Los frentes abiertos de Pedro Castillo agudizan la inestabilidad política de Perú

La primera dama de Perú, Lidia Paredes, respondió este viernes durante tres horas las preguntas que le formuló el fiscal que investiga a su hermana Jennifer por presuntamente favorecer a una empresa para que consiga contratos en el Estado. La gran cantidad de policías que dificultaban tomar imágenes de la esposa del presidente, Pedro Castillo, a su llegada al despacho era una señal de la incomodidad del Ejecutivo frente al continuo escrutinio del Ministerio Público. Es un episodio más. Además de la cuñada del mandatario, el mismo Castillo afronta junto con dos de sus sobrinos una investigación por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación de una obra pública millonaria en la Amazonia. Cuando está a punto de cumplir un año mandato, sus frentes abiertos con la justicia, las amenazas de destitución por parte del Congreso y la decepción de un sector de sus electores complican el trabajo del Gobierno.

”La investigación al presidente y su entorno afecta definitivamente el desempeño del Gobierno”, opina la congresista Flor Pablo, del Partido Morado, una formación de centro-derecha . La que fuera ministra de Educación durante el mandato de Martín Vizcarra sostiene en declaraciones a EL PAÍS que la atención del presidente está en “negar su responsabilidad y victimizarse frente a los indicios que aparecen en su entorno cercano y familiar” y cree que si los indicios fueran corroborados “generarían una nueva crisis política que esta vez tendría mayor repercusión”.

A inicios de semana, la nueva fiscal general, Patricia Benavides, creó un equipo contra la corrupción en en los estamentos de poder: 18 fiscales están encargados de investigar al presidente en el caso conocido como Puente Tarata, en el que se habrían coludido dos de sus sobrinos -uno de ellos prófugo- con traficantes de influencias de un consorcio constructor y con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien también está buscado por la policía.

El ex líder sindical del magisterio, que llegó al poder hace casi un año como candidato invitado de Perú Libre, está ya sin partido desde la semana pasada. La ruptura se consumó por la petición expresa del fundador de la formación, el leninista Vladimir Cerrón, quien esperaba desarrollar con su socio político una agenda populista de izquierda y a la vez conservadora en lo social.

Cuando Castillo asumió la presidencia a fines de julio del año pasado, contaba con 37 votos de Perú Libre y los de la bancada de izquierda moderada de Juntos por el Perú. El partido de Cerrón se dividió en tres y hoy el jefe de Estado cuenta solo con diez votos del llamado Bloque Magisterial -que se escindió de Perú Libre- y unos cuántos más de congresistas de otras bancadas con quienes ha negociado obras o cargos en los ministerios para sus entornos.

“No cabe duda que Castillo dentro de su pragmatismo hará alianzas específicas, especialmente con los extremos”, apunta la parlamentaria Pablo. ”La ruptura era una cuestión de tiempo, dado que esa alianza electoral ya estaba muy deteriorada, pero también fue provocada por el mismo Castillo, a quien la bancada de Perú Libre culpa de estar detrás de la división del grupo parlamentario en varias bancadas”, añade. La congresista Pablo lee la ruptura de Cerrón con Castillo en el marco de las próximas elecciones regionales y locales de octubre, en las que el primero quiere evitar que le salpique la desaprobación del Ejecutivo.

Fuerza Popular, la formación política de Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones frente a Castillo, cuenta con 24 votos y hoy, tras la fragmentación del partido de Cerrón, es la bancada con más escaños. La coalición opositora en el Parlamento está liderada por políticos ultraconservadores y conservadores: si bien no alcanzaron 87 sufragios para retirar al presidente del cargo -mediante la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente- podrían intentarlo en los próximos meses por otra vía: la destitución. Con esa fórmula necesitarían 66 votos.

La confrontación del Congreso con el Ejecutivo ha sido continua en los últimos diez meses, en los que la bancada de Perú Libre ha chocado constantemente con la oposición parlamentaria. Sin embargo, desde abril la facción cerronista ha encontrado coincidencias con la mayoría del Congreso y han aprobado leyes que retroceden en derechos sociales. Por ejemplo, anularon la supervisión de la calidad educativa en las universidades y la educación sexual integral en las escuelas, entre otras.

El abogado y analista político Juan de la Puente plantea que por el momento en el Congreso hay un pacto de no agresión contra el primer ministro, Aníbal Torres, y algunos ministros conservadores, pero que los embates contra el presidente retornarán. ”Esa no agresión [del Congreso] se explica en que no hay una moción de censura hacia el primer ministro pese a que fue interpelado, pero continúan adelante los procesos destinados a acusar a Castillo, por traición a la patria o infracción constitucional, y sacarlo del poder con 66 votos”, comenta el politólogo.

De la Puente destaca que hay colaboración entre ambos poderes, “como en las normas aprobadas para el retroceso de derechos fundamentales, pero hay una evidente intención del Parlamento de sacar a Castillo del poder”. La congresista Pablo calcula que no hay 87 votos para la vacancia, porque “están condicionados a transacciones políticas como puestos de trabajo, cargos y proyectos de inversión con diversos sectores del Parlamento”, pero estima que los graves indicios de corrupción en el entorno más cercano del jefe de Estado, “incluyendo a sus familiares”, harán que los congresistas consideren la destitución “dentro del marco constitucional”.

El exmaestro rural ganó las elecciones en segunda vuelta con el voto masivo de los sectores más vulnerables del país: entre ellos, los agricultores, los campesinos, las comunidades afectadas por el impacto de las industrias extractivas y los pueblos indígenas. También hizo una alianza con transportistas informales durante su campaña electoral. El próximo 18 de julio, los transportistas y agricultores de la región Junín, que protestaron varios días de abril en la Carretera Central contra el Ejecutivo por los altos precios de los fertilizantes y combustibles, volverán a un paro indefinido porque los compromisos que hizo el Ejecutivo cuando depusieron huelga no han sido cumplidos, anunció este viernes el medio local Huanca York Times.

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