La tormenta perfecta

La fuerte subida del precio de los alimentos en el último año —30% de media en origen— ha hecho sonar las alarmas sobre lo que puede ser el inicio de una nueva crisis. Como ya sucedió en 2008, son las regiones más pobres del mundo y los sectores más desfavorecidos de la sociedad los más golpeados por un problema que entonces desató una ola de protestas sociales y derivó en episodios de inestabilidad política en muchos de esos países.

Las causas coyunturales (un aumento de la demanda junto al encarecimiento de los costes de la energía, los fertilizantes y del transporte) se suman a cambios estructurales, como las consecuencias derivadas del cambio climático, generando una tormenta perfecta. La búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles para reducir su impacto medioambiental ha disparado, a su vez, la demanda de biocombustibles —como el etanol o el biodiésel— que con los actuales precios de la energía resultan más atractivos para destinar los cultivos de azúcar, aceites o cereales a este fin.

Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, hoy hay 45 millones de personas al borde de la hambruna en 43 países, por encima de los 42 millones de principios de año y los 27 millones de 2019. Pero también ha crecido la financiarización de los mercados alimentarios: los productos de primera necesidad no pueden ser considerados una simple materia prima ni un activo más sujeto a especulación. Lo que está en juego es la supervivencia de millones de personas en todo el mundo.

A pesar de las abismales diferencias en el impacto de esta crisis en países desarrollados y emergentes, las familias en España ya notan que la alimentación empieza a estar más cara que nunca, con previsibles ajustes en la mayoría de los presupuestos familiares. Un problema adicional es que los agricultores tienen cada vez menos incentivos para continuar con su actividad: el encarecimiento de la energía, el agua, los plásticos, los piensos o los fertilizantes oscila entre el 20% y el 80% en el último año. Los costes ya suponen el 62% del valor de producción, frente al 45,7% de 2020 y el 35% de las últimas décadas.

Esa ha sido la causa que ha espoleado las protestas del sector en las últimas semanas y la reclamación de un plan de choque al Gobierno. La nueva ley de la cadena alimentaria, que se aprobará el próximo jueves, ha sido su respuesta con el objetivo de conseguir precios justos y un reparto equilibrado del valor entre todos los eslabones. Por otra parte, la presentación del plan estratégico para el sector, dentro de los programas financiados con fondos europeos, ofrece la oportunidad para que las fuerzas políticas respalden un proyecto capaz de garantizar un salto cualitativo en la modernización y digitalización de una agricultura y una ganadería del siglo XXI.