Pedro Castillo, a punto de cumplir un año en el poder con cuatro casos abiertos en la Fiscalía de Perú

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió el jueves una nueva investigación a Pedro Castillo por presunto delito de encubrimiento. Sucedió dos días después de que el presidente destituyera al ministro del Interior, Mariano Gonzales, y este atribuyera el cese a la incomodidad del mandatario ante la creación de un grupo especial de policías. La unidad había sido solicitada por el equipo de fiscales que investiga la corrupción del jefe de Estado y su entorno. Además, este viernes se reabrió otra pesquisa por tráfico de influencias que la exfiscal general Zoraida Ávalos inició en enero, pero había dejado en suspenso para que las diligencias continuaran cuando Castillo deje el cargo.

Gonzales ha relatado a la prensa, a la fiscal general y a la comisión de Fiscalización del Congreso que su destitución trae como consecuencia que no entre en funciones el nuevo equipo policial, creado a petición de Marita Barreto, quien dirige el denominado equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder que opera desde hace un par de semanas.

La investigación reabierta este viernes por tráfico de influencias se debe a la supuesta intervención del jefe de Estado, que el jueves cumple un año de mandato, para que la estatal Petrolera eligiera el año pasado a la empresa Heaven Petroleum Operators en una compra de biodiésel por 74 millones de dólares. Esta pesquisa se suma a otras dos que iniciaron los anteriores fiscales generales Ávalos y Pablo Sánchez, pues Benavides asumió el cargo a inicios de mes. Ávalos fue la primera fiscal de la nación que en la historia del Ministerio Público abrió una investigación a un presidente en ejercicio por delitos cometidos durante su función -Martín Vizcarra, en 2020-, e interpretó que, de acuerdo con la Constitución, las diligencias tendrían que realizarse una vez que dejara el cargo. En cambio, Sánchez empezó a investigar activamente a Castillo en mayo por la gravedad de las imputaciones de organización criminal dentro del aparato del Estado.

Castillo, el ex secretario general de Palacio de Gobierno, dos sobrinos del mandatario y el exministro de Transportes, Juan Silva, están investigados por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonia. En el caso conocido como Puente Tarata, se habrían coludido sus familiares -uno de ellos prófugo- con gestores de intereses de un consorcio constructor y con Silva. El ex secretario de la presidencia. Bruno Pacheco, y Silva también están prófugos desde hace más de dos meses. Los dos gestores de intereses están actuando como delatores ante el Ministerio Público.

La otra pesquisa al presidente peruano es por el presunto delito de tráfico de influencias en los ascensos militares de 2021. Si bien Gonzales ha referido que el equipo de coroneles creado el lunes debe buscar a los prófugos del caso Puente Tarata, la fiscal Barreto los ha convocado también para otras labores mayores: “investigaciones altamente complejas en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, señala el documento con el que solicitó el sábado la conformación del cuerpo especializado.

El equipo policial especial de apoyo en investigación y justicia está liderado por el coronel Harvey Colchado, quien antes dirigía el cuerpo especializado en criminalidad organizada que detuvo a políticos por el caso Odebrecht, y a magistrados corruptos investigados en el expediente Cuellos Blancos -de la mafia en el sistema de justicia-. Además, en 2012 fue parte de la patrulla que capturó en la Amazonía al líder de una columna armada de narcoterroristas, el ‘Camarada Artemio’, Florindo Flores Hala.

Investigaciones en riesgo

La noche del martes, el presidente anunció en Twitter que aceptaba la renuncia de Gonzales y que en pocos minutos nombraría a un reemplazo: el séptimo ministro de Interior en un año. Poco después de la juramentación de un abogado y policía en retiro, Willy Huerta, el funcionario depuesto recorrió los canales de televisión y emisoras de radio para denunciar que su salida era una señal de obstrucción a la justicia por parte del presidente, pues pretendía obstaculizar el hallazgo de los prófugos del caso Puente Tarata.

El jueves, Gonzales relató ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el presidente lo llamó por teléfono alrededor de las 20.30 del martes y que luego de ese diálogo decidió denunciar la obstrucción a la justicia. “Es una llamada en la que obviamente me reclamó porque había tomado decisiones sin consultar: una llamada cortísima, de minuto y medio. Le expresé la necesidad de explicarle y le dije que era lo mejor para el esclarecimiento de los hechos. El documento dice ‘júntense todos los equipos de inteligencia para dar con los prófugos’ y a los pocos minutos emite un tuit dándome las gracias por los servicios prestados e impide el funcionamiento del equipo”, describió.

El exministro dijo estar indignado de que se le hayan cuestionado las decisiones que tomó: no solo la formación del equipo que pidió la fiscal Barreto, sino -días antes- el cambio del jefe de Inteligencia de la Policía Nacional. “A todas luces eran las [medidas] necesarias para conducir el sector, tanto para la lucha contra la inseguridad como para la búsqueda de los prófugos era importante tener un adecuado sistema de inteligencia”, dijo a los parlamentarios. ”La alarma principal es que cuando se designa mediante una resolución ministerial a un equipo especial con cuatro componentes de inteligencia para que los oficiales más capacitados trabajen para la búsqueda de los prófugos se toma la abrupta decisión de mi salida, y no poner en funcionamiento esa decisión”, añadió.

Gonzales señaló también en el Parlamento que la prueba con la que cuenta para pedirle al Ministerio Público que investigue al presidente es el registro de la llamada telefónica del martes. En el Ejecutivo, el gabinete rechazó las acusaciones de Gonzales. El primer ministro, Aníbal Torres, aseguró el miércoles en una conferencia de prensa que el destituido solamente asistió dos veces al Consejo de Ministros y que en una de esas ocasiones se retiró antes de que hubieran terminado la sesión, y que no entregó un plan de lucha contra la inseguridad ciudadana que le encargaron.

Consultado por la prensa el nuevo ministro del sector sobre si mantendría al grupo especializado de policías, Huerta respondió que conversaría con el equipo y planteó sumar a un miembro más. Sin embargo, los periodistas judiciales y de investigación han alertado de que podrían ocurrir filtraciones si llegara un agente topo que alertara a los investigados sobre los pasos de las pesquisas.

Castillo cumplirá el próximo jueves 28 un año en el poder y por lo menos dos de los siete ministros del Interior que nombró han reportado -al salir del cargo- que intentaba colocar a funcionarios de confianza en ese sector para estar al tanto de las operaciones policiales que afectaban a miembros de su entorno, investigados o buscados por la justicia. El maestro rural llegó al cargo como invitado de una formación política de izquierda a la que tuvo que renunciar el mes pasado por discrepancias con el fundador del partido. Ha enfrentado dos votaciones del Congreso para destituirlo y ha cambiado más de 50 ministros en lo que va de su Gobierno. Su aprobación ha llegado al punto más bajo en julio, un 20%, según una encuesta de Ipsos Perú.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.