La escalada de la inflación asfixia a América

A los economistas les gusta decir que la inflación es el impuesto más injusto: no necesita aprobación de ningún Congreso y afecta desproporcionadamente a los más vulnerables. Pero en términos geográficos, el aumento en el costo de vida es un fenómeno tan global como la covid, porque en gran parte es consecuencia de esta. Empezó hace más de un año, con dos detonantes: los subsidios y transferencias de efectivo que hicieron muchos países a trabajadores y sectores más frágiles para prevenir una caída mayor en sus economías (eso disparó la demanda); y la ruptura de las cadenas de suministro (eso limitó la oferta). No es que los expertos no esperaran la inflación, pero creían que iba a pasar. Hasta finales del año pasado, autoridades a cargo de los bancos centrales en economías avanzadas, como Jerome Powell (Estados Unidos) y Christine Lagarde (Europa) aseguraban que era “transitoria”. No contaban con Putin: el 24 de febrero, Rusia invadió a Ucrania.

La guerra profundizó este fenómeno. Si antes se pensaba que al recuperar el ritmo de la producción se estabilizarían los precios, el inicio de un conflicto bélico inyectó más incertidumbre a la fórmula. En esencia, la inflación no es más que las expectativas sobre los precios en un determinado momento. Si un productor o un comerciante creen que sus insumos van a salir más caros mañana, aumentan los precios hoy. Y no hay nada que inquiete más que una guerra que nadie sabe cuánto va a durar, y que afecta en forma directa los precios del petróleo y de algunas materias primas. Cada sociedad vive este fenómeno global como una tragedia particular. Si, en Estados Unidos, el costo de la gasolina ha hundido la popularidad de Joe Biden e impacienta a los demócratas frente a las elecciones intermedias de noviembre, en Ecuador puso en pie de guerra a las comunidades indígenas del país —aproximadamente el 7% de la población—, que viven economías de supervivencia, y dejó expuesta la desatención de décadas a estos sectores.

No todas las economías están tan asfixiadas como la ecuatoriana, que ha sufrido especialmente los efectos de la guerra (un cuarto del plátano que exporta iba a Rusia y a Ucrania, por ejemplo), pero a ambos lados del océano se han ido encendiendo fogatas de impaciencia. En abril, el Gobierno de Sri Lanka se vio obligado a declarar estado de emergencia a causa de las protestas ciudadanas por el precio de los combustibles y los alimentos. En mayo, choferes de autobuses bloquearon las calles en Ciudad de México para que les permita aumentar el precio del pasaje para costear la gasolina. En Reino Unido, los ferroviarios paralizaron casi por completo los trenes —la huelga más grande en 30 años— para exigir aumento de sueldos. Las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) paralizaron al país durante 18 días; ha sido el paro más largo de los últimos años. Y estas solo son algunas.

Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación promedio en esta parte del mundo será de 11,2% este año y 7,1% el que sigue, muy por encima de la meta más común de entre 2% y 4%. Aún así, el número promedio puede ser un poco engañoso, porque no retrata los incrementos más dramáticos ni las decisiones que cada familia tiene que tomar (no es lo mismo renunciar a las vacaciones que elegir entre la carne y las medicinas). Mientras los Gobiernos bajan aranceles y eliminan impuestos para aliviar al consumidor, los bancos centrales han ido subiendo la tasa de interés hasta acercarse a máximos históricos. Pero, en economías con poca bancarización y mucha informalidad como las que pueblan el continente, la política monetaria tarda en surtir efecto. Por ahora, los golpes van revelando el nivel de precariedad y las dependencias de cada economía.

Estados Unidos: el dilema de la gasolina

La inflación era un problema casi olvidado para los estadounidenses. En los últimos 30 años, la inflación media se había situado ligeramente por encima del 2%. Hasta la actual crisis. Para superar la pandemia, la Reserva Federal y el Gobierno de Biden inundaron de liquidez la economía y la demanda se disparó mientras la oferta continuaba atascada por problemas en la cadena de suministro y la resaca del coronavirus. Esos problemas se acentuaron con la guerra de Ucrania por su impacto en el petróleo, los alimentos y otras materias primas y los precios suben ya un 8,6%, la mayor inflación en cuatro décadas.

Los estadounidenses sienten el mordisco a su poder adquisitivo cuando van a echar gasolina. El galón (3,85 litros) ha pasado de tres a cinco dólares en año y medio. En los últimos 12 meses, la subida de las gasolinas es del 48,7%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El resto de la energía lidera las subidas, con ascensos en el último año del 106,7% en el combustóleo, del 30,2% en el gas natural y del 12% en la electricidad. Además, el precio de los coches nuevos ha subido un 12,6% y el de los usados, un 16,1%. Quienes prefieren viajar en avión no lo tienen mejor: los billetes han subido un 37,8% en un año.

Comer es mucho más caro. Hacerlo en casa cuesta un 11,9% más, por culpa sobre todo de la carne, pollo, pescado y huevos, que suben un 14,2%. Suben más del 10% el pan, los cereales, las bebidas y los lácteos y algo menos (un 8,2%) las frutas y verduras. También es más caro comer fuera: un 7,4%. Los servicios médicos, los medicamentos, la ropa y los alquileres aún no se han contagiado de lleno y viven subidas de precios algo menores, en el entorno del 5%.

La inflación ha hundido la popularidad del presidente, Joe Biden, y amenaza con hacer perder a los demócratas el control del Congreso en las elecciones legislativas del 8 de noviembre. Biden ha propuesto al Congreso suspender tres meses el impuesto federal a las gasolinas, pero sin éxito por ahora. La responsabilidad de la estabilidad de precios es de la Reserva Federal, que ha prometido hacer todo lo necesario para bajar la inflación cuanto antes y ha empezado a subir los tipos de interés al mayor ritmo desde 1994. El riesgo es provocar una recesión.

Ecuador: ni un centavo de más

Hacer la compra en los mercados ecuatorianos permite hacer una radiografía de las dificultades que, transformadas en malestar social, respaldan las movilizaciones de las organizaciones indígenas que duraron 18 días. Una docena de huevos ha llegado a costar hasta ocho dólares y el racimo de plátano verde —un básico en todas las cocinas para todas las comidas del día— subió de 3,50 a cinco dólares de una semana a la otra. Medio kilo de pollo, la proteína de consumo más común en el país, estaba en un dólar y llegó al dólar y medio dentro de la escalada de precios que se exacerbó por el paro nacional, pero que venía asfixiando a los hogares desde hace meses.

El plástico, el cartón, el papel o los fertilizantes, básicos en la exportación de camarón o de banano que sostienen la economía nacional, se dispararon, encareciendo las compras también dentro del país. Como resultado, los víveres y productos básicos se volvieron más inasequibles que antes para el bolsillo de los ecuatorianos.

El transporte y los alimentos están a la cabeza en la suba de precios, pero también los artículos de hogar, la educación y la salud. Mientras el salario básico es de 425 dólares por mes y el ingreso promedio de las familias de cuatro miembros, de 793,33 dólares mensuales, la canasta básica oficial —calculada con 75 productos y servicios de uso común— ha subido en un año de 710,35 dólares mensuales a 735,15 dólares.

En cifras oficiales, la inflación llegó a un 3,38 % en el IPC de mayo, comparado con el año anterior, por la subida en nueve de los 12 rubros que conforman el indicador. Si la cifra no resulta tan espectacular como en otros países, es porque Ecuador venía de años de deflación. Los precios bajaron consistentemente desde julio de 2020 hasta abril de 2021. La suba de -1,5% a 3,38% implica un incremento cuantioso en el costo de vida, sobre todo en un país donde solo un 32,2% de la población económicamente activa tuvo en el último abril lo que se considera “un empleo adecuado” (que gana, al menos, el salario mínimo).

Chile: las vacaciones y el invierno

Los chilenos no estaban acostumbrados a la inflación y la sufren. En las últimas tres décadas, el país gozó de estabilidad, pero en los 12 meses pasados la inflación ya ha sumado un 11,5%, algo que no sucedía en 28 años. Pese a las medidas del Banco Central, que ha aumentado nuevamente la tasa de interés hasta llevarla a un 9% —la mayor en dos décadas— se pronostica que los altos precios se mantendrán y que la inflación llegará al 13% en el tercer trimestre de 2022, mientras el fantasma de la recesión económica sobrevuela Chile con miras al próximo año. El aumento del costo de vida “y sus efectos negativos en las familias se reflejan en la preocupación pública por este fenómeno”, aseguraba el Informe de Política Monetaria del Banco Central publicado a comienzos de mes.

Hoy el sueldo mínimo está en el equivalente a 471 dólares. La inflación de mayo, sin embargo, se explica en buena parte por el aumento de precios del transporte de pasajeros por aire (en los últimos 12 meses ha aumentado un 103,9%), el paquete turístico (66,3% en el último año) y los alimentos consumidos fuera del hogar (que han sufrido un alza de 16,6%). Los alimentos y bebidas no alcohólicas en Chile han aumentado en un 17,1% en el último año. En un país donde no resulta barato abastecerse, y en muchas ocasiones los precios igualan o superan a los de ciudades como Madrid o París, este encarecimiento golpea los bolsillos. En esta coyuntura, para la mayoría de los hogares resulta prohibitivo pensar en darse lujos como viajar o salir a comer fuera, algo que en las últimas décadas se había hecho más habitual entre las clases medias. Tampoco usar la tarjeta de crédito, castigadas con tasas altísimas para parar el consumo.

Las medidas contra la inflación en Chile están sobre todo en manos del Banco Central, un organismo autónomo del Gobierno de turno. El Ejecutivo, en tanto, ha tratado de controlar las tentaciones de parte de las fuerzas políticas oficialistas que claman por mayores ayudas estatales, en un escenario económico adverso. El presidente Gabriel Boric cerró la puerta esta semana a un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ayude a las familias durante el invierno austral. “La propuesta aumenta más la inflación”, dijo el mandatario, que como parlamentario opositor empujó a favor de las ayudas estatales y la posibilidad de que las personas retiren sus ahorros para las pensiones, como finalmente sucedió. Fue, de acuerdo al propio Banco Central, uno de los elementos que generaron inflación.

Perú: mucho más que el aceite de cocina

Entre julio de 2021 y junio de 2022 la inflación acumulada en Perú fue la más alta de los últimos 25 años: 8,8% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El costo de vida no ha parado de aumentar en los últimos 14 meses.

En abril, el descontento por el alza de los precios de alimentos y combustibles derivó en protestas, las cuales fueron reprimidas con violencia policial y dejaron un saldo de muertos y heridos. Días después, el Gobierno eliminó el impuesto selectivo al consumo de las gasolinas de 84 y 90 octanos y el diesel hasta el 30 de junio. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con esta exoneración, los precios de los alimentos bajaron alrededor de 14% en los supermercados, pero la mayoría de consumidores compra en mercados o en la calle y no percibe la baja. Además, la reducción del precio de las gasolinas depende de cada estación de servicio y no hay manera de garantizar que el beneficio se traslade al consumidor final.

Hasta julio, el Gobierno dispuso también la exoneración del impuesto general a las ventas para el pollo, los huevos, el azúcar y los insumos para el pan y fideos. El año pasado, el precio del aceite de cocina acaparó todos los titulares por su rápido incremento, al punto que lo llamaban “oro líquido”. Para afrontar el alza del costo de vida, en mayo el Ejecutivo pagó una subvención extraordinaria de alrededor de 65 dólares a 1.3 millones de personas en la pobreza y pobreza extrema registradas en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo. El ministro de Economía, Oscar Graham, anunció también recientemente que se distribuirá un ‘bono alimentario’ a los afectados por el alza de precios de la canasta básica, sin precisar el monto ni la fecha.

La agricultura familiar, de la que dependen unos 2,5 millones de campesinos, ha sufrido un duro golpe por la guerra en Ucrania. En agosto, los campesinos le pidieron al presidente Pedro Castillo soluciones para la escasez de fertilizantes (que Perú importaba de Rusia). Ante la imposibilidad de resolver la reducción en la oferta mundial de los fertilizantes, el Ejecutivo aprobó un subsidio de 90 dólares para la compra de abonos a productores que cultivan en menos de dos hectáreas.

Un saco de 50 kilogramos de urea —un fertilizante inorgánico muy popular—, pasó de costar 16 dólares hasta tocar los 67, según detalla el ingeniero agrónomo Luis Gomero. “Ahora ha bajado en las tiendas de agroquímicos a 57 dólares”, dijo Gomero, pero sigue siendo el triple del costo al que estaban habituados. El Banco Central de Reserva informó este mes que desde diciembre de 2020, el precio de la urea subió en Perú 186% en el mercado minorista, y las ventas disminuyeron hasta 40%.

Colombia: la tasa de interés más alta en su historia

La yuca es el producto de la canasta familiar que más ha subido de precio en el último año en Colombia. Según el IPC de mayo, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta raíz comestible rica en almidones aumentó 76% su valor frente al mismo mes de 2021. En un supermercado de Bogotá, un kilo de yuca o mandioca, como se conoce en Brasil y Argentina, cuesta 8.600 pesos colombianos (poco más de dos dólares estadounidenses). Hace 12 meses, valía 4.886 pesos. El aumento de la yuca ha afectado a millones de personas para quienes representa uno de los alimentos más importantes del consumo cotidiano. Muchos de los platos típicos en Colombia, como el sancocho o los pasteles, tienen yuca como ingrediente principal.

Los otros productos que más han aumentado de precio en el último año son el tomate, que subió 70,1%; la cebolla, con un crecimiento de 56,3%; los plátanos, que incrementaron su valor en 35%, y la arracacha, que alcanzó el 34%. Las frutas que más han subido su precio frente al mismo mes del año anterior son las naranjas y las moras, con el 34% y el 31%, respectivamente. El arroz y la leche también se han encarecido en el último año. Estos alimentos conforman la dieta básica de los hogares colombianos, por lo que la subida de sus precios ha significado un drástico aumento en el costo de vida de las familias.

El encarecimiento de estos productos es una de las razones de la alta inflación anual, que alcanzó 9,23% en abril, la más alta de los últimos años, y un 9,07% en mayo. Ante esta situación, la junta directiva del Banco de la República decidió este jueves aplicar el alza más grande en su tasa de interés en la historia: de 6% a 7,5%.

México: comprar carne o comprar medicinas

Una familia mexicana gasta, en promedio, 3.750 pesos (185 dólares) al mes en despensa, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto ya no es suficiente para comprar carne, pollo o cerdo, cuyos precios se han disparado. El Consejo Mexicano de la Carne reportó incrementos de 35% en promedio, aunque algunos cortes se han disparado hasta 300%. En su lugar, los mexicanos están comiendo más frijoles, una proteína vegetal mucho más barata.

Cuando la inflación bajó ligeramente en mayo, los analistas consideraron la posibilidad de que haya alcanzado su pico. Pero ésta repuntó a 7,88% de nuevo en junio, alcanzando su nivel más alto desde 2001. Se desataron huelgas de choferes de autobús en la capital para exigir que se les permitiera subir en ocho pesos (0,40 dólares) su tarifa, ya que el precio de la gasolina estaba comiendo sus ganancias. Mientras tanto, el Gobierno anunció el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), que incluye una reducción al impuesto a los combustibles y la eliminación del impuesto al sulfato de amonio, componente esencial en la producción de fertilizantes. También se prohibió cobrar peaje en carreteras públicas.

Quizás la medida más agresiva es la eliminación de aranceles a la importación de 21 de los 24 productos que constituyen la canasta básica. Aceite de maíz, arroz, tomate, leche, limón, manzana y zanahoria, entre otros, se podrán importar al país sin arancel durante seis meses. En la primera quincena de junio, solo un puñado de estos productos registraron una baja en su precio.

Finalmente, uno de los legados más duros de la pandemia ha sido el incremento en el precio de los medicamentos. Ciertos antibióticos, analgésicos y antigripales han visto incrementos de hasta 45% en sus precios.

Argentina: una espiral incontenible

Argentina es un país acostumbrado a la inflación: ha tenido un promedio del 105% anual durante los últimos 100 años. En 1989, el índice alcanzó el 3.079%, y solo bajó cuando en 1991 el Gobierno de Carlos Menem aplicó por ley la convertibilidad (un peso argentino igual a un dólar). El esquema voló por los aires en 2001 y desde entonces Argentina batalla contra una inflación de dos dígitos anuales. El actual contexto inflacionario encontró al país sudamericano con una subida del Índice de Precios al Consumidor del 50,9% para el acumulado de 2021. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. La inflación de mayo alcanzó el 5,1% mensual y 60,1% interanual. Los cálculos más optimistas estiman que superará con holgura el 70% en diciembre.

Salud, transporte y alimentos fueron los sectores más golpeados por la subida de los precios. Argentina es exportadora de granos y los esfuerzos del Gobierno de Alberto Fernández se han concentrado en desacoplar los precios internacionales de los del mercado interno. El mecanismo preferido de las autoridades ha sido la aplicación de impuestos a las exportaciones de soja y trigo, por ejemplo, mientras controla las subidas en otros productos estratégicos como los combustibles. El gas, la electricidad y el agua reciben subsidios millonarios para no trasladar los aumentos a los hogares. La estrategia, sin embargo, sale muy cara al Estado. El año pasado, los aportes a las empresas de energía sumaron 11.000 millones de dólares, equivalentes al 2,3% del producto interno bruto. Y el aumento de precios desatado por la guerra en Ucrania ha aumentado esa cifra, dinamitando los esfuerzos oficiales por reducir el déficit fiscal.

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