Carme Trilla urge al alcalde Collboni a “desencallar” el 30% para generar vivienda asequible en Barcelona

La experta en vivienda Carme Trilla, con una dilatada carrera dedicada al sector (ha trabajado para la administración, los promotores y el sector social), ha emplazado este lunes al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni a “desencallar” el 30% para generar vivienda asequible en la ciudad. Hace más de un año que Trilla entregó al Gobierno de la ciudad un informe con recomendaciones para flexibilizar una norma urbanística que desde 2018 obliga a los promotores a destinar uno de cada tres pisos que construyen a vivienda social, pero que ha generado una cifra muy exigua de nuevos pisos asequibles (28 entre acabados y en obras). “Hace más de un año que lo entregué”. Tal cual, visiblemente molesta, ha apremiado Trilla al PSC durante la comisión de estudio sobre los problemas de la vivienda del Ayuntamiento. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha apelado “al consenso para que el 30% pase del papel a la calle con un debate sereno”, pero no ha hablado de calendario.

Los resultados de la norma son modestos porque una moratoria retrasó su aplicación y porque los promotores le han dado la espalda y se han marchado a otros municipios a construir vivienda. De ahí surge la idea de flexibilizarla, que apoyan PSC, ERC y Junts; y horroriza a los comunes, artífices del 30% de la mano de las entidades vecinales y por la vivienda de la ciudad, que defienden que, a la larga, el sector privado no tendría más remedio que pasar por el aro del 30%, que rechazan porque obliga a que la vivienda protegida y libre convivan en un mismo edificio. Pero pese a ser una promesa electoral, y anunciar su reforma casi desde su llegada al Gobierno de la ciudad en 2023, Collboni no ha visto el momento político favorable para impulsarla. Ahora, tras el anuncio de que da carpeta al presupuesto e 2025 y prorroga el de 2024, haya llegado probablemente el momento.

“No es un capricho de mentes izquierdosas”

“Llamo a desencallar el tema, pido a los grupos, sector público y privado, que se pongan de acuerdo para comenzar a generar vivienda asequible en la ciudad, ninguna de las fórmulas es la solución al problema, pero todas contribuyen”, ha manifestado Trilla. La hoy presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda ha defendido “desbloquear la modificación del 30% para que tenga viabilidad” y ha asegurado “que no es un capricho de mentes izquierdosas que deciden regular el mercado, sino que sale del debate de que el sector privado dejó de hacer vivienda asequible desde los años 90 del siglo pasado y más allá de las reservas para vivienda protegida en nuevos barrios no había reservas en la ciudad construida, donde solo con suelo público no será suficiente para atener la demanda de vivienda asequible”. La propuesta de Trilla, asumida en buena parte por el actual Gobierno, apuesta por permitir que los promotores puedan trasladar los pisos del 30% concentrándolos en solares (a lo sumo, de barrios contiguos). Y eximir del 30% la rehabilitación de edificios, a no ser que se creen más viviendas o se gane en edificabilidad.

Justo el hecho de que la rehabilitación quede fuera de la obligación del 30% es una de las principales críticas que hace el Instituto de Investigación Urbana IDRA, representado en la comisión por Jaime Palomera, que ha recordado que el mercado inmobiliario “sí está intervenido desde 2012, con medidas como las bonificaciones a las sociedades de inversión, las SOCIMIs”. Palomera ha cuantificado los edificios de propiedad vertical del Eixample en casi 4.000 y ha vaticinado que “mientras el 30% actúa como dique de contención de operaciones de inversión no razonables, porque reducen los beneficios, si se retira la obligación aumentarán las plusvalías y aumentará el riesgo potencial de expulsar vecinos”. IDRA presentó recientemente un informe que asegura que si el 30% se mantiene, a largo plazo la ciudad podría incorporar 18.800 nuevas viviendas protegidas. “Medidas como esta necesitan tiempo”, ha advertido.

Entre los comparecientes también han intervenido el presidente de la patronal de los promotores, APCE, Xavier Vilajoana, que ha cargado contra el 30% y ha recordado que el sector ya tiene reservas para VPO en los nuevos barrios, “de hasta el 40%, unas cargas con las que se pagan parques, túneles e infraestructuras”. “No somos una ONG”, ha dicho sobre los costes de construir, buscar financiación y pagar sueldos y material: “Pido que se deje de llamar especuladores a los promotores: especular es comprar y, sin hacer nada, vender más caro en el futuro”.

En el turno de palabra de los grupos municipales, Janet Sanz ha defendido su legado en vivienda tras ocho años con los comunes en el Gobierno de la ciudad y ha rechazado de plano suavizar el 30%: “Para que queremos el 30% ¿para hacer la vida fácil a los promotores o para garantizar el derecho a la vivienda a los vecinos? ¿Cómo que hay que hacer fácil la vida a los promotores? Lo que tienen que hacer es cumplir”, ha considerado y ha recordado estudios que aseguran que la norma ha provocado una caída del precio del suelo. En su turno final, Trilla ha llamado a los comunes a aceptar sus propuestas de modificación y “huir de posiciones maximalistas”.

Desde Junts, grupo candidato a apoyar la flexibilización, el concejal Damià Calvet, ha rechazado una norma que “ha puesto patas arriba” el mercado y ha lamentado que “pese a las evidencias, todavía quien hay partidos que defienden la norma con vehemencia”. “Su defensa es uno de los motivos por los que no hay presupuestos en la ciudad”, ha apostillado en referencia a las condiciones que los comunes ponían para apoyar las cuentas de Collboni.