucrania, ha disparado la inflación y empujado a los bancos centrales a subir los tipos de interés para detener la economía y frenar un alza de precios que en Europa ya ha escalado hasta cotas que no veían en décadas. ¿Qué implica de cara a las cuentas públicas? Que el Estado tendrá que remunerar más a los inversores por la subida de tipos ―es decir, la deuda es más cara―, pero a la vez la inflación diluye el pasivo e infla los ingresos procedentes de la recaudación.
El cambio de rumbo en la política monetaria también amenaza con golpear la actividad, que aún no se ha recuperado del todo tras el golpe de la pandemia y que ya llevaba meses sufriendo los atascos en las cadenas de suministro y la escasez de materias primas. De hecho, el Gobierno ha recortado la previsión de crecimiento del 3,5% al 2,7% para 2023. A ello se suma otro elemento de incertidumbre: la próxima reforma de las reglas fiscales europeas, que de momento siguen congeladas. Bruselas ya ha alertado a España sobre sus elevados niveles de deuda, y le ha pedido que su política fiscal sea “prudente”.
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