El valor del consenso

El consenso entre Ejecutivo y representantes de las partes sociales es un bien muy valioso para cualquier democracia; en España, tiene un valor casi incalculable. En primer lugar, por el pésimo estado de la política, hundida en una situación de conflictividad tan oscura que cualquier acuerdo de corte transversal tiene una luminosidad especial. En segundo lugar, porque es un país con una extraordinaria necesidad de reformas estructurales —del mercado laboral, las pensiones o el sistema fiscal, por mencionar solo las más destacadas— que reclaman desesperadamente consensos que permitan aprobarlas, primero, e implementarlas con estabilidad, después. España es un país en el que el principal partido de la oposición no tiene reparos en aprovechar un indecente órdago lanzado por un país extranjero para desgastar al Gobierno o en bloquear sin un motivo válido la renovación de órganos constitucionales; y en el que el Ejecutivo, básicamente, prescinde del Parlamento en el diseño de las inversiones más transformadoras en décadas. En este erial de acuerdos políticos, los pactos entre el Ejecutivo y los agentes sociales durante la pandemia han arrojado buenos resultados y, además, mantenido viva la perspectiva de que es posible en España una dinámica diferente de la que se observa en el Parlamento.

Es en este contexto que hay que leer el pulso en la negociación de la prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre. El punto de desacuerdo es la propuesta planteada por el ministro José Luis Escrivá de alterar el régimen de ayudas a las cotizaciones de las empresas, en un intento de incentivar —con mayor apoyo— la salida de trabajadores de los ERTE y en cambio desincentivar —con menor apoyo respecto al esquema anterior— la permanencia en el programa. Patronal y sindicatos se oponen. De por sí, el asunto ya tiene una gran relevancia, a la vista de que el esquema afecta todavía a unos 600.000 trabajadores de miles de empresas. Pero tiene mucha más si se contempla el significado general de una ruptura tras múltiples acuerdos, en un clima político como el actual, y con los retos que hay por delante, con otras mesas en las que los mismos actores son protagonistas esenciales. Una de ellas la de la reforma de las pensiones, donde precisamente el ministro Escrivá busca sellar un paquete de medidas, y a esos fines ha aparcado su propuesta de nueva tabla de cotización de autónomos.

Conceptualmente, la idea de reformular el esquema para incentivar que las empresas reactiven a trabajadores tiene sentido. Es importante fomentar la reincorporación, y el momento, con la incipiente recuperación y el verano, parece propicio. Limitar el riesgo de inyectar dinero en empresas zombis también es un factor. Pero el cálculo no es cristalino y los argumentos contrarios no son despreciables. Es cierto que puede infligirse un daño a las empresas en situación más precaria, en un momento en el que, además, todavía no han llegado las ayudas directas —un grave retraso—. El balance indudable es que el valor del consenso es muy superior al de los beneficios marginales de una u otra posición. Las tres partes deberían ser conscientes de ello, de que han representado en el último año otra manera inspiradora de gestionar los asuntos públicos y de que es realmente importante que esa vía no descarrile.