Jaume Collboni ficha a Carme Trilla para flexibilizar la medida del 30% de pisos sociales de Ada Colau

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fichado a la veterana experta en vivienda Carme Trilla para dirigir al grupo de técnicos que elaborarán una propuesta para flexibilizar la exigencia de que los promotores destinen el 30% de los pisos que construyan a vivienda social. Una normativa que aprobó la ex alcaldesa Ada Colau a finales de 2018 y que ha dado pingües resultados hasta la fecha. Por dos razones. Una, que los promotores de la ciudad entraron solicitudes equivalentes 40 edificios que deberían aportar el 30% de pisos sociales antes de que la norma estuviera aprobada. Lo hicieron para esquivarla, lo que hizo perder casi 300 pisos sociales que se tendrían que haber construido de estar vigente. Y la segunda, que, ya aprobada la norma, algunos empresarios de la ciudad han desistido de construir en solares: han optado por dejar parados, aseguran que no les sale a cuenta.

Por su trayectoria, Trilla es una figura de prestigio en el sector inmobiliario, tanto público como privado: ha trabajado para bancos, la patronal de los promotores, la Generalitat, universidades y fundaciones del tercer sector. Durante el gobierno tripartito de izquierdas fue Directora General y Secretaria de Vivienda del Govern que redactó la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada en 2007. Un texto impulsado desde una consejería capitaneada entonces por Iniciativa per Catalunya, que se avanzó a los problemas actuales, pero no ha sido desplegada en su totalidad. Fueron las entidades de vivienda quienes exigieron en 2918 a Colau exprimirla y que Barcelona impusiera destinar el 30% de vivienda pública a los promotores privados en suelo consolidado (esto es, la ciudad ya construida, no los barrios de nueva construcción, donde ya se prevén reservas). Aquella ley también contempla la expropiación del uso de viviendas vacías, entre otras cuestiones novedosas que Colau también aplicó. Trilla, además, fue nombrada en 2017 directora del Observatorio Metropolitano de la Vivienda que impulsaron los comunes desde el Ayuntamiento y el Área Metropolitana, y también la Generalitat.

Collboni apoyó en su día el 30% que impulsó Colau, pero insiste en que “no funciona”. “Cuando haces política pública que no funciona, porque solo ha generado 52 pisos, hemos de mirar por qué, porque queremos que sea eficaz y por ahora los promotores han parado la construcción”, afirmaba el alcalde hace unos días en TV-3. Entre las recetas que tiene el Ayuntamiento sobre la mesa figura que los promotores paguen al consistorio el valor del 30% de pisos sociales para que se construyan en otro punto de la ciudad, que los puedan concentrar en un solo edificio o no tener que aplicar la reserva en las grandes rehabilitaciones. Todas ellas, fórmulas que los comunes rechazan, porque entienden que desvirtúan el espíritu del 30%: que es salpicar de vivienda social cualquier barrio.

El alcalde defiende el fichaje de Trilla, que no recibirá remuneración: “Le he pedido a una persona experta como es Carme Trilla que con el grupo de expertos que coordina haga una propuesta a los grupos para poder llegar al acuerdo más amplio posible para modificar el 30% que funcione”. Collboni contará muy probablemente con los votos de Junts en la reforma de la norma urbanística. La semana pasada, en la comisión de Urbanismo, PSC y el grupo que lidera Xavier Trias apoyaron una proposición para realizar los ajustes.

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