Grupos yihadistas del Sahel extienden sus operaciones a otros cuatro países africanos

Las regiones norteñas y parques naturales de Togo, Benín, Ghana y Costa de Marfil se convierten en refugios y áreas de financiación de grupos terroristas

Un soldado togolés vigila en Yemboate, cerca de la frontera con Burkina Faso, el pasado 17 de febrero.
Un soldado togolés vigila en Yemboate, cerca de la frontera con Burkina Faso, el pasado 17 de febrero.PIUS UTOMI EKPEI (AFP)

Los grupos yihadistas que operan en el Sahel central, entre Malí, Níger y Burkina Faso, han abierto un nuevo frente que se consolida cada vez más en los países del golfo de Guinea. Togo, Benín, Ghana y Costa de Marfil han detectado en los últimos meses una creciente presencia de grupúsculos radicalizados conectados con Ansarul Islam (vinculado a Al Qaeda) o el Estado Islámico del Gran Sahara (relacionado con el Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés). Estas dos organizaciones son responsables del incremento de la violencia en Burkina Faso en los últimos cuatro años. Pero es más que eso. Las regiones norteñas de los países del litoral se han convertido en refugio, y también en fuentes de financiación y aprovisionamiento para el terrorismo saheliano.

El parque nacional de Comoé, en el norte de Costa de Marfil, es uno de los más extensos de África occidental. En él se pueden encontrar antílopes, panteras, leopardos, mandriles y cocodrilos al amparo de una densa vegetación. Y ha sido al noreste de este espacio protegido, hace unos días, cuando una operación militar conjunta entre los ejércitos de Burkina Faso y Costa de Marfil concluyó con la muerte de ocho presuntos terroristas, la detención de 38 sospechosos y la incautación de armamento diverso. El general Lassina Doumbia, jefe del Estado Mayor marfileño aseguraba a Radio Omega: “Esto es solo es el principio. Los terroristas han conseguido unirse”.

Al igual que el Comoé, numerosos parques naturales y reservas forestales recorren el norte de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín en su frontera con Burkina Faso. En los últimos dos años, estos espacios se han convertido en el nuevo frente de los grupos terroristas que operan en el Sahel. En febrero de 2019, el salesiano español Antonio César Fernández fue asesinado en la frontera entre Togo y Burkina; tres meses más tarde, dos turistas franceses fueron secuestrados y su guía resultó muerto en el parque nacional de Pendjari, en Benín. Muy cerca y conectadas entre sí, las reservas burkinesas de Arly; y de W, en Níger, se han convertido en santuarios yihadistas. “La amenaza terrorista es real y la presión, muy fuerte, la sentimos cada día un poco más”, afirmaba a finales de febrero a France Press el presidente togolés Faure Gnassingbé.

“Se está produciendo un contagio evidente, pero sutil”, asegura Lori-Anne Théroux-Benoni, directora del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS) en Dakar, “los países del litoral sirven ya como zona de tránsito, financiación y aprovisionamiento para los grupos armados que operan en el Sahel”. Según este centro de análisis, el oro extraído en minas controladas por los radicales en Burkina Faso se vende en Togo y Benín, la caza furtiva y el tráfico ilegal de marfil o de animales procedentes de los espacios naturales de estos países inyecta fondos a los yihadistas y las motocicletas utilizadas en los ataques en Malí o Burkina Faso proceden de Nigeria vía Benín. “Es una dimensión que debería requerir más atención”, asegura.

Dos de los factores que han propiciado la progresiva implantación de estos grupos armados al norte de los países del golfo de Guinea es la porosidad de las fronteras pero también la creciente presión que ejercen sobre ellos en Malí, Níger y Burkina Faso la operación francesa Barkhane, el G5 del Sahel y los ejércitos nacionales. “Se está produciendo un reclutamiento local que se apoya en tensiones inter e intracomunitarias, conflictos entre pastores y agricultores y un cierto déficit en materia de inversión por parte de esos países”, añade Theroux-Benoni.

Para contrarrestar la radicalización y la adhesión de la población local a los grupos armados, estos cuatro países más Burkina Faso lanzaron en septiembre de 2017 la Iniciativa de Accra, que pretende asimismo combatir la criminalidad transfronteriza que sirve de financiación a los terroristas. Poco después se sumaron como invitados Malí y Níger. La idea es compartir información, formar a los agentes de seguridad y llevar a cabo operaciones militares en el terreno. Sin embargo, también se pretende combatir las causas profundas de radicalización. Para ello, Benín cuenta con la Agencia de Desarrollo de los Espacios Transfonterizos o Togo con el Comité de Prevención del Extremismo Violento, que intenta atraer inversión y ayudas para la población más vulnerable de estas regiones.

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Los grupos terroristas del Sahel están en pleno proceso de reorganización interna, tratando de hacerse fuertes en nuevas zonas en las que se producen dinámicas de cooperación o de conflicto entre ellos. Al igual que ocurrió en el Sahel o en el norte de Mozambique, la penetración en Togo, Benín, Ghana y Costa de Marfil se lleva a cabo por etapas, primero con la llegada de predicadores o sectas radicales que se apoyan en los más desfavorecidos o excluidos para favorecer el reclutamiento y la complicidad local; luego con el desarrollo de actividades ilícitas que abran fuente de ingresos, y finalmente con la adhesión a una franquicia yihadista que les facilite logística y capacidad operativa para llevar a cabo acciones terroristas, ya sea secuestros o ataques a puestos militares, escuelas o centros de salud.

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Sobre la firma

José Naranjo

Colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son 'Los Invisibles de Kolda' (Península, 2009) y 'El río que desafía al desierto' (Azulia, 2019).

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