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La guerra invisible del Sahel: un 46% más de muertes en solo un año

La masacre de 160 civiles de la etnia peul en Malí es solo la punta del iceberg de un conflicto que ha provocado 4.776 muertos en cinco meses

Destrozos del ataque cometido el pasado sábado en el pueblo de Ogossagou, en el centro de Malí.
Destrozos del ataque cometido el pasado sábado en el pueblo de Ogossagou, en el centro de Malí. AP

Ocurrió al amanecer del sábado 23 de marzo. Unas 160 personas de la etnia peul, según el último balance, muchos de ellos ancianos, mujeres y niños, fueron asesinadas en el pueblo de Ogossagou, en el centro de Malí cerca de la frontera con Burkina Faso, durante un ataque protagonizado supuestamente por dozos, cazadores tradicionales de la etnia dogon. Tres días más tarde, seis civiles dogon fueron asesinados en dos ataques organizados como respuesta a la masacre. Esta espiral de violencia intercomunitaria no es sino la punta del iceberg de una guerra que apenas llama la atención del mundo cuando se produce un fogonazo pero que desangra al Sahel, especialmente a Malí, Níger y Burkina Faso.

Sólo en los últimos cinco meses fueron asesinadas 4.776 personas en esta región, según los datos del centro de investigación The Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), un 46% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, lo más preocupante es la creciente proporción de civiles entre esas muertes, nada menos que 2.151 personas, casi la mitad. El yihadismo sigue campando a sus anchas, pero no es el único factor que explica este pico de violencia, también la sequía, el hambre, la pobreza y el abandono de la población por parte del Estado juegan un papel clave, mientras la intervención militar, lejos de apagar el incendio, aviva las llamas del conflicto intercomunitario.

En 2013, Francia fue a la guerra. “Actuaremos contra todos los grupos armados que operan en la región”, dijo entonces el general Barrera, al mando de la Operación Serval —sustituida en julio de 2014 por la Operación Barkhane— diseñada para aplastar a los grupos yihadistas que habían convertido el norte de Malí en su santuario al sur de Europa. Sin embargo, seis años después, más de 3.000 soldados galos siguen atrapados en ese laberíntico avispero en que se ha convertido el Sahel y la paz parece más lejos ahora que entonces. Las fuerzas de la ONU permanecen acantonadas en sus hipervigilados cuarteles y sufren constantes bajas mientras el nuevo Ejército regional del G5 del Sahel no ha superado aún el grave ataque sufrido en su cuartel general de Sevaré (Malí) en junio de 2018 y arrastra serios problemas logísticos para su despliegue real.

De las muertes ocurridas entre 2012 y 2018, el 62% tuvieron lugar en Malí, cada vez menos en el norte y más hacia el centro del país, en el eje entre Segou y Gao, con el foco en la región de Mopti. Sin embargo, los últimos meses han vivido una auténtica explosión de la violencia en las áreas fronterizas de Burkina Faso y Níger, lo que confirma la continua expansión de la conflictividad. “Hay una tendencia al alza de la violencia intercomunitaria”, asegura José Luengo Cabrera, investigador especializado en el Sahel del International Crisis Group (ICG) que ha elaborado un reciente estudio a partir de los datos recabados por el ACLED.

“Antes, los conflictos entre los diferentes pueblos o entre pastores y agricultores se arreglaban de manera tradicional. Pero la ausencia del Estado en esas zonas, la competencia por los recursos cada vez más escasos ante fenómenos como la sequía, la discriminación de ciertas comunidades como los pastores peul en las políticas de desarrollo y la explotación de esos conflictos por los grupos yihadistas genera un aumento de la violencia mediante la aparición de grupos de autodefensa con base identitaria”, explica Luengo. La región de Tillaberi, en Níger, es un claro ejemplo de cómo la degradación de las tierras por el avance del desierto ha desatado las hostilidades entre comunidades.

En Malí, los cazadores dozo, armados y sostenidos por el Ejército, masacran a comunidades peul a las que acusan de complicidad con el yihadismo. Estas, por su parte, apelan a su derecho a la legítima defensa y, ante la inacción o incluso la citada complicidad del Estado, ven cómo muchos de sus jóvenes se enrolan en los grupos radicales movidos por el odio étnico. El deterioro de las condiciones de seguridad es palpable y tiene consecuencias directas. Sólo en las provincias de Soum, Yatenga y Loroum (Burkina Faso) hay más de 150.000 niños que ya no van a la escuela por el cierre de 1.135 escuelas, según reveló en febrero pasado el ministro de Educación Stanislas Ouaro. En el oeste de Níger, sobre todo en Tillaberi donde se ha declarado el estado de emergencia, más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares.

La enorme cantidad de armas en circulación fuera de todo control ha facilitado la emergencia de milicias y grupos paramilitares. Marginados por un Estado que no sólo les olvida sino que es percibido como corrupto, y acorralados por los agricultores que les impiden incluso a la fuerza usar sus tradicionales tierras de pasto, cientos de pastores nómadas del Sahel encuentran en los grupos yihadistas el sostén que otros no le otorgan. Como aseguran los profesores Tor Benjaminsen y Boubacar Ba, se unen a estos colectivos no por razones religiosas sino por “su discurso anti estatal, anti élites y pro pastoral” para tener un mejor acceso a la tierra y revertir la jerarquizada estructura de su sociedad en la que ocupan las posiciones inferiores.

La respuesta militar de la operación francesa Barkhane, del G5 del Sahel, los ejércitos nacionales y las milicias se mueve con dificultad en una maraña de límites difusos entre civiles armados para su propia protección, guerrilleros, yihadistas y rebeldes. Todos los actores bélicos han sido acusados de abusos y asesinatos indiscriminados que suelen tener a los miembros de la etnia peul como víctimas. El pasado mes de enero, soldados galos mataron a veinte supuestos terroristas en el bosque de Serma, en el centro de Malí. Sin embargo, a juicio de ciertos investigadores, se trataba sólo de un grupo de autodefensa surgido por la ausencia de seguridad ante los abusos de las milicias.

Yihadistas resilientes

Los islamistas radicales, perseguidos hasta sus últimos refugios en 2013, han mostrado una enorme resiliencia. Tras ser expulsados de las principales ciudades del norte de Malí y sufrir cientos de bajas hoy están más operativos que nunca. El viejo Iyad Ag Ghali, rebelde tuareg radicalizado en Arabia Saudí, lidera la confluencia terrorista denominada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, conocido como GNIM, que cuenta con tres aliados muy activos: la llamada katiba Macina en el centro de Malí encabezada por el escurridizo predicador Amadou Kouffa, dado por muerto el año pasado pero que acaba de reaparecer en un vídeo, Ansarul Islam, un grupo surgido en Burkina Faso de la mano del joven Ibrahim Malam Dicko, y el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) capitaneado por Abou Walid al Sahraoui.

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