Seis años de la norma del 30% de vivienda social en Barcelona: 26 pisos y licencia para otros 80

La normativa urbanística que desde 2018 obliga a los promotores a destinar el 30% de los pisos de cada edificio que levantan en la ciudad consolidada a vivienda pública se ha saldado por ahora con solo 26 unidades terminadas o en obras, según cifras del servicio de licencias del Ayuntamiento de Barcelona. En seis años, el consistorio ha concedido licencias que aportarán otros 80 pisos públicos y hay licencias en trámite para 50 más. Es el balance del resultado del 30% entre 2019 y 2024, unas cifras muy modestas si se comparan con los resultados que el gobierno de la ex alcaldesa Ada Colau esperaba obtener cuando impulsó y consiguió apoyo para aprobar la norma urbanística en 2018. El potencial estimado entonces era de 330 pisos de protección al año. Los concejales de Barcelona en comú suelen recordar que, en vísperas de la aprobación de la modificación urbanística, el sector tramitó licencias de forma masiva para esquivar el 30%. Unos edificios que, con la norma en vigor, hubieran aportado varios 300 pisos públicos.

Sobre la última década, las cifras del servicio de licencias del consistorio señalan una curva ascendente en las concedidas para viviendas nuevas en la ciudad desde 2013 hasta 2018, con una media de 1.200 pisos al año. La línea se dispara en 2017 (el año antes de la aprobación del 30%, cuando los promotores tramitaron decenas de proyectos), hasta permisos para casi 3.000 pisos. Entre 2018 y 2021 (un periodo en el que se produjo la pandemia), se desploman y desde 2021 los permisos anuales para vivienda de obra nueva no llegan ni a 70 pisos al año. Además, en el caso del Eixample, mientras la curva de licencias para vivienda se desploma, se dispara la superficie autorizada para construir o rehabilitar edificios de oficinas.

Los datos municipales muestran la misma dinámica que apuntaba hace una semana el Colegio de Arquitectos: que de todos los proyectos visados en 2024, solo tres edificios están obligados a cumplir con el 30% y suman solo 12 futuras viviendas de protección. Los arquitectos subrayaron también que la norma de Barcelona ha provocado una espantada de proyectos y que, mientras en la capital catalana cae la cifra de edificios de obra nueva, en el resto de Cataluña la construcción residencial cerró en 2024 el mejor año en una década, con casi 17.500 viviendas visadas.

El actual alcalde, Jaume Collboni (PSC) tiene la intención de flexibilizar la norma de 2018 con la idea de que la ciudad pueda ganar más vivienda pública construida por el sector privado. Lo anunció en campaña electoral, encargó un estudio a un grupo de expertos capitaneados por Carme Trilla cuando ya era alcalde, y en verano pasado apuntó su receta para que el 30% “funcione”. Pero tiene pendiente presentar el detalle y buscar aliados para materializar las modificaciones. Junts y ERC son los grupos en los que puede encontrar alianzas. En cambio, Barcelona en comú exigía a Collboni que se comprometiera por escrito a no tocar la norma del 30% como una de las condiciones para apoyar su presupuesto para 2025, que finalmente aparcaron los socialistas. Los comunes citan un estudio del instituto de investigación IDRA que asegura que, en las próximas décadas, Barcelona dejaría de crear 18.800 viviendas protegidas si flexibiliza la reserva del 30%.

Tal y como apuntó en junio el actual ejecutivo, la reforma que planea pasará por permitir agrupar las reservas pisos protegidos en un solo edificio (en el mismo barrio) y no imponer que en una misma escalera convivan viviendas de precio de mercado y asequible. También indulta del 30% a las rehabilitaciones (únicamente deberán cumplir la reserva si solo se preserva la fachada de un edificio y el resto se hace nuevo). Y abre la posibilidad de que un “operador sin ánimo de lucro” sea quien construya los pisos sociales.

Hace un año, este diario comprobó, promoción a promoción, el estado de cada proyecto autorizado que debía cumplir con el 30%. Ocho pisos sociales estaban acabados. Otros 26 en obras. Y 27 pisos más en seis licencias concedidas, pero en solares donde las obras no habían comenzado. Además, había previstos tres pisos más en una licencia a la que el promotor ha renunciado.

Según los datos de las licencias hasta 2024, los pisos del 30% en obras o acabados se concentran en los distritos de Sant Martí (nueve pisos del 30%), Sant Andreu (ocho pisos), Horta-Guinardó (seis) y el Eixample (tres). Las licencias concedidas, pero en un estadio anterior de ejecución, están repartidas a razón de 36 pisos protegidos en cada distrito, en los de Ciutat Vella, el Eixample y Sants Montjuïc. También hay bastantes licencias en trámite en Horta-Guinardó (31 pisos), Gràcia (seis pisos) y Sant Martí (44). El distrito de Les Corts es el único donde no se han solicitado licencias para obra nueva residencial afectada por el 30%.