Pedro Castillo: un año sin rumbo en Perú

El presidente peruano, Pedro Castillo, vive su peor momento al cumplir un año en el cargo. Desde fines de mayo, las diligencias de las investigaciones de la Fiscalía por presunta corrupción multiplican los indicios de que el entorno del mandatario -tanto funcionarios como parientes- sacó provecho económico del Estado. Sin embargo, el gabinete de ministros se ha concentrado en defenderlo ante cada nueva revelación. En medio de este clima, enrarecido también por decenas de destituciones, han quedado de lado las promesas de cambio a favor de los sectores más vulnerables con las que que el maestro rural llegó al Palacio de Gobierno.

El exdirigente sindical del magisterio se descarrió, según exministros y una analista consultados por EL PAÍS, por los ataques del Congreso y al caer en la misma corrupción que otros presidentes y autoridades de gobiernos regionales y locales. Casi todos los que han sido mandatarios en Perú desde 1990 están presos, enjuiciados, en detención domiciliaria o en proceso de extradición. Uno, Alan García, se suicidó en 2019 para evitar una investigación del fiscal por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Castillo asumió el 28 de julio del año pasado tras ganar en segunda vuelta, con una diferencia de poco más de 44.000 votos, a la conservadora Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos y obstrucción a la justicia. Pese a que fueron unos comicios transparentes y ajustados a ley, los opositores denunciaron fraude y gastaron más de 50.000 dólares en investigar en el Congreso supuestas irregularidades que no pudieron demostrar. Los opositores han debatido entre noviembre y marzo dos mociones para sacar del puesto al presidente, mediante la figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, pero no llegaron a los 87 votos requeridos. Además, han interpelado y lanzado mociones de censura contra varios ministros, a veces sin argumentos, con el afán de generar mayor inestabilidad al Ejecutivo y seguir acumulando votos para la “vacancia”. En ese contexto, el exmaestro cedió espacios en su gabinete a figuras ajenas al partido que lo aupó al poder, Perú Libre, para sumar votos que lo defendieran en el Parlamento.

A eso se han sumado nuevas acusaciones. El sábado, después de casi cuatro meses prófugo, Bruno Pacheco -antigua mano derecha de Castillo al asumir el poder, como secretario general de la presidencia- se entregó a la fiscal provincial Marita Barreto y a los policías de inteligencia que investigan a Castillo y su entorno. La prensa ha reportado que Pacheco ha entregado, por ejemplo, un papel con anotaciones del presidente con los nombres de los oficiales de la policía que debían ascender a cambio de un supuesto pago de miles de dólares.

Quien fue ministro de Interior entre noviembre y febrero, el ex fiscal supremo Avelino Guillén, recuerda que alertó al presidente de los rumores de que los agentes de la Policía Nacional estaban pagando sobornos para ser colocados en nuevos destinos. “El área de recursos humanos de la Policía aprobó aproximadamente 1.400 cambios de colocación, cuando anualmente en años anteriores no sobrepasaban los 200″, cuenta a EL PAÍS Guillén, que como abogado logró en el año 2009 la condena a prisión de 25 años a Alberto Fujimori.

Un gabinete sin norte

”El Gobierno no tiene ningún rumbo, va de bandazo en bandazo: no hay una orientación de política pública”, explica el economista y profesor universitario Pedro Francke, quien formó parte del primer gabinete de Castillo entre fines de julio y febrero, cuando el presidente mantenía una aparente alianza con la izquierda progresista que lo respaldó en la campaña de segunda vuelta. Desde el inicio de su gestión, Francke generó confianza en los empresarios que temían que Castillo fuera “comunista” o “chavista”, como anunciaban los letreros publicitarios de los rivales en la campaña electoral. Para el exministro de Economía, uno de los problemas más profundos este año ha sido la “grave contradicción” entre el Ejecutivo y el Congreso, que ha causado “una situación ingobernable”. ”Torpemente, el presidente trató de hacer una coalición que le asegure continuar en el poder cuando intentar agrupar [a sectores con intereses tan dispares] es imposible”, describe Francke.

El economista refiere además que desde que los fiscales están cercando a Castillo y sus parientes -su cuñada y su esposa también están bajo investigación- ha surgido otro problema: la prioridad del gabinete se ha vuelto la defensa del presidente o responder a las presiones o a las emergencias.

“Es normal que un primer ministro respalde políticamente al presidente, pero no para defenderlo de las acusaciones en la parte judicial”, agrega Francke. La noche del lunes, cuando la prensa informó de que Pacheco se había entregado a la unidad de inteligencia de la policía, el ministro de Justicia, Félix Chero, y el primer ministro, Aníbal Torres, acudieron de inmediato a Palacio a reunirse con el mandatario. Ambos funcionarios presentaron en junio ante el Congreso un proyecto de ley para convertir en delito la difusión de información reservada de investigaciones penales. Ello ocurre porque la mayoría de las investigaciones a cargo del ministerio público empezaron como revelaciones en los medios de comunicación de Lima.

En el balance de la gestión de Castillo, para la politóloga María Paula Távara es importante recordar que él no esperaba llegar al Gobierno. El maestro rural no aparecía en las encuestas de primera vuelta, hizo una campaña cara a cara en casi todo el país andino y trató de presentarse como una opción distinta a los partidos cuyos líderes están bajo investigaciones o desprestigiados por décadas de corrupción en la política. Sin embargo, el fundador de la formación política que lo invitó a ser candidato, Vladimir Cerrón, está inhabilitado para ejercer cargos públicos por una sentencia de corrupción.

”Este es un año sin rumbo, en el que la oposición asedia constantemente al Ejecutivo: a veces sin causa alguna, a veces con discursos falsos, otras veces a raíz de los errores o aparentes delitos de Castillo. Un conjunto de actores que no le perdonan haber ganado siempre que pueden le meten cabe [le ponen el pie para que tropiece]”, agrega Távara.

Según la analista, los hechos por los cuales la fiscalía investiga a Castillo son parte de un conjunto de prácticas que están “en el entramado social del país”. “Lo único que diferencia la corrupción del presidente y su entorno de la corrupción de los grandes partidos es el volumen. Castillo no trabaja con Odebrecht pero sigue las mismas prácticas de los gobiernos regionales y locales de adjudicación de obras y cobro de cupos”, anota. Decenas de exgobernadores regionales están presos desde la década pasada en Perú con sentencias por corrupción, e incluso algunas autoridades locales y regionales actúan como operadores políticos de mafias de la minería ilegal, la tala ilegal, la invasión de tierras y el narco.

Abandono de promesas

”Castillo no tiene un horizonte claro de lo que quiere: en un momento quiere plantear una reforma agraria o una nueva Constitución, y al día siguiente solo le interesa sobrevivir y salvarse de las acusaciones de corrupción”, prosigue Távara, analista y profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De acuerdo con el exministro de Agricultura del primer gabinete de Castillo, Víctor Maita Frisancho, el peor error del presidente de origen rural y campesino ha sido responder a los ataques y la confrontación del Congreso y “dejar de atender a la población e incumplir las promesas de campaña”.

“Se dejó de realizar los grandes proyectos y megaproyectos: el Gobierno debió seguir trabajando con la población con hechos y con obras. Eso no se muestra posiblemente en este primer año de gestión”, señala Maita, bachiller en Derecho, ganadero quechua y ex presidente de la Confederación Nacional Agraria, el gremio más importante de la agricultura familiar, que abastece el 70% de la canasta familiar en Perú.

Algunos logros

El ex ministro Francke destaca que, dentro de todo, la buena reputación del país en términos macroeconómicos se ha mantenido debido a la política de estabilidad fiscal, pese a que la inflación se ha disparado en el mundo. “También he visto la comparación de la vacunación contra la covid-19 y tenemos mejores indicadores que el Reino Unido, Japón y Estados Unidos, además de un buen control de la cuarta ola en estas semanas”, añade. Maita confiaba en que su gestión permitiría concretar una segunda reforma agraria -que consiste en la industrialización y tecnificación del agro y la garantía de seguridad hídrica para ese sector- pero consiguió establecer al menos las bases institucionales.

“Se ha constituido el gabinete de desarrollo agrario y rural encabezado por el presidente, y el consejo nacional de desarrollo agrario y rural, donde participan todos los gremios y organizaciones agrarias. Entonces, esos temas se han convertido en una política pública del gobierno junto con la seguridad alimentaria y el desarrollo rural”, refiere Maita, quien estuvo en el gabinete los primeros seis meses y fue reemplazado al igual que otros ministros que no le redituaban votos a Castillo en el Congreso. El exministro de Agricultura también destaca como un logro el incremento del sueldo de los profesores -con un monto tope de una unidad impositiva tributaria- y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

En una conferencia de prensa con los corresponsales de medios extranjeros, el ministro de Economía, Óscar Graham, comentó que Perú ocupa el tercer puesto con mayor porcentaje (88,5%) de vacunados con al menos una dosis en Latinoamérica, después de Chile (93,8%) y Argentina (90,3%). El control de la pandemia ha sido importante para la recuperación de las actividades económicas, y entre enero y abril de este año el PIB creció en un 3,8%. El año 2021 cerró con un 13,5% de variación anual del PIB, luego de la caída de 11% en el 2020 a causa de la cuarentena y la pandemia de coronavirus.

Las cuatro carpetas de la Fiscalía

La permanencia de Castillo en Palacio de Gobierno no depende, en última instancia, de él debido a las investigaciones fiscales por los presuntos delitos cometidos en funciones o a la opinión pública creciente que espera elecciones generales anticipadas.

En enero, la fiscal general Zoraida Ávalos abrió una pesquisa contra el mandatario por tráfico de influencias y colusión en los ascensos militares y otra por su supuesta intervención para que la estatal Petro Perú eligiera a una determinada empresa en una compra de bioediésel por 74 millones de dólares. La magistrada dejó pendientes las diligencias para que empezaran cuando el presidente dejara el cargo, debido a que la Constitución señala que al jefe de Estado en ejercicio solo se le puede acusar por cuatro supuestos específicos, distintas a estos. Pero la nueva fiscal general que comenzó su gestión a inicios de mes, Patricia Benavides, ha reabierto dichas investigaciones.

Además, a finales de mayo, su antecesor, Pablo Sánchez, empezó a investigar activamente al mandatario por la gravedad de otros hechos y ante la posibilidad de que desaparecieran las pruebas si esperaba al final del mandato presidencial. Castillo, el ex secretario general de Palacio de Gobierno, dos sobrinos del mandatario, y el exministro de Transportes, Juan Silva, están investigados por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonia: el caso, denominado Puente Tarata. De los involucrados, siguen prófugos un sobrino y el exministro Silva.

Como derivación del caso Puente Tarata, la fiscal Benavides abrió la semana pasada la cuarta investigación al presidente, por encubrimiento, cuando el entonces ministro de Interior Mariano Gonzales fue depuesto del cargo a raíz de haber creado un equipo especial de policías de inteligencia -a petición de la fiscal Barreto, quien investiga al presidente y su círculo-.

Una de las críticas más frecuentes al presidente peruano ha sido la cantidad de ministros que ha colocado, como parte de los malabares para responder a la oposición o para defenderse de las investigaciones que lo acorralan. Por ejemplo, ha habido siete ministros de Interior en un año. La inestabilidad se mantiene en el Ejecutivo, a la espera de las próximas batallas con el Congreso y una ciudadanía harta de la corrupción en la política.

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