Mantener los salarios

El último dato de IPC, correspondiente a octubre, ha situado el coste de la vida un 5,4% por encima del que era hace un año, el mayor aumento registrado en casi tres décadas. Las previsiones apuntan a que esa tasa, arrastrada por el encarecimiento de los precios de la energía, podría aumentar en los próximos meses y mantenerse en niveles elevados al menos hasta la próxima primavera.

Un aumento de los precios de consumo tan brusco como el actual tiene implicaciones macroeconómicas diversas. Potencialmente, tiene la capacidad de afectar a la orientación de la política monetaria del BCE (retirada temprana de estímulos), en caso de que se revelase más persistente de lo esperado. Pero ante todo tiene un impacto inmediato en las expectativas sobre la evolución del poder adquisitivo y, por lo tanto, en la confianza de los consumidores y en la recuperación económica en curso.

En este sentido, dos preocupaciones antagónicas emergen en el horizonte: por una parte, la lógica protección del poder adquisitivo y, por otra, la necesidad de evitar que la economía española entre en una espiral de precios y salarios. Esto último sucede cuando los salarios se indexan (crecen mecánicamente lo mismo que los precios, sea cual sea su volatilidad), aumentando los costes empresariales en la misma proporción, que a su vez son repercutidos sobre los precios, retroalimentando así una escalada que termina por deteriorar la competitividad empresarial, el ahorro, la inversión y, finalmente, el empleo.

No estamos en un escenario de este tipo. Y es responsabilidad de todos los agentes sociales que no entremos en él. El esfuerzo para evitarlo, de ser necesario, tiene que ser compartido: entre el Estado, actuando sobre la factura energética, porque la causa del repunte de precios es completamente exógena; la patronal, porque evitar esa espiral no debe hacerse a costa de los salarios, ni por razones de equidad ni por razones de eficiencia (el consumo depende del poder adquisitivo); y los trabajadores, porque el esfuerzo tampoco debe recaer íntegramente en los márgenes empresariales (la inversión y, por lo tanto, el empleo dependen de ello).

Existen incentivos racionales para esperar una cooperación entre los agentes sociales. Y hay elementos objetivos para no ser alarmistas. En primer lugar, si bien es cierto que el último dato de IPC se sitúa en el 5,4%, también lo es que los precios han crecido un 2,5% en promedio en lo que va de año. Entre el 1,6% de aumento actual de los salarios en convenio y ese umbral, la convergencia paulatina no tendría que ser traumática, incluso si la moderación esperada de la inflación a partir de la primavera fuese menos intensa de lo previsto. En segundo lugar, es justo recordar que el IPC ha experimentado una variación negativa en cuatro de los últimos siete años, mientras que los salarios en convenio han crecido durante este tiempo a un promedio anual de 1,4%, por lo que la ganancia de poder adquisitivo no ha sido menor.

La dimensión temporal no debe olvidarse y en eso debería haber compromiso y generosidad por parte de los agentes sociales para que, por encima de las fluctuaciones, el poder adquisitivo de los salarios se mantenga en el tiempo. Ese mensaje por parte del diálogo social sería un respaldo a las expectativas, la confianza y la evolución del consumo en un momento importante de la recuperación pospandémica.