Aislados 24 días por ser contacto estrecho de un caso de la covid-19 en Argentina

El 30 de diciembre, la policía llamó al timbre de la casa de Sandro Cabana, en la periferia de la ciudad argentina de Formosa. No tenía ningún síntoma de la covid-19, pero uno de los viajeros del autobús que había tomado días antes dio positivo y los agentes le dijeron que tenía que acompañarles para hacerse una prueba PCR y saber si se había contagiado. “Nos mintieron. Dijeron que en dos o tres horas ya estaríamos de vuelta en la casa, pero nos llevaron a un centro de aislamiento donde nos quedamos 24 días, con tres hisopados negativos”, denuncia por teléfono este electricista de 25 años. Habla en plural porque asegura que los veinte ocupantes del autobús corrieron la misma suerte. Ninguno tuvo coronavirus, pero todos debieron permanecer encerrados durante más de tres semanas en uno de los espacios habilitados en esta provincia del norte de Argentina.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso desmedido de cuarentenas obligatorias en Formosa. El Gobierno provincial obliga a permanecer en “centros de aislamiento a personas con covid-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen, exponiéndolas al contagio”, advierte Amnistía Internacional. De contar con medios económicos suficientes, pueden recurrir a un hotel, pero es una opción minoritaria: el 42,4% de la población formoseña es pobre, por encima del 40,9% nacional. Aislarse en casa está prohibido excepto para mayores de 60 años o en casos con patologías médicas.

“El 31 de diciembre fue uno de los días más feos que recuerdo porque imaginá pasar esa fiesta ahí dentro y sin saber si me había contagiado o no. Estuvimos ocho días hasta que nos dijeron que nuestro resultado era negativo”, denuncia Cabana. Según su relato, durante 24 días compartió con tres desconocidos una habitación improvisada en la planta alta de una escuela de Formosa. Sus familias les acercaron ropa, porque habían salido sin nada. Tenían que formar largas filas para ir al baño, usado también por otras personas que no sabían si habían contraído el virus o no. No podían bajar a la planta inferior ni acceder al patio ni a ningún espacio al aire libre. “Nos dijeron que si intentábamos irnos nos iban a llevar presos”, afirma.

Otros formoseños han denunciado situaciones similares en las últimas semanas, que han motivado protestas públicas y presentaciones judiciales en el ámbito provincial, nacional e internacional. Una de ellas fue interpuesta por la concejala y abogada Gabriela Neme, detenida al encabezar una protesta frente a una de las escuelas reconvertidas en centros de aislamiento. Otra es la medida cautelar solicitada por el senador opositor formoseño Luis Naidenoff ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Tiene por objetivo revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales de las personas que permanecen aisladas y terminar con las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de integridad de los formoseños para que puedan realizar la cuarentena en sus domicilios”, anunció el legislador a través de las redes sociales.

El Gobierno provincial de Formosa defiende su política sanitaria avalado por la estadística: 807 personas se han contagiado del la covid-19 desde el inicio de la pandemia y nueve han muerto. Es la cifra más baja de todo el país. En la provincia de Neuquén, con una población solo ligeramente superior, hay 51.537 infectados y 771 fallecidos. “No estamos en cualquier situación, estamos en pandemia. Formosa tiene resultados concretos, palpables y mesurables excelentes en covid”, defendió este lunes el portavoz de la estrategia provincial contra la covid-19, Jorge González.

El peronista Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde hace 25 años, ha invitado a organismos oficiales de derechos humanos a visitar la provincia y observar de primera mano la estrategia sanitaria. “La oposición nacional, provincial y sus medios de comunicación afines han desplegado nuevamente una falaz campaña contra Formosa”, ha denunciado Insfrán por Twitter. “Sentimos orgullo por el gran esfuerzo colectivo que estamos realizando en todo el territorio con miles de personas comprometidas en la implementación de las medidas sanitarias”, agrega.

“Usan los números para decir que es la mejor política sanitaria del país, pero con niveles tan bajos de contagio y muerte podrían flexibilizar las medidas y no mantenerlas en estos niveles extremos y restrictivos”, sostiene la directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, Paola García Rey. “Lamentamos mucho el uso político que se está haciendo de esta situación”, admite García Rey. Desde que las denuncias comenzaron a hacerse públicas, han mejorado las condiciones higiénicas, pero “no están dadas las condiciones sanitarias de aislamiento” debido al uso compartido de espacios como baños y comedores. “Frente a esta situación, la gente está desesperada. Las puertas están custodiadas por la policía, que no deja entrar ni salir a nadie”, continúa.

La preocupación de la organización internacional sobre la gestión sanitaria de Formosa se remonta a meses atrás, cuando su estricto cierre de fronteras dejó a más de 8.000 personas varadas fuera de la provincia. Ante la negativa oficial, un padre se ahogó al intentar cruzar a nado el río para poder ver a su hija de tres años. Solo después de un fallo de la Corte Suprema, las autoridades habilitaron un sistema de entrada que obliga también a permanecer 14 días en un centro de aislamiento o, como alternativa de paga, un hotel.

Ese es el caso de María Laura Rodríguez y sus dos hijas, de siete y ocho años. Esta formoseña cuenta que la policía fue a buscar a su familia pasada la medianoche después de que su marido diese positivo en un test. A él se lo llevaron en ambulancia, aunque era asintomático, y a ellas en un minibús en el que entre la una y las cuatro de la madrugada fueron casa por casa recogiendo a otros contactos estrechos. “Mi hija se asustó mucho cuando vio que a su papá se lo llevaban a otro lado y preguntaba por qué no la dejaban dormir. Fue muy estresante”, recuerda.

“En el centro de aislamiento compartíamos baño con 30 personas. ¿Cómo se garantiza así la higiene para evitar la propagación del virus?”, se cuestiona, “Pregunté con quién podía hablar para ir al patio, pero nadie me dio una respuesta. Al final elegí irme a un hotel, aunque me tengo que hacer cargo yo de los gastos”.

Abogadas locales como Neme denuncian la gran influencia de Insfrán sobre el poder judicial, al que consideran cómplice de los abusos sobre la población: “Son ellos que deben garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y no están resguardando ni haciendo lugar a ninguna medida”.

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