Balance de la norma que obliga a los promotores a hacer un 30% de vivienda pública en Barcelona: ocho pisos en cinco años

Ocho pisos sociales acabados en cinco años. Otros 26 en obras. Y 27 pisos más en seis licencias concedidas, pero en solares donde las obras no han ni comenzado. Además, había previstos tres pisos más en una licencia a la que el promotor ha renunciado. Es el balance de la aplicación de la norma urbanística que desde 2019 obliga a los promotores de Barcelona a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda asequible en los edificios o rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados. En total, son 14 proyectos con licencias concedidas entre 2019 y 2023 que en el futuro sumarían 64 pisos sociales, según una respuesta obtenida por este diario por transparencia.

El cambio normativo del 30% fue uno de los proyectos estrella del primer mandato de la exalcaldesa Ada Colau. Lo impulsaron los colectivos que defienden el derecho a la vivienda, de los que la edil había formado parte como activista. Exigieron exprimir la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, que contempla esta reserva de vivienda pública en suelo urbano consolidado, con la idea de que haya en todos los barrios, y el ejecutivo de los comunes la trasladó a la ciudad. El conocido popularmente como 30% fue aprobado con los votos de los comunes, PSC, ERC y dos concejales no adscritos. El actual alcalde, el socialista Jaume Collboni, se propone flexibilizar una norma que entiende que no funciona, como coinciden desde la patronal de los constructores hasta el Colegio de Arquitectos. Para ello ha fichado a un equipo de expertos capitaneados por Carme Trilla.

Mientras, los comunes y las entidades del grupo promotor claman para que no se de marcha atrás. Entidades como la PAH, la FAVB o el Sindicato de Inquilinos recuerdan que, en 2018, durante los dos meses que transcurrieron entre la aprobación en el Ayuntamiento y su ratificación por parte de la Generalitat, no hubo moratoria de licencias y se tramitaron 500 obras esquivando el 30% de la norma, que hubieran permitido sumar 300 pisos sociales. Luego no entró en vigor durante dos años y a continuación llegó la pandemia que lo paró todo. El grupo promotor entiende que “la medida justo comienza a funcionar ahora al 100%” y considera que “no es casual que las críticas surjan ahora”. Además, critican que ninguna de las entidades que la impulsó haya sido llamada a formar parte del grupo de expertos.

Mientras, desde 2018 el baile de cifras sobre los resultados de la nueva norma urbanística ha sido constante y poco concreto. La patronal de los promotores APCE, que mantiene que las normativas inmobiliarias de Colau espantan a los promotores, habló de licencias para 52 pisos, y el gobierno de Colau aseguraba que había licencias para un centenar de viviendas sociales. En una respuesta obtenida por este diario por transparencia, el servicio de licencias informa de que son 14 edificios que sumarían 64 pisos sociales. Pero, comprobados uno por uno, ubicación a ubicación, el resultado es que solo hay dos acabados.

Dos edificios terminados

Uno fue una rehabilitación en la calle de Consell de Cent, en plena Superilla. El departamento de licencias sitúa allí tres pisos sociales, pero es una incógnita saber cuál ha sido su destino. Los datos consultados en el catastro y sobre la certificación energética cuantifican en 11 el total de pisos de la finca; y la información sobre cédulas de habitabilidad indica que ocho pisos la tienen y otros tres, no. En el portal, hay ocho timbres, y la finca se anuncia con pisos de alquiler de temporada (enteros o compartidos) gestionados por la empresa Cotown. Preguntada la compañía, responde que no gestiona todo el edificio, sin detallar cuántos alquila.

El segundo edificio afectado por el 30% terminado está en la calle de Dega Bahí (Clot-Camp de l’Arpa). Son pisos de propiedad de la promotora I-Now y sus vecinos los han estrenado en las últimas semanas. Los cinco de protección saldrán a la venta, para inscritos en el registro de solicitantes de vivienda pública, de forma inminente y con la supervisión de la Agencia de Vivienda de la Generalitat, explican fuentes de la promotora. Las mismas fuentes aseguran que el Ayuntamiento se interesó inicialmente por comprarlos, para poderlos incorporar al parque de alquiler, pero finalmente lo rechazó. El mismo promotor, I-Now, tiene otros tres proyectos con licencia que obliga a hacer un 30% de vivienda pública: en los barrios de Sant Andreu, Guinardó y Badal, en solares donde todavía hay edificios en pie. “El proceso no es rentable”, asegura una voz de la compañía, que ya anuncia los pisos de precio libre de las futuras promociones en su web por precios que oscilan entre 296.000 y 968.000 euros.

El Ayuntamiento sí compró ocho pisos por dos millones de euros en otro de los edificios que hay en marcha, en la calle Puerto Príncipe del barrio del Congrés-Indians. Los destinará a alquiler social y lo anunció a bombo y platillo en octubre de 2022. Se encuentran en un edificio que está rehabilitando la empresa Aleca, que no ha querido hacer ningún comentario sobre el proyecto, donde los pisos cuestan a partir de 437.000 euros, indica su web. Los otros cuatro edificios con pisos del 30% en obras están en ubicaciones muy dispares. Cerca de la Meridiana, en las calles de Murcia y Sant Antoni Maria Claret; en Horta, en un edificio del paseo Universal que tendrá zona comunitaria y piscina; y en pleno centro, en la calle de Pelai.

Las licencias que tienen pisos del 30% se completan con proyectos repartidos por la ciudad que todavía no han comenzado. Un solar en la calle de Sant Adrià (Bon Pastor); una casa con jardín todavía en pie en la calle de Oriol (pegado a la Via Favència, en Nou Barris); un grupo de casitas en la calle de Villar donde todavía hay vecinos (en el Guinardó); o un antiguo taller mecánico en el pasaje de Badal (Sants-Montjuïc). En el listado también figuran dos edificios que en realidad serán completamente de protección oficial: el edificio del Gimnàs Sant Pau, en la Ronda de Sant Pau (comprado por una empresa, vendido al Ayuntamiento y que gestionará Habitat 3) y una finca histórica de la calle de Rossend Arús (Sants) cedida a una cooperativa para hacer vivienda con protección oficial en régimen de cesión de uso (de forma que el Ayuntamiento conserva la propiedad del suelo).

El último proyecto que en su día obtuvo licencia para hacer viviendas con reserva del 30% está en la calle de Santa Rosalia del barrio de La Teixonera (Horta-Guinardó). Pertenece a la promotora Lecemsol, que hace dos años explicaba que querían construir los pisos con doble entrada (porque el solar da a dos calles), pero ahora informan de que renunciaron a la licencia (perdiendo 30.000 euros) porque no les salía a cuenta.

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