La fractura en el Gobierno de Perú se acentúa tras la amenaza de expropiar un yacimiento de gas

Esa noche se reunieron el presidente Pedro Castillo y su gabinete entre las ocho y once de la noche en el Palacio de Gobierno. Era viernes. No era la cita habitual del consejo de ministros, sino una convocatoria de urgencia en un contexto de inestabilidad política y con el tipo de cambio de dólar más alto en la historia económica. El Gobierno del maestro rural de izquierda asegura desde que llegó al poder hace dos meses que respeta la propiedad y la inversión privadas, sin embargo, el primer ministro Guido Bellido ha medrado la confianza empresarial después de amenazar al consorcio que opera el principal yacimiento de gas con “recuperar” el recurso si no aceptaba renegociar el contrato de la concesión. La mayoría de sus pares en el gabinete ha desaprobado y rechazado su amenaza en público.

En ese cónclave, varios ministros cuestionaron directamente a Bellido por difundir anuncios e información que no ha sido vista en el consejo de ministros, y por coordinar actos de su función con personas que no forman parte del Gobierno. La alusión fue a Vladimir Cerrón, el neurocirujano leninista y exgobernador regional de Junín que lidera Perú Libre, formación a la que Castillo llegó como invitado a fines de 2020 para ser candidato presidencial. Cerrón está impedido de tener cargos públicos debido a una sentencia por corrupción. Sin embargo, su poder en el gabinete es más que evidente. La oposición cree que se trata de un presidente en la sombra.

Durante la reciente campaña electoral, el entonces candidato Castillo dijo que Cerrón no iba a tener puesto alguno, “ni de portero” en su gestión. Sin embargo, el presidente del consejo de ministros, Bellido, representa la visión e intereses de Cerrón. Castillo prometió cambios en educación y salud para los que requiere un aumento en las arcas fiscales. Por ello presentará en corto plazo al Congreso una reforma tributaria, a la que el empresariado se ha mostrado receptivo.

Hace diez días, el mandatario se reunió en Estados Unidos con presidentes ejecutivos de empresas extranjeras que operan en Perú, y Bloomberg informó que los líderes de la producción global de cobre estaban contentos con Castillo. “No hemos venido a expropiar a nadie, vamos a invitar a las empresas a que vengan a invertir”, dijo además el presidente en la OEA. Sin embargo, un tuit del primer ministro dirigido al consorcio operador del gas ha dividido más al gabinete y erizó a la élite económica. “Convocamos a la empresa del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, advirtió el también congresista de Perú Libre el domingo último.

Desde el tuit, las opiniones de los ministros más cercanos a Castillo han rechazado las formas y el mensaje de Bellido. Aníbal Torres, el titular de Justicia, aclaró que la renegociación del contrato no había sido tratada en consejo de ministros, aunque varios estaban a favor. -El tema fue uno de los compromisos en la campaña electoral de Castillo-. “No puede haber nacionalización unilateral por parte del Estado”, comentó Torres al diario La República.

El lunes, mientras el primer ministro llevaba una carta para citar a una reunión a una de las empresas del consorcio gasífero, el tipo de cambio del dólar marcó un récord de depreciación de la moneda nacional: 4.12 soles por dólar. Esa noche, el mandatario se reunió con el gabinete para abordar la cuestión, en medio de duras críticas al Gobierno desde el ámbito empresarial y los partidos de oposición. En la sesión, comentaron la pertinencia de buscar el diálogo con el consorcio Camisea, pero también hubo críticas a Bellido.

Al día siguiente, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, comentó: “No me pareció oportuno ni adecuado tratar de esa manera una relación con una empresa tan importante y un sector tan sensible como es el gas. No es aconsejable ir con el pie en alto, sino primero sentarse a conversar”, dijo a Radio Exitosa.

Aunque de acuerdo a la Constitución, el primer ministro es el portavoz autorizado del gobierno, Bellido expresa posiciones contrarias a las de sus colegas que no son miembros de Perú Libre, entre ellos, los ministros de Economía, Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Trabajo, y Defensa, con quienes ha tenido discrepancias públicas. Algunos de ellos despachan directamente con el presidente. Incluso la vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Inclusión Social, que pertenece al partido de Cerrón ha expresado el jueves su desconcierto con la actitud de Bellido. “Tendrían que hacerle la pregunta al señor Bellido para que diga en razón a qué hace este tipo de adelanto de opinión”, dijo sobre otro tema que el primer ministro anunció el miércoles respecto de mantener o no al ministro de Trabajo, Iber Maraví, a quien el Congreso pretende censurar.

Hace un par de semanas, luego de la cumbre de la CELAC, el vicecanciller Luis Enrique Chávez comentó que el Gobierno peruano no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela desde enero de este año. Acto seguido, el primer ministro invitó al funcionario y al canciller a dejar el cargo si no estaban de acuerdo en reconocer a Nicolás Maduro. Ambos han permanecido en sus puestos. El viernes, el medio digital Epicentro reveló conversaciones del grupo de chat de los congresistas de Perú Libre, donde está Cerrón. En una de ellas, Bellido pedía a la bancada parlamentaria firmar un comunicado para retirar al canciller Óscar Maúrtua del cargo. Cerrón respaldó la propuesta.

En los dos primeros meses de gestión, el Ejecutivo ha dedicado su mayor atención a las inmunizaciones contra la covid-19 y a pagar un nuevo subsidio a más de 13 millones de personas en pobreza y pobreza extrema debido al golpe que sufrió la economía por la pandemia. Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida el domingo último, un 40% aprueba la gestión del presidente y un 42% la desaprueba. El ministro de salud recibe la mayor aprobación (67%) y la del primer ministro solo un 33%.

La politóloga María Paula Távara señala que, debido a la distancia entre el premier y algunos ministros, “no estamos viendo grandes acciones coordinadas, sino contraposiciones de declaraciones”. Esto trae como consecuencia que aún no se vean grandes cambios o ajustes por parte del Gobierno; “No se pueden tomar decisiones importantes porque para ellas tiene que haber consenso en el consejo de ministros”. ”Que no haya acuerdo entre ellos va a estancar al consejo de ministros y el Ejecutivo va a gobernar siguiendo la corriente, y eso tiene un límite. Vienen decisiones en torno al presupuesto público, pero cuando tengan que tomar decisiones sobre los grandes cambios que el Gobierno ha ofrecido no van a poderlas llevar a cabo si no hay acuerdo en líneas mínimas”, añadió la especialista en políticas públicas y sociales.

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