Amnistía Internacional denuncia que la pandemia agrava la desigualdad y los abusos en América

De norte a sur, América alberga el 13% de la población mundial, pero ha registrado casi la mitad de las muertes por covid-19. Parte de la población más afectada pertenece a poblaciones marginadas, que no tienen la posibilidad de cumplir con las medidas de prevención necesarias y que han visto cómo sus vidas empeoraban aún más desde la propagación del coronavirus: el año pasado, 22 nuevos millones de personas cayeron en la pobreza en esta región. Amnistía Internacional denuncia que la pandemia ha castigado con especial dureza la región más desigual del planeta, al agravar esas diferencias, y ha sido aprovechada por algunos líderes para intensificar su ataque a los derechos humanos.

“Las mujeres, las personas refugiadas, las personas migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia”, destaca Amnistía en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo.

Con más de 54 millones de casos y 1,3 millones de muertes, América se ha convertido en el epicentro de la pandemia y afronta hoy una segunda ola que amenaza con ser igual o más virulenta que la primera. Los países se apresuran a vacunar al personal de salud, que sigue en primera línea de la batalla pese a lamentar numerosas víctimas: al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de este sector en la región fallecieron por la covid-19 hasta el 5 de marzo de 2021.

“Algunos líderes respondieron a la pandemia con oportunismo, negacionismo y desprecio por los derechos humanos. No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo errores”, dice por teléfono desde México Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Guevara Rosas remarca que Amnistía ha recibido denuncias desde el inicio de la pandemia de países como El Salvador, República Dominicana y Honduras, entre otros, donde la población ha sido obligada “a someterse a cuarentenas forzosas en centros estatales que no cumplían con normas sanitarias ni de distanciamiento físico”. La pandemia ha otorgado más poder también a las fuerzas de seguridad, denunciadas en toda la región por el aumento de las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza.

“Muchas veces los gobiernos presentan un falso dilema entre protección al derecho de la salud y el ejercicio de otros derechos”, responde la directora regional de Amnistía sobre los centros de aislamiento denunciados por opositores y organizaciones de derechos humanos en la provincia argentina de Formosa. “En un momento tan excepcional se presenta un gran desafío para los estados. Tienen la posibilidad de limitar algunos derechos para salvaguardar el derecho a la salud o a la vida, pero no se pueden crear crisis paralelas, no se pueden cometer violaciones a los derechos humanos en nombre de la pandemia”, continúa.

Deportaciones masivas

Otros gobiernos han usado la pandemia como excusa para llevar a cabo políticas represivas. “Las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron sumariamente a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, y expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellos más de 13.000 niños y niñas no acompañados hasta noviembre de 2020”, recoge el informe.

El aislamiento en los hogares decretado por gobiernos de todo el mundo ha intensificado la violencia contra las mujeres y las niñas también en esta región. La organización sostiene que los estados han tomado medidas insuficientes para proteger a las víctimas de violencia machista y pide reforzar la prevención de cara en la segunda ola que azota a cada vez más países americanos.

La mejor respuesta a la pandemia es colectiva, asegura Guevara Rosas. “Los gobiernos han priorizado la respuesta individual frente a la cooperación internacional y esto tiene un costo altísimo para la región”, sostiene, al denunciar la opacidad de los contratos suscritos por las autoridades nacionales con las compañías farmacéuticas y la acaparación de vacunas por parte de los países más ricos. “Es fundamental que los estados cooperen porque es la única manera de salir esta pandemia que no entiende fronteras”, concluye.

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