Secuestrados 10 trabajadores humanitarios en Níger

Los miembros de la organización APIS distribuían productos alimentarios cerca de la frontera con Burkina Faso cuando fueron supuestamente raptados por yihadistas armados

Soldados nigerinos durante un ejercicio militar en Ouallam, cerca de Tillaberi, el 18 de abril de 2018.
Soldados nigerinos durante un ejercicio militar en Ouallam, cerca de Tillaberi, el 18 de abril de 2018.Aaron Ross / Reuters

Diez trabajadores nigerinos de la organización de ayuda humanitaria Acción y Programa de Impacto en el Sahel (APIS) han sido secuestrados este miércoles cuando distribuían productos alimentarios en la región de Tillaberi, en el suroeste de Níger, según fuentes de la propia organización. Kadiyatu Haruna, responsable de la ONG, aseguró a France Presse que los hechos ocurrieron sobre las 15.00 hora local en un pueblo cerca de la frontera con Burkina Faso. Esta área es conocida como la zona de las tres fronteras y es el actual epicentro de la violencia terrorista que golpea al Sahel central.

Según la versión de Haruna, sus empleados se encontraban repartiendo víveres cuando aparecieron “yihadistas armados” subidos en motocicletas y les obligaron a seguirles. La circulación de este tipo de vehículos está prohibida en Tillaberi precisamente porque se trata del medio usado habitualmente por los terroristas para llevar a cabo sus ataques. APIS es una ONG nigerina que colabora con el Programa Mundial de Alimentos (PAM) en el marco de la lucha contra el impacto económico del coronavirus entre la población más vulnerable.

Aunque aún no ha sido reivindicado, el rapto se produce en la zona donde tiene su base la rama saheliana del ISIS, el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS), liderada por Abu Walid Al Saharaui. Los secuestros son una vía de financiación para los diferentes grupos terroristas que operan en la zona, pero es la primera vez que afecta a cooperantes locales y a esta escala. En 2018 fueron capturados Jörg Lange, un trabajador humanitario alemán de la ONG Help, y el sacerdote italiano Pier Luigi Maccalli, de quien se publicó una prueba de vida el pasado mes de abril. Se cree que ambos podrían haber sido trasladados al norte de Malí, al igual que ocurrió con la canadiense Edith Blais y el italiano Luca Tachetto, secuestrados no muy lejos, pero en territorio de Burkina Faso, y liberados 15 meses más tarde en la ciudad maliense de Kidal.

El personal humanitario se enfrenta cada vez a más dificultades para trabajar en el área de las tres fronteras, entre Malí, Níger y Burkina Faso, golpeada por la inseguridad, y las autoridades recomiendan la utilización de escolta armada en el caso de expatriados. La mayor parte de las organizaciones opta desde hace años por trabajadores locales para las operaciones en terreno, pero ello no impide que puedan sufrir las acciones yihadistas. El Comité Internacional de la Cruz Roja o Médicos sin Fronteras han padecido numerosos incidentes así como robo de vehículos. Uno de ellos fue utilizado el 14 de mayo de 2019 en un ataque terrorista a la prisión de alta seguridad de Niamey, la capital nigerina.

El pasado mes de diciembre, cuatro trabajadores locales de la ONG Acción contra el Hambre fueron ejecutados en el noreste de Nigeria por el grupo terrorista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) después de haber sido secuestrados en julio de 2019 junto a otros dos cooperantes, uno asesinado en septiembre y el otro, la única mujer del grupo, que continúa en manos de los radicales.

Malí, Níger y Burkina Faso, en el llamado Sahel central, se enfrentan desde hace unos cinco años a un constante incremento de la violencia que solo en 2019 provocó 4.000 muertos y la huida de sus hogares de unas 3,1 millones de personas. Las regiones más afectadas son Mopti, Gao y Tombuctú en Malí; Tillaberi en Níger; y Sahel y Este en Burkina Faso, donde el conflicto yihadista ha derivado en choques intercomunitarios. En los últimos meses, la inseguridad se ha extendido al norte de Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil y también han aumentado los casos documentados de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos por parte de los Ejércitos, lo que retroalimenta la violencia y aumenta la cifra de desplazados.

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